Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Mediante escrito presentado el 14 de abril de 2026 en el registro general del Tribunal Constitucional, don Antonio López Navidad, representado por el procurador de los tribunales don Guzmán de la Villa de la Serna y asistido por el letrado don Jorge Rubio García, interpuso recurso de amparo, que fue registrado con el núm. 2807-2026, contra diversas resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso ordinario núm. 21-2023, en el que recayó sentencia de 17 de junio de 2024, por la que se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente contra una resolución dictada en alzada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confirma la decisión de archivar la diligencia informativa incoada como consecuencia de la denuncia presentada por el recurrente contra doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y otra magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El 15 de abril de 2026, la representación procesal del recurrente aportó a este tribunal determinada documentación a la que se refiere la demanda de amparo.

En su demanda de amparo el recurrente invoca la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la imparcialidad judicial y a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías (art. 24.2 CE), así como el derecho a no ser objeto de discriminación (art. 14 CE). Por otrosí interesa, de conformidad con el art. 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la abstención del presidente del Tribunal don Cándido Conde-Pumpido Tourón y de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, por entender que ambos se hallan incursos en la causa prevista en el art. 219.11 LOPJ (haber resuelto el pleito en anterior instancia), por los antecedentes de hecho referidos en la demanda de amparo.

En síntesis, por lo que se refiere a la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga se alude a su participación como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la decisión de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3125-2012 [auto dictado por esa Sala el 28 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:7012A)], interpuesto por el recurrente contra sentencia de suplicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en asunto sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo; al hecho de haber sido ponente del auto de 23 de enero de 2018 de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3739-2014 (ECLI:ES:TS:2018:1056A), interpuesto por el recurrente contra sentencia de suplicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en procedimiento sobre despido; a haber designado como ponentes a determinadas magistradas en las demandas de error judicial núm. 2-2019 y núm. 8-2020, presentadas por el recurrente; a tener amistad íntima con magistradas de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que han intervenido en los procedimientos aludidos; y a haber sido denunciada por el recurrente ante el Consejo General del Poder Judicial (la decisión de archivo de la diligencia informativa incoada a raíz de esa denuncia daría lugar al recurso contencioso-administrativo núm. 21-2023, inadmitido por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2024).

En cuanto al magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, se argumenta que fue ponente de un auto de fecha 11 de marzo de 2016, dictado por la Sala del art. 61 LOPJ, que dispuso la inadmisión de la demanda de declaración de error judicial [procedimiento núm. 9-2015 (ECLI:ES:TS:2016:2178A)] presentada por el recurrente respecto de la sentencia de 24 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 13-2013 (ECLI:ES:TS:2015:3458), que desestimó la demanda de error judicial formulada por aquel contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de mayo de 2012, dictada en el recurso de suplicación núm. 1904-2011 (ECLI:ES:TSJCAT:2012:5212), que deriva de una demanda sobre modificación de condiciones de trabajo.

El presente recurso de amparo fue turnado, a efectos de adoptar la decisión correspondiente sobre su admisibilidad, a la Sección Primera de este tribunal, correspondiendo la ponencia del asunto al presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón, conforme se señala en la diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 16 de abril de 2026.

2. Tras serle notificada la anterior diligencia de ordenación, la representación procesal del recurrente presentó el 17 de abril de 2026 escrito de subsanación de la demanda de amparo, reiterando por otrosí la solicitud de abstención del presidente del Tribunal don Cándido Conde-Pumpido Tourón y de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga por la misma causa (art. 219.11 LOPJ) y motivos.

3. El 29 de abril de 2026 la representación procesal del recurrente presentó en este tribunal nuevo escrito por el cual, tras señalar que a esa fecha no ha recibido respuesta sobre la solicitud de abstención del presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón y de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, formula recusación de ambos, en cuanto integrantes de la Sección Primera del Tribunal Constitucional, a la que ha correspondido la decisión sobre la admisión del presente recurso de amparo.

En cuanto al presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón, se le recusa por las causas de los apartados 10, 11, 13 y 16 del art. 219 LOPJ, por el motivo ya invocado en la solicitud de abstención (su participación como ponente en el auto de la Sala del art. 61 LOPJ que acordó la inadmisión de la demanda de declaración de error judicial, procedimiento núm. 9-2015). A la magistrada doña María Luisa Segoviano se la recusa por las causas de los apartados 9, 10, 11 y 13 del art. 219 LOPJ, por las mismas razones invocadas en la solicitud de abstención de esta magistrada.

