Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Con fecha 12 de marzo de 2015 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al que se acompaña, junto al testimonio del procedimiento ordinario núm. 114-2011, el Auto de 2 de febrero de 2015, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 23.1 a) y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, en relación con sus arts. 12 y 25, por la posible vulneración de los arts. 14 y 33.3 CE.

2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) Una persona física, propietaria de una finca afectada por el proyecto de expropiación derivado del “proyecto de singular interés Parque Industrial y Tecnológico de Illescas”, recurre en vía contencioso-administrativa la resolución del Jurado regional de valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que fijó el justiprecio de la finca, que se encontraban en situación de rústica.

b) Una vez concluso el procedimiento, y antes de dictar sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó providencia de 15 de diciembre de 2014, por la que, al amparo de lo previsto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por el plazo común de diez días acerca de la posible inconstitucionalidad respecto a los arts. 23.1 a) y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 en relación con sus arts. 12 y 25, por la posible vulneración de los arts. 14 y 33.3 CE. En la citada providencia se pone de manifiesto que la valoración debe realizarse aplicando uno de los dos siguientes criterios de valoración: (i) si se considerase que los interesados no han adquirido la facultad de urbanizar tendrían que ser valorados por capitalización de rentas y no por comparación, lo que impide llegar al valor real de los terrenos a la vista de su situación en un entorno urbano y su real interés en un mercado ajeno al agrícola; (ii) si se considerase que los suelos son urbanizables delimitados, ni la aplicación del método de capitalización de rentas ni la indemnización contemplada en el art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008 permitiría llegar al valor real del bien. Fuera cual fuera la opción seguida, ello podría vulnerar los arts. 14 y 33.3 CE en cuanto se permite al resto de los propietarios realizar su valor real.

c) El Ministerio Fiscal consideró pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Razonó que concurrían los requisitos procesales y, en cuanto al fondo, sostuvo “que el sistema de valoración previsto en la Ley no sea absurdo o manifiestamente irrazonable no supone —al menos, no necesariamente— que el mismo garantice efectivamente el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados cualquiera que sea éste, pues no es difícil imaginar supuestos (entre los que cabría incluir el sometido al conocimiento de la Sala) en que la aplicación de los criterios legales podría conducir a decisiones que violentasen el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su indemnización, con el consiguiente menoscabo de la garantía consagrada en el artículo 33.3 CE. De ahí que esta representación entienda que … prima facie, sus previsiones [de los preceptos cuestionados] son susceptibles de hacer ineficaz la garantía de la propiedad privada frente al poder expropiatorio de los poderes públicos, habida cuenta de que, siquiera en apariencia, no aseguran en todo caso una justa compensación económica a quienes, por razones de utilidad pública o interés social, se ven privados de sus bienes o derechos de contenido patrimonial”. No llega a la misma conclusión en el caso del art. 14 CE pues es claro, en su opinión, que la situación del propietario que va a ser expropiado no es la de quien puede vender el suelo en el mercado.

El Letrado de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se opuso al planteamiento de la cuestión por lo que hace a los arts. 23.1 y 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, con el argumento de que la STC 141/2014 los había declarado constitucionales.

La representación del actor consideró pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

d) La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto de 2 de febrero de 2015, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 23.1 a) y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 en relación con sus arts. 12 y 25, por la posible vulneración de los arts. 14 y 33.3 CE.

3. El Auto de planteamiento, luego de referirse a los antecedentes de hecho del caso y de transcribir los preceptos cuestionados, aborda los requisitos de procedibilidad. Expone que se ha dado traslado a las partes de la cuestión una vez conclusas las actuaciones y, respecto del juicio de relevancia, dice que “los preceptos cuestionados son directamente aplicables al caso pues establecen las normas imperativas de valoración del suelo en una expropiación, que es de lo que precisamente versa la causa. De no ser estas normas constitucionales, … entonces recobraría su vigencia el régimen valorativo anterior (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones), que establecía unos métodos de valoración diferentes que, a juicio de la Sala, provocarían un resultado valorativo también muy distinto a favor del expropiado … Así, Jurado Regional de Valoraciones tasó los bienes haciendo aplicación del art. 23 en sus apartados 1.a y 2, en relación con el art. 12, y estas son las normas que la Sala, por las razones que se dirán, reputa inconstitucionales. Por otro lado, los interesados afirman que debe hacerse aplicación también del art. 25 porque consideran que cuando se produjo la expropiación habían adquirido el derecho a urbanizar (ya sea sobre la base de Planes que se hallaban en tramitación antes de la aprobación del Proyecto de Singular Interés que motivó la expropiación, ya sobre la base del propio PSI que calificó el suelo de urbanizable a la fecha a tomar en cuenta para la valoración, y que la Administración afirma no atribuyó ningún derecho a los propietarios al preverse su ejecución por gestión directa). Pues bien, aun en el caso de que se hiciera aplicación del art. 25, tampoco por esta vía es posible, como se verá, hallar un valor ni próximo al real de mercado del bien, razón por la cual también el juicio de relevancia es positivo respecto de este último precepto”.

Respecto de la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, destaca acerca del art. 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008 que la idea esencial de la STC 141/2014 es la de que no hay tacha posible de inconstitucionalidad en el hecho de que la Ley pueda establecer como sistema de valoración del suelo el de capitalización de rentas, pero la propia norma reconoce que, en ocasiones, ese criterio general puede no llegar a reflejar correctamente el valor del bien, de modo que el artículo 23.1 prevé una corrección de la valoración del suelo, pero en esa corrección establece un límite máximo del doble del valor hallado por capitalización, limite que la STC 141/2014 considera inconstitucional por carecer de base razonable. En el presente caso el órgano judicial considera que, lejos del planteamiento abstracto, concurren circunstancias que permiten apreciar la inconstitucionalidad de la Ley en su aplicación concreta. Así, indica que el Jurado regional de valoraciones valoró el suelo haciendo aplicación del art. 23.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 y luego aplicó el art. 23.2, criterios aplicables a la valoración de suelo rustico. Para la sala era inapropiado utilizar tales criterios por cuanto se trataba, según consta en los autos, de “una bolsa de suelo rústico rodeada de suelo urbanizado industrial y residencial”, cuyo valor, en la memoria del proyecto singular, se estimaba en 25 E/m2. El art. 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008 “impide tomar en consideración estas circunstancias al establecer un método de pura capitalización de rentas, impidiendo cualquier comparación y estableciendo un incremento por proximidad fundado en meras circunstancias agropecuarias que impide que se alcance el valor real que deriva de la proximidad del suelo a entornos urbanos”.

En relación al art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 expone que incluye en la misma situación básica de rural, a los efectos de valoraciones, realidades sustancialmente distintas como son el suelo clasificado como suelo no urbanizable alejado de la ciudad o de centros productivos, el clasificado de la misma forma pero situado en zona de crecimiento de la ciudad, el suelo clasificado como urbanizable programado que se expropia antes de que se haya iniciado la urbanización, e incluso el urbano que, por faltarle determinados servicios, no alcance la categoría valorativa de “suelo urbanizado” y siga en la de “suelo rural”. Y concluye que “la igualación de todas las anteriores situaciones bajo una misma categoría implica el reconocimiento, en determinados casos, de un complemento indemnizatorio que deriva del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, complemento que no es suficiente atendiendo a las circunstancias del caso”.

