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1. Los demandantes de amparo solicitan, en esta pieza separada, la suspensión de la ejecución de las penas y costas impuestas en la sentencia recurrida por razón de delito de coacciones. Alegan que dicha ejecución, especialmente en lo que se refiere a la pena privativa de libertad, les causará un perjuicio irreparable y procede por ello acordar la suspensión, la cual solicitan al amparo de lo dispuesto en los arts. 56 y siguientes de la L.O.T.C.

2. El Ministerio Fiscal, en el traslado conferido al efecto, alega que, en el caso de prosperar el recurso de am paro, éste perdería su finalidad ya que se ha impuesto a los recurrentes un mes y un día de privación de libertad, además de multa, accesorias y costas. Añade que procede acceder a la suspensión solicitada, aunque no en lo que se refiere a la condena por delito de coacciones, que no es objeto del recurso de amparo.

Único. - El recurso de amparo del que dimana esta pieza separada se interpone contra sentencia que impone condenas por los delitos de coacciones y desobediencia grave a la autoridad; pero su objeto se limita a las derivadas de este último delito con exclusión de las relativas al primero, respecto del cual se pide expresamente en el suplico de la demanda que se mantenga la sentencia. Es por ello claro que la conexión con este delito que se establece en la petición de suspensión es errónea y debe entenderse referida al delito de desobediencia grave a la autoridad.

Por este delito, la sentencia recurrida impone a los demandantes las penas de un mes y un día de arresto mayor, multa de treinta mil pesetas con arresto sustitutorio de dieciseis días, accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; también impone el pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular y las del recurso proporcionales a los delitos por los que se les condena.

La ejecución de las penas que conllevan privación de libertad causarán, sin duda, a los recurrentes un perjuicio que hará perder al amparo su finalidad, en el caso de que éste sea otorgado, y procede por ello, conforme a lo previsto en el art. 56 de la L.O.T.C., conceder la suspensión, que no incide en intereses generales o derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero, y la cual debe acordarse sin afianzamiento por no derivarse que de ellas pueda seguirse perturbación grave a derechos ajenos.