Concluye solicitando el recurrente que ambos recusados emitan los informes correspondientes dando su conformidad para abstenerse de intervenir como miembros del Tribunal en el presente recurso de amparo, en ninguna de sus fases; y, en otro caso, se estime la recusación y se les aparte definitivamente del conocimiento del asunto.

4. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2026 se ordenó formar pieza separada de recusación y designar ponente de esta al magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, a quien por turno corresponde, para que propusiera al Pleno la resolución que procediese.

5. El 11 de mayo de 2026 la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga presentó escrito en el que puso en conocimiento del Pleno del Tribunal, por conducto de su presidente, su decisión de abstenerse del conocimiento del recurso de amparo núm. 2807-2026 y todas sus incidencias, al concurrir la causa establecida en el art. 219.10 LOPJ (tener interés directo en la causa), toda vez que el procedimiento judicial en el que se han dictado las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso de amparo tiene como objeto una decisión del Consejo General de Poder Judicial por la que se archiva una denuncia del demandante de amparo contra dicha magistrada.

6. Por ATC 33/2026, de 9 de junio, el Pleno del Tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada por la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, apartándola definitivamente del conocimiento del recurso de amparo núm. 2807-2026 y de todas sus incidencias, e inadmitir a limine la recusación del presidente del Tribunal don Cándido Conde-Pumpido Tourón, con devolución de las actuaciones a la Sección Primera del Tribunal.

7. Frente al ATC 33/2026, de 9 de junio, el demandante interpuso recurso de súplica el 26 de junio de 2026, alegando la infracción de los arts. 11.3, 217, 221.1, 223.3, 224.1.3 y 225 LOPJ, así como del art. 24.1 CE y de los arts. 6.1, 13 y 14 del Convenio europeo de derechos humanos.

Sostiene que, una vez formulada la recusación de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y del presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ya no procede la abstención de los magistrados recusados, que habrán de pronunciarse sobre si admiten o no las causas de recusación formuladas en el plazo señalado en los arts. 225.3 y 225.1 LOPJ. En consecuencia, la abstención de la magistrada Sra. Segoviano es extemporánea, y además se ha incumplido por ambos recusados el deber de emitir el informe razonado a que se refieren los citados preceptos.

Sostiene asimismo que del art. 224.1.3 LOPJ, que establece que cuando el recusado sea un magistrado de una audiencia provincial instruirá la recusación un magistrado de la misma audiencia, “siempre que no pertenezca a la misma Sección que el recusado”, se sigue que, una vez que la magistrada Sra. Segoviano ha decidido abstenerse de intervenir en el presente recurso de amparo, el ponente de este “no puede ser su compañero, amigo y jefe -el cual preside la Sección Primera, la Sala Primera y el propio Tribunal Constitucional-, en este caso, el Sr. Conde-Pumpido”, y tampoco puede intervenir la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, al pertenecer a la misma Sección Primera.

8. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal de 26 de junio de 2026 se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal del recurso de súplica interpuesto por el demandante de amparo contra el ATC 33/2026, de 9 de junio, para que, en el plazo de tres días, pudiera exponer lo que estimase procedente en relación con dicho recurso.

9. El 17 de julio de 2026 tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. Tras exponer los antecedentes relevantes del caso y la fundamentación del auto impugnado, así como las alegaciones y petición del recurso de súplica, interesa su desestimación por las razones que seguidamente se resumen.

La abstención de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, aunque posterior en el tiempo a la recusación, produce el mismo efecto jurídico y satisface plenamente la pretensión del recurrente respecto de dicha magistrada. La inadmisión a limine permite prescindir de los trámites ordinarios cuando la recusación carece manifiestamente de fundamento, que es lo que acontece en el caso de la recusación del presidente Sr. Conde-Pumpido Tourón. No existe, pues, infracción de los arts. 217, 221.1 y 223.3 LOPJ. En cuanto a la pretendida infracción del art. 224.1.3 LOPJ, carece de sustento, porque es una regla que no resulta de aplicación al procedimiento de recusación en el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, la solicitud de que la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera sea apartada del asunto constituye una pretensión nueva, no formulada en el escrito de recusación de 29 de abril de 2026, donde únicamente se recusó al presidente Sr. Conde-Pumpido y a la magistrada Sra. Segoviano. Como declaró el ATC 100/2024, de 22 de octubre, FJ 1, “el escrito de súplica excede claramente los límites y la función asignada a un recurso, pues introduce argumentos nuevos en relación con las causas legales de recusación distintas a las invocadas inicialmente”, lo que constituye “una nueva recusación que pretende fundarse en causas diferentes de las esgrimidas en el escrito inicial, y que se articula fuera de los plazos y de los cauces procesales establecidos legalmente al efecto”.

El auto impugnado rechaza acertadamente las causas de recusación del presidente Sr. Conde-Pumpido previstas en los apartados 10, 11, 13 y 16 del art. 219 LOPJ. La causa del art. 219.11 LOPJ ya fue invocada por el recurrente en ocasiones anteriores y rechazada por el Tribunal en los AATC 488/2023, de 24 de octubre, y 32/2024, de 9 de abril, a los que se remite expresamente el ATC 33/2026, de 9 de junio, FJ 3. En cuanto a las causas objetivas de recusación de los apartados 13 y 16 del art. 219 LOPJ es patente su falta de fundamento, pues no existe coincidencia ni de objeto, ni de pretensiones ni de controversia constitucional. En fin, carece asimismo de fundamento alguno la causa del art. 219.10 LOPJ que invoca el recurrente, pues este no indica qué potencial provecho o evitación de perjuicio para el magistrado recusado pudiera derivarse del resultado del presente recurso de amparo.

Finalmente, no existe vulneración del art. 11.3 LOPJ ni del art. 24.1 CE, en tanto que el auto recurrido ha examinado y resuelto motivadamente todas las causas de recusación invocadas. Tampoco del art. 14 CE, pues el recurrente se limita a invocar dicho precepto sin identificar un término válido de comparación, y tampoco razona mínimamente en qué consiste el supuesto trato discriminatorio.

Único. El demandante interpone recurso de súplica contra el ATC 33/2026, de 9 de junio, del Pleno de este tribunal, por el que se acordó estimar justificada la abstención formulada por la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, apartándola definitivamente del conocimiento del recurso de amparo núm. 2807-2026 y de todas sus incidencias, e inadmitir a limine la recusación del presidente del Tribunal don Cándido Conde-Pumpido Tourón en el mismo recurso de amparo, que está pendiente de una decisión sobre su admisibilidad en la Sección Primera.

Ninguna de las alegaciones expuestas por el recurrente desvirtúa las razones que llevaron a este tribunal a aceptar la abstención de la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y a acordar la inadmisión a limine de la recusación del presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón, decisión que ha de ser confirmada, en consecuencia.

En primer lugar, no existe la pretendida infracción del procedimiento aplicable a la recusación que denuncia el recurrente. Las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de abstención y recusación son aplicables supletoriamente en los procesos que se sustancian ante el Tribunal Constitucional pero solo en la medida en que su aplicación resulte compatible con la singular posición de la jurisdicción constitucional, sus principios inspiradores y las funciones que se le han encomendado. Así lo ha declarado reiteradamente este tribunal, advirtiendo que el mandato legal de que se aplique (supletoriamente) a la jurisdicción constitucional el régimen de recusaciones y abstenciones previsto para la jurisdicción ordinaria no puede obviar las peculiaridades que implica la propia naturaleza del Tribunal Constitucional y la especificidad de su magistratura, al tratarse de un órgano constitucional único en su género, no integrado en el Poder Judicial, compuesto por doce únicos magistrados, que no pueden ser objeto de sustitución (por todos, AATC 380/1993, de 21 de diciembre, FJ 4, 80/2005, de 17 de febrero, FJ 5, 26/2007, de 5 de febrero, FJ 2, y 387/2007, de 16 de octubre, FJ 2).

En tal sentido, cabe señalar que la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga manifestó, mediante escrito razonado, su decisión de abstenerse del conocimiento del recurso de amparo núm. 2807-2026 y todas sus incidencias, tan pronto como tuvo conocimiento del asunto, conforme a lo previsto en el art. 221.1 LOPJ. Y este tribunal, visto el escrito presentado, en virtud de lo previsto en el art. 80 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el art. 221.4 LOPJ, acordó estimar justificada la causa de abstención formulada, al entender que efectivamente concurre en dicha magistrada la causa del art. 219.10 LOPJ (ATC 33/2026, FJ 2). El propio recurrente, en su escrito presentado ante este tribunal el 29 de abril de 2026, solicitaba que la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga (así como el presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón) emitiera informe dando su conformidad para abstenerse de intervenir en el presente recurso de amparo; y que, de no ser así, se estimara la recusación. Por tanto, el recurrente ha visto atendida su pretensión de que la magistrada referida se abstuviera de conocer de su recurso de amparo. No existe, pues, la pretendida infracción que se alega de los arts. 217, 221.1, 223.3 y 225.1 LOPJ.

Tampoco existe infracción del art. 224.1.3 LOPJ, precepto que determina qué magistrado instruirá la recusación en el caso de recusaciones de magistrados de las audiencias provinciales. Dicha regla no es de aplicación al Tribunal Constitucional, que designa ponente, y en su caso instructor, de las piezas de recusación, conforme a un turno específico establecido por el propio tribunal. Tampoco existe razón alguna por la que la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera deba apartarse del conocimiento del asunto por el mero hecho de pertenecer a la misma Sección que la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y el presidente don Cándido Conde-Pumpido Tourón, como absurdamente pretende el recurrente.

En todo caso, como señala en sus alegaciones el Ministerio Fiscal, la solicitud de que la magistrada Sra. Espejel Jorquera sea apartada del asunto constituye una pretensión nueva, no formulada en el escrito de recusación de 29 de abril de 2026, donde únicamente se recusó al presidente Sr. Conde-Pumpido y a la magistrada Sra. Segoviano. Como en el supuesto del ATC 100/2024, de 22 de octubre, FJ 1, “el escrito de súplica excede claramente los límites y la función asignada a un recurso, pues introduce argumentos nuevos en relación con las causas legales de recusación distintas a las invocadas inicialmente”, lo que constituye “una nueva recusación que pretende fundarse en causas diferentes de las esgrimidas en el escrito inicial, y que se articula fuera de los plazos y de los cauces procesales establecidos legalmente al efecto”.

Por lo que se refiere a la recusación del presidente del Tribunal, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, procede reiterar que nada impide a este tribunal inadmitir a limine una recusación tanto por razones procesales como de fondo, esto es, cuando sea formulada con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.2 LOPJ (entre otros muchos, AATC 156/2022, de 16 de noviembre, FJ 2; 31/2023, de 7 de febrero, FJ 2; 238/2023, de 9 de mayo, FJ único, y 94/2025, de 23 de septiembre, FJ 2).

Tal sucede en el presente caso, como se razonaba en el ATC 33/2026, FJ 3, lo que llevó a denegar a limine la recusación del magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal y de su Sección Primera (la cual debe decidir sobre la admisión del presente recurso de amparo), al resultar manifiesto que no concurre ninguna de las causas de recusación que señala el recusante, lo que hace innecesario que el recusado emita el informe al que se refiere el art. 225.1 LOPJ.

Al magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón le recusa el recurrente en amparo por su participación como ponente en el auto dictado por la Sala Especial del art. 61 LOPJ que acordó la inadmisión de una demanda de declaración de error judicial (procedimiento núm. 9-2015), presentada en su día por el recurrente en amparo en relación con una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 13-2013. Los argumentos del recurrente vienen, en buena medida, a reiterar los que ya fueron rechazados en los AATC 488/2023, de 24 de octubre, y 32/2024, de 9 de abril, a los que nos remitimos en el ATC 33/2026, FJ 3, en el que dimos asimismo respuesta detallada al resto de razonamientos en los que el recurrente apoyaba las causas de recusación invocadas (en concreto, las previstas en los apartados 10, 11, 13 y 16 del art. 219 LOPJ). En su recurso de súplica el recurrente ni siquiera ha intentado refutar los razonamientos en los que nuestro ATC 33/2026 fundamenta la inadmisión a limine de la recusación del presidente del Tribunal don Cándido Conde-Pumpido Tourón.