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1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de octubre de 1993, don Dionisio Canales Carabis, doña Teresa Llobell López y don Dionisio Canales Llobell interpusieron recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, de 21 de septiembre de 1993, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Valencia, de 5 de abril de 1993. En esta última Sentencia se condenó a los recurrentes como autores de un delito de alzamiento de bienes, con la concurrencia de la circunstancia de comerciante del art. 519 del Código Penal en los dos primeros y con la concurrencia en el tercero de la circunstancia atenuante de ser menor de 18 años, a las penas de un año de prisión menor, con la accesoria de suspensión de todo empleo o cargo público y derecho de sufragio, a cada uno de los dos primeros; cien mil pesetas de multa con 16 días de arresto sustitutorio, al tercero; y al pago de tres quintas partes de las costas, incluidas las de la acusación particular. La Sentencia de apelación, además de confirmar estas penas, les condenó a pagar solidariamente al Banco de Valencia, S.A. las cantidades por las que se despachó ejecución a su favor en el ejecutivo núm. 619/82 del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Valencia.

2. Afirman los recurrentes en la demanda de amparo que la Sentencia de la Audiencia Provincial vulnera, en primer lugar, su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) al no haber dado respuesta alguna a la cuestión planteada en el recurso de apelación de no ser aplicable la agravante específica de ser los condenados comerciantes. Se trata, en su opinión, de una cuestión planteada oportunamente, y transcendente para el fallo, a la que no se da respuesta fundada y sin que sea posible entender el silencio del órgano judicial como una desestimación tácita que satisfaga el derecho a la tutela judicial. El art. 120.3 C.E exige la motivación de las Sentencias, por lo que una desestimación tácita debe ser algo excepcional y, de cualquier forma, no sería satisfactoria en el presente caso por ser la cuestión planteada decisiva para la determinación de la pena. En segundo lugar, se señala en la demanda de amparo que la Sentencia impugnada, al establecer una condena civil retroactiva e incierta contra don Dionisio Canales Llobell por actos en los que no tuvo ninguna responsabilidad, es igualmente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 C.E.

3. La Sección Cuarta de este Tribunal, mediante providencia de 25 de abril de 1994, acordó, según lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la parte demandante y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para que formulasen las alegaciones pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1.c) LOTC]. Recibidos los escritos de alegaciones, la Sección acordó por nuevos proveídos de 24 de enero de 1995 admitir a trámite la demanda de amparo así como formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen cuanto estimaren pertinente sobre dicha suspensión.

4. El 30 de enero de 1995 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones de los recurrentes en el que se insta la suspensión de las resoluciones recurridas por entender que, de lo contrario, quedaría vacío de contenido el propio recurso de amparo. Además, la suspensión de la resolución impugnada no ocasiona ningún perjuicio a terceros ni a la sociedad, interesada en que se cumplan las resoluciones judiciales, debido a que los condenados carecen de antecedentes penales, el delito no ha causado alarma social y porque pueden obtener la remisión condicional de la pena. Por otro lado, y en cuanto al cumplimiento de las resoluciones sobre responsabilidad civil, ningún perjuicio se ocasionaría al Banco de Valencia, S.A. por el hecho de que se aplace su cumplimiento, mientras que produciría perjuicios irreparables el que don Dionisio Canales Llobell responda con todos sus bienes presentes y futuros del total de una obligación por él no contraída y muy anterior a la comisión de cualquier delito.

5. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de enero de 1995. Tras recordar la doctrina de este Tribunal sobre la suspensión de resoluciones judiciales, estima que procede decretar la suspensión interesada en lo que hace a las penas privativas de libertad y accesorias, así como a la multa en cuanto lleva consigo arresto sustitutorio. No así en lo que se refiere a las responsabilidades civiles, por tratarse de cantidades recuperables.

1. El art. 56.1 LOTC establece que la Sala que conozca el recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución del acto de los poderes públicos objeto del amparo constitucional cuando tal ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, pudiendo, no obstante, denegar la suspensión cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero. En aplicación de este precepto, este Tribunal ha venido sosteniendo que cuando el recurso se dirige contra resoluciones judiciales, aquel interés general consiste, precisamente, en su ejecución, por lo que en estos supuestos será necesario que se acredite la concurrencia de un perjuicio irreparable o que haría perder al amparo su finalidad en caso de no acordarse la suspensión.

2. Como recuerda el Ministerio Fiscal, es doctrina constante de este Tribunal que durante la tramitación del amparo procede decretar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, pues éste perdería su finalidad si se otorgara el amparo, ya que los recurrentes habrían cumplido para entonces parte de la pena privativa de libertad y, por ello, el perjuicio seria irreparable (AATC 179/1984, 574/1985, 172/1988, 116/1990, entre otros muchos). Ese mismo criterio debe aplicarse al arresto sustitutorio en caso de impago de la multa y a las penas accesorias de suspensión de cargo público, ejercicio de la profesión y derecho de sufragio durante el tiempo que dure la condena, al seguir la misma suerte que la pena principal (AATC 144/1984 y 574/1985).

3. Distinta debe ser la solución respecto de las indemnizaciones y costas procesales ya que la ejecución de resoluciones con efectos meramente económicos no causa un perjuicio irreparable, siendo posible, en su caso, su posterior reintegro (AATC 172/1988 y 275/1990).