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Spanish Constitutional Court

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Sala Segunda. Auto 61/2026, de 19 de octubre de 2026. Recurso de amparo 761-2026. Deniega la medida cautelar solicitada en el recurso de amparo 761-2026, promovido por doña Isabel Pérez Moñino-Aranda y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid en procedimiento parlamentario.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, en el recurso de amparo núm. 761-2026, promovido por doña Isabel Pérez Moñino-Aranda y por el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid contra los acuerdos de la mesa de la Cámara de 17 de octubre y de 14 de noviembre de 2025 por los que respectivamente se inadmitió la iniciativa parlamentaria de pregunta de respuesta oral en Pleno (PCOP)-3923-2025, con número de registro general de entrada parlamentario (RGEP) 22083-2025, y se desestimó la solicitud de reconsideración, ha dictado, con ponencia del magistrado don César Tolosa Tribiño, el siguiente

AUTO

I. Antecedentes

1. El 1 de febrero de 2026, doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, diputada y portavoz, y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, representados por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y asistidos por la letrada de doña Marta Asunción Castro Fuertes, interpusieron recurso de amparo contra el acuerdo de la mesa de la Asamblea de Madrid de 17 de octubre de 2025 por el que se inadmitió la iniciativa parlamentaria de pregunta de respuesta oral en Pleno 3923-2025, con RGEP 22083-2025, y contra el posterior acuerdo de 14 de noviembre de 2025 que desestimó la solicitud de reconsideración.

2. Los antecedentes relevantes del caso son los siguientes:

a) El día 10 de octubre de 2025, la diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, presentó en el registro de la Cámara la iniciativa parlamentaria PCOP-3923-2025, con RGEP 22083-2025, dirigida a la presidenta del Gobierno, cuyo tenor literal es el siguiente:

“¿Qué gasto estima el Gobierno de la Comunidad de Madrid que supone la inmigración irregular?”

b) La mesa de la Asamblea, en su reunión celebrada el 17 de octubre de 2025, acordó no admitir a trámite la iniciativa presentada, en los siguientes términos:

“Acuerdo: La mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente”.

c) La parte recurrente en amparo presentó el 3 de noviembre de 2025 una solicitud de reconsideración del acuerdo de la mesa en la que reprochaba, en primer término, que la inadmisión desbordaba la función de calificación que reglamentariamente corresponde a la mesa -ceñida a un control de estricta legalidad formal- al haber entrado a valorar el fondo y la oportunidad de la iniciativa, con la consiguiente lesión del derecho de participación política del art. 23.2 CE y del ius in officium inherente al cargo representativo y con infracción del principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho.

Alegaba que el acuerdo con registro general de salida parlamentario, RGSP 2066, de 8 de junio de 2000, circunscribe el cometido de la mesa a un control formal de conformidad a Derecho, de suerte que cualquier enjuiciamiento del contenido o fondo de la iniciativa excede sus competencias y constituye una extralimitación proscrita por el Tribunal Constitucional.

Sostenía que la iniciativa PCOP-3923-2025 plantea una cuestión concreta y perfectamente formulada, dirigida a conocer qué gasto estima el Gobierno de la Comunidad de Madrid que supone la inmigración irregular, identificando la materia objeto de la pregunta, el sujeto competente y la finalidad de obtener una valoración económica global del impacto presupuestario autonómico. En consecuencia, concluía que la iniciativa no presentaba falta de concreción alguna, al tratarse de una pregunta clara, inteligible y directamente vinculada con la función de control político del Gobierno autonómico.

Aducía la existencia de precedentes que acreditan una práctica parlamentaria consolidada, al haberse admitido y tramitado iniciativas análogas sobre el impacto económico y la gestión de la inmigración irregular, entre ellas las PCOP-5188-2024, PCOP-1303-2021, PCOP-1802-2022 y PCOP-2215-2022, de modo que la inadmisión de la PCOP-3923-2025 supondría un cambio de criterio arbitrario y carente de motivación, contrario a la igualdad de trato entre diputados (art. 14 CE) y a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

Señalaba la competencia directa de la Comunidad de Madrid en la materia objeto de la pregunta, al referirse a la gestión presupuestaria autonómica en ámbitos como sanidad, servicios sociales, educación, vivienda y atención humanitaria. Invocaba el art. 26.1.23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de derechos, garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, que a su juicio atribuyen la responsabilidad a la Comunidad en la tutela, asistencia y atención de menores extranjeros no acompañados y otros colectivos vulnerables. En consecuencia, la solicitud de información versa sobre un ámbito material de ejecución autonómica, perfectamente controlable desde la Asamblea regional.