Afirma que “los demandantes defienden que a la fecha en que hay que valorar el suelo debe considerarse que habían adquirido facultades urbanísticas sobre el mismo, bien a consecuencia de los planes que venían tramitándose, bien por el propio PSI que clasifica el suelo como urbanizable. Como consecuencia de ello, plantean la aplicación del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, que desde luego no fue aplicado por la Administración, pues ésta niega que se hubiera adquirido facultad urbanística alguna que haya que indemnizar. Pues bien, debemos señalar, como complemento a lo expresado en los anteriores fundamentos, que a juicio de la Sala tampoco la aplicación combinada del art. 23 con el art. 25, en los casos que previene este último precepto, depara un resultado satisfactorio para valorar el suelo, lo que pone de manifiesto la inadecuación de tales preceptos desde el punto de vista del arto 33.3 CE y el 14 CE”. Y sobre la constitucionalidad del régimen previsto en el artículo 25 argumenta que “el propietario de suelo urbanizable que no sea expropiado puede, previa realización de las cesiones obligatorias y ejecución de la urbanización correspondiente, con el consiguiente coste, hacerse con un suelo urbanizable que adquiere el correspondiente valor en el mercado. Sin ir más lejos, en el caso de autos consta por ejemplo, aportado por el demandante, el convenio entre la beneficiaria de la expropiación, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha SA, y AERNOVA COMPOSITES SAU, de 8 de enero de 2009, en el que se prevé la enajenación del suelo urbanizado a razón de 195 €/m2. Se han observado precios en otros autos de hasta 215 €/m2. Así pues, suelo valorado en octubre de 2008 a 2,0381 €/m2 se enajena tres meses después, una vez urbanizado, a 195 €/m2 y más. Es decir, el propietario no expropiado hace suyo el valor íntegro del suelo urbanizado menos la cesión a la comunidad de entre el 5 y el 15 por 100. Sin embargo, el expropiado hace suyo, como en una imagen especular, sólo ese porcentaje de valor de entre el 5 y el 15 por 100 …. Ahora bien, a nuestro juicio el propietario tiene derecho a percibir o bien lo que valga un suelo en las mismas circunstancias que el suyo (comparación directa entre suelos urbanizables programados pero aún no urbanizados), o bien el 100 por 100 (no el 5 ni el 15 por 100) de la diferencia de valor entre un suelo y el otro, sin perjuicio de, naturalmente, descontar los costes y gastos de urbanización”.

4. Por providencia de 18 de noviembre de 2015, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, y a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, alegase lo que considerase conveniente “en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) y por si hubiera devenido notoriamente infundada (STC 218/2015, de 22 de octubre)”.

5. La Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 22 de diciembre de 2015, en el que desarrolla tres alegaciones distintas, partiendo en gran medida de las SSTC 141/2014 y 218/2015, que a su juicio ya han resuelto las cuestiones que en este proceso se plantean.

Expone, en primer término, que “no se habría llevado a cabo un adecuado juicio de relevancia sobre lo que la Sala denomina otras circunstancias específicas, que no ha concretado, de las que devengan una inconstitucionalidad añadida del art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, conclusión a la que también debe alcanzar la supuesta inconstitucionalidad del art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, pues ningún razonamiento se aporta en el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que difiera de los que fueron expuestos en la cuestión de inconstitucionalidad que dio origen al pronunciamiento del Alto Tribunal que transcribe el órgano judicial en su resolución por la que promueve la presente cuestión de inconstitucionalidad”.

Afirma, en segundo lugar, que la presente cuestión de inconstitucionalidad debe ser resuelta en los términos que han sido declarados por la Sentencia de 30 de noviembre de 2015, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 6190/2014. Así, tal como se ha resuelto en tal Sentencia, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 por la STC 218/2015 supone “que se haya extinguido sobrevenidamente el objeto procesal en cuanto a este extremo”, alegación que extiende al art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 en la medida que la STC 141/2014 declaró inconstitucional el inciso “hasta el máximo del doble”.

Como tercera y última alegación, sostiene, con citas de la STC 218/2015 (por lo que hace al art. 33.3 CE) y de la STC 141/2014 (por lo que respecta al art. 14 CE), que los arts. 12, 23.2 y 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 no contradicen los arts. 14 y 33.3 CE, por lo que la cuestión suscitada es en este punto manifiestamente infundada.

1. La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respecto de los arts. 23.1 a) y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, en relación con sus arts. 12 y 25, por la posible vulneración de los arts. 14 y 33.3 CE.

La Sala considera que el art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 establece un método de valoración para el suelo en situación básica de rural ex art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 que impide llegar a una valoración que responda a su valor real, ya que no permite tener en cuenta los factores que inciden en su valor de mercado, y, en especial, las expectativas derivadas de la aprobación del planeamiento o clasificación del suelo como urbanizable delimitado (art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008). Es cierto, reconoce la Sala, que para este último tipo de suelo la ley contempla otra indemnización, la prevista en el art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, debida a la privación de la facultad de participar en la actuación urbanizadora. Si la suma de ambas indemnizaciones, las previstas en los arts. 25 y 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, correspondiera al valor real del suelo expropiado nada habría que objetar sobre la constitucionalidad del método de valoración previsto para este tipo de suelo. Pero, en opinión de la Sala, la indemnización resultante de estos dos conceptos no alcanza tal correspondencia, pues se limita a sumar a la estimación derivada de la capitalización de rentas un porcentaje, entre el 5 y el 15 por 100, a determinar por las Comunidades Autónomas, aplicado a la diferencia de valor que tendrían los suelos ya urbanizados y el que tienen en su situación inicial. De ello concluye la vulneración del art. 33.3 CE. En directa relación con lo señalado, aduce también la Sala discriminación entre quienes se ven privados de su propiedad y aquellos a quienes se permite continuar con ella y finalizar la transformación urbanística, trato desigual que vulneraría el art. 14 CE. Por último, la Sala se hace eco de la STC 141/2014, de 11 de septiembre, haciendo hincapié en que en ella nada se ha resuelto sobre el art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008 y, en consecuencia, sobre el sistema de valoración resultante de la conjunción de los arts. 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008.

La Fiscal General del Estado, en el trámite previsto en el art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alega sucesivamente (a) un deficiente juicio de relevancia por lo que hace a los arts. 23.1 a) y 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008; (b) la pérdida sobrevenida del objeto de la cuestión en cuanto 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 porque así se ha pronunciado el Tribunal en un supuesto idéntico en la STC 244/2015, de 30 de noviembre, criterio que extiende al art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 en la medida que la STC 141/2014 declaró inconstitucional y nulo el inciso “hasta el máximo del doble”; y (c), en fin, el carácter notoriamente infundado de la duda de constitucionalidad en relación a los arts. 12, 23.2 y 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008.

2. La derogación de esos preceptos por la disposición derogatoria única, apartado a), del nuevo texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (“BOE” de 31 de octubre), que entró en vigor “el mismo día de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’”, de acuerdo con su disposición final única, no afecta a la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, dada la aplicabilidad de los preceptos cuestionados, del Real Decreto Legislativo 2/2008, hoy derogado, en el proceso subyacente (así, por todas, STC 29/2015, de 19 de febrero, FJ 2, con cita de otras).

3. El art. 37.1 LOTC establece que este Tribunal puede rechazar, en trámite de admisión, mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales exigibles o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada.

4. La Fiscal General del Estado alega falta del adecuado juicio de relevancia sobre lo que la Sala denomina otras circunstancias específicas, de las que deriva una inconstitucionalidad del art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 añadida a la ya declarada en la STC 141/2014, déficit en el juicio de relevancia que invoca también respecto de la supuesta inconstitucionalidad del art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, pues, a su juicio, ningún razonamiento se aporta en el auto de planteamiento que difiera de los que fueron expuestos en la cuestión de inconstitucionalidad que dio origen a la STC 141/2014.

Aprecia este Tribunal, por el contrario, que el Auto de planteamiento afirma expresamente que la STC 141/2014 excluye de su pronunciamiento toda consideración del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008 y, por tanto, del sistema valorativo de conjunto que resulta de la combinación de los arts. 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, cuestión ésta que, según razona, adquiere especial relevancia dadas las circunstancias específicas de este caso, donde la expropiación afecta a suelo que está en situación básica de rústico (art. 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008), pero respecto del que el propietario ha adquirido ya la facultad de participar en la urbanización (art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008). Por todo ello, procede rechazar este primer óbice de procedibilidad.

5. El art. 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 ha sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 218/2015, de 22 de octubre. El art. 164 CE, y también el art. 38 LOTC, disponen que las Sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de una ley tienen efectos contra todos desde que se publiquen en el “BOE”. Dicha STC 218/2015 se publicó en el “BOE” de 27 de noviembre de 2015, por lo que a partir de ese momento el art. 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 no puede regir la resolución de ningún litigio, ni siquiera de aquellos que estén pendientes de sentencia.

Como consecuencia procede acordar, la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad en lo que hace al art. 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 por pérdida sobrevenida de objeto. No cabe hacer lo propio respecto al art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, a pesar de que fuera declarada la inconstitucionalidad y nulidad de su inciso “hasta el máximo del doble” por la STC 141/2014, puesto que la duda de constitucionalidad que suscita el auto de planteamiento respecto de este precepto sigue vigente incluso haciendo abstracción de dicho inciso.

6. Dejando a un lado, en virtud de las razones expuestas, el art. 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, el objeto de este proceso sobre el que este Tribunal debe pronunciarse se ciñe a los arts. 12, 23.1 a), 23.2 y resto del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008. Pues bien, la referida STC 218/2015, de 22 de octubre, se pronunció sobre la constitucionalidad de estos preceptos en los siguientes términos:

a) “cuestión distinta es el art. 25.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008 …., que la Sala descarta implícitamente sea el que concurre en el supuesto que ha dado origen a esta cuestión, en el que el propietario del suelo valorado ha sido privado por completo de su propiedad, a causa de la expropiación en favor de la beneficiaria. De ahí que el art. 25.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008 deba quedar al margen de nuestro pronunciamiento” (FJ 2).

b) “la definición del contenido de la propiedad y, en consecuencia, la valoración del suelo puede partir de la clasificación del mismo, pero esta no es la única opción para el legislador de acuerdo con el art. 33 CE, pues ello dependerá del contenido del derecho de propiedad que éste previamente haya delimitado” (FJ 3).

c) “por ello cabe afirmar, siguiendo la STC 141/2014, de 11 de septiembre. FJ 9 B), que la definición que realiza el art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de las situaciones en que se encuentra el suelo incluyendo en la situación de rural suelos con distinta clasificación urbanística, no es inconstitucional. No sólo porque tiene carácter meramente instrumental para la definición de los derechos y deberes de las distintas propiedades de suelo y aplicar, conforme a éstos, un determinado método de valoración, sino porque, además, la clasificación del suelo, con ser un método posible no es el único que respeta el art. 33 CE. Por las mismas razones, no es inconstitucional que el art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 establezca las condiciones para que nazca la facultad del propietario de participar en la actuación de urbanización y los requisitos que tienen que concurrir para que su privación sea indemnizada” (FJ 3).

d) “si ello es así, tampoco es inconstitucional el art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, que se limita a concretar la regla mencionada, descartando que se tengan en cuenta, en el método de capitalización de rentas, las que podrían derivar del destino de transformación urbanística que haya contemplado o pudiera apreciar en el futuro el planeamiento urbanístico o la ordenación territorial”.

e) “este Tribunal afirmó en la STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 9 B), y ha reiterado en la STC 43/2015, de 2 de marzo, FJ 5, en cuanto al método contemplado en el art. 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008, que ‘el método de capitalización de rentas modulado en atención a otros factores objetivos de localización es un sistema que incorpora valores acordes con la idea del valor real o económico del bien, que en abstracto puede ofrecer un proporcional equilibrio entre el daño sufrido y la indemnización. No obstante, la propia ley reconoce que, en determinadas ocasiones, este criterio puede no llegar a reflejar correctamente el valor real del bien y prueba de ello es que permite corregir al alza el valor obtenido en función de factores objetivos de localización del terreno. El establecimiento de un tope máximo para este factor de corrección, que no se halla justificado, puede por ello resultar inadecuado para obtener en estos casos una valoración del bien ajustada a su valor real e impedir la determinación de una indemnización acorde con la idea del proporcional equilibrio, razones por las cuales el inciso ‘hasta el máximo del doble’ ha de reputarse contrario al art. 33.3 CE’ … Así pues, una vez eliminado del ordenamiento el tope del doble con el que el legislador permite corregir el valor obtenido para los suelos que se encuentren en situación de básica de suelo rural por el método de capitalización de rentas reales o potenciales en función de factores objetivos de proximidad, que pueden redundar en el valor real que tiene el suelo de acuerdo con su destino rural, y sin tener en cuenta expectativas urbanísticas, el art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 no es inconstitucional” (FJ 4).

Las circunstancias que caracterizan la presente cuestión de inconstitucionalidad son sustancialmente iguales a las que connotaban la que fue resuelta por la STC 218/2015, de 22 de octubre. En ambas (a) la materia litigiosa es la valoración expropiatoria de parcelas en idéntica situación valorativa según el art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 que están afectadas por el “proyecto de singular interés Parque Industrial y Tecnológico de Illescas”, (b) los preceptos cuestionados son los arts. 23.1 a) y 2, 12 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008 y (c) las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas son los arts. 14 y 33.3 CE.

Estas identidades conllevan que los argumentos indicados, con los que la STC 218/2015 desestimó la cuestión allí planteada, sean plenamente trasladables a esta y, en consecuencia, determinen que esta cuestión de inconstitucionalidad, en cuanto a las dudas de constitucionalidad referidas a los preceptos legales impugnados no declarados nulos, deba ser inadmitida por ser notoriamente infundada.