Finalmente, invocaba el principio de buena fe institucional y el deber de la mesa de limitar su actuación al control formal de las iniciativas, señalando que apreciar en la pregunta “falta de concreción” constituía un juicio material sobre su contenido, al sustituir al Gobierno en la valoración del alcance de la información solicitada, vulnerando el derecho de los diputados al control político y presupuestario del Ejecutivo autonómico.

d) La mesa, por acuerdo de 14 de noviembre de 2025, desestimó la solicitud de reconsideración, en los siguientes términos:

“Acuerdo: La mesa, oída la junta de portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior acuerdo de fecha 17 de octubre de 25, en relación con la pregunta de respuesta oral en pleno PCOP-3923-2025 RGEP 22083, por el que se acordó su no admisión a trámite por advertir falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en los términos en los que está formulada.

Se reiteran los argumentos que se dieron para su no admisión en el momento de la calificación”.

3. En la demanda de amparo, doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, diputada y portavoz, y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, tras exponer los antecedentes que consideran relevantes, denuncian que los acuerdos de la Asamblea de Madrid de 17 de octubre y de 14 de noviembre de 2025, por los que respectivamente se inadmitió la iniciativa parlamentaria PCOP-3923-2025, con RGEP 22083-2025, y se desestimó la solicitud de reconsideración, vulneran el derecho fundamental de participación política reconocido en el art. 23 CE, en su dimensión de ius in officium de los diputados, al impedir el ejercicio de una función esencial de control parlamentario mediante una pregunta dirigida a la Presidencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Invocan, asimismo, de forma accesoria, la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, al considerar que la mesa fundamentó su decisión en una motivación insuficiente, estereotipada y por remisión, que no permite conocer las razones concretas de la inadmisión ni garantiza una respuesta efectiva a las alegaciones formuladas en la reconsideración.

Sostiene que la lesión del art. 23 CE se produce inicialmente mediante el acuerdo de la mesa de 17 de octubre de 2025, que inadmitió a trámite la iniciativa PCOP-3923-2025 por apreciar una supuesta “falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en los términos en los que está formulada”, y que se agrava con la posterior desestimación de la reconsideración mediante la ratificación del acuerdo anterior y la fórmula “[s]e reiteran los argumentos que se dieron para su no admisión en el momento de la calificación”. Según la demanda, dicha respuesta vacía de contenido el trámite de reconsideración previsto en el art. 49 del Reglamento de la Asamblea de Madrid (RAM) al no dar contestación a las alegaciones planteadas.

La demanda afirma que la función de calificación y admisión a trámite de la mesa debe limitarse a un control estrictamente formal de las iniciativas parlamentarias, sin que pueda convertirse en un control material sobre su contenido, oportunidad o conveniencia política. Considera que la inadmisión por “falta de concreción” constituye en realidad un juicio sobre el contenido de la iniciativa, incompatible con el derecho de participación política del art. 23 CE, al impedir que sean el Pleno y el Gobierno quienes valoren el alcance político de la pregunta formulada.

Alega que la iniciativa PCOP-3923-2025, mediante la que se pretende dirigir a la Presidencia del Gobierno, la pregunta “¿Qué gasto estima el Gobierno de la Comunidad de Madrid que supone la inmigración irregular?”, tiene un objeto claro, concreto e identificable, al dirigirse a conocer la estimación económica del impacto presupuestario de dicha realidad en ámbitos de gestión autonómica. Señala que la pregunta se encuentra vinculada a competencias propias de la Comunidad de Madrid en materias como sanidad, servicios sociales, educación, tutela y atención asistencial, por lo que no puede considerarse ajena al ámbito de actuación del Gobierno autonómico.

Sostiene que la mesa confundió la posible amplitud o complejidad de la cuestión planteada con una inexistente falta de concreción, pues la iniciativa identifica la materia sobre la que se solicita información, el órgano al que se dirige y la finalidad de control parlamentario perseguida. A juicio de la parte recurrente, la mesa no identificó ningún defecto formal de la pregunta ni señaló qué precisión adicional resultaba necesaria conforme al Reglamento.

Denuncia igualmente la existencia de una ruptura del criterio seguido anteriormente por la mesa, al haber sido admitidas y tramitadas iniciativas relacionadas con el impacto económico y la gestión de la inmigración irregular o materias conexas. Considera que la inadmisión de la iniciativa, sin una explicación suficiente del cambio de criterio, vulnera los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE.

Invoca una interpretación de las normas parlamentarias conforme al principio pro participatione, defendiendo que la autonomía parlamentaria no puede traducirse en un obstáculo preventivo al ejercicio de las funciones de control de los diputados. La demanda insiste en que corresponde al Gobierno responder y al Pleno debatir la cuestión planteada, no a la mesa impedir anticipadamente su tramitación mediante una valoración material de la iniciativa.

Por todo ello, la demanda termina solicitando que se declare vulnerado el derecho fundamental de participación política reconocido en el art. 23 CE, se declare la nulidad del acuerdo de la mesa de la Asamblea de Madrid con registro general de salida parlamentario (RGSP) 3105-2025, de 19 de noviembre de 2025, y se ordene la retroacción de las actuaciones para que la mesa dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, con una motivación suficiente, adecuada y no estereotipada.

Por otrosí, al amparo del art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicita la adopción de una medida cautelar consistente en instar a la Asamblea de Madrid a no considerar definitivamente archivada la iniciativa PCOP-3923-2025 (RGEP 22083-2025) y mantenerla en situación susceptible de retroacción de modo que, en caso de estimación del recurso de amparo, pueda ser calificada y tramitada con eficacia durante la presente legislatura.

4. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Tercera, de 3 de febrero de 2026, se tuvo por recibido el escrito de interposición del recurso de amparo y la documentación adjunta al mismo, indicándose que el recurso se había turnado a la Sala Segunda, Sección Tercera, del Tribunal Constitucional, así como que la ponencia había correspondido al magistrado don César Tolosa Tribiño.

5. Mediante providencia de la Sección Tercera, de 8 de septiembre de 2026, se acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)]. En la misma providencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación a la Asamblea de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al acuerdo de la mesa de la Asamblea de Madrid de 14 de noviembre de 2025, notificado mediante RGSP 3105-2025, de 19 de noviembre, y emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo. Asimismo, se acordó incoar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión solicitado.

6. Mediante otra providencia de la Sección Tercera de la misma fecha se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente de amparo para que alegasen lo que estimaran pertinente en relación con la medida cautelar interesada.

7. Mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2026, la representación procesal de doña Isabel Pérez Moñino-Aranda y del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, formuló alegaciones en la pieza separada de suspensión interesando la adopción de la medida cautelar solicitada en el otrosí de la demanda de amparo, consistente en requerir a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considerase definitivamente archivada la iniciativa PCOP-3923-2025 (RGEP 22083-2025), manteniéndola en situación susceptible de retroacción de actuaciones, a fin de que, en caso de estimación del amparo, pudiera ser calificada y tramitada con eficacia dentro de la presente legislatura.

En su escrito, recuerdan que la tutela cautelar prevista en el art. 56 LOTC no se agota en la suspensión del acto impugnado, sino que comprende cuantas medidas sean necesarias para asegurar la efectividad del recurso de amparo. Consideran que la medida interesada no constituye propiamente una suspensión del acuerdo de inadmisión, cuyos efectos ya se han producido, sino una medida de preservación destinada a evitar el archivo definitivo e irrevocable de la iniciativa mientras se sustancia el proceso constitucional. Asimismo, sostienen que la autonomía parlamentaria no constituye un ámbito exento de control constitucional.

Alegan que, aunque pudiera parecer que la posibilidad de presentar una nueva pregunta con idéntico contenido haría innecesaria la medida cautelar, dicha alternativa no garantiza la reparación del derecho fundamental, pues existe un riesgo real de que la nueva iniciativa vuelva a ser inadmitida conforme al mismo criterio. Añaden que la cuestión planteada -el gasto público vinculado a la inmigración irregular- presenta una relevancia política actual cuya pérdida de oportunidad por el transcurso del tiempo podría vaciar de contenido una eventual estimación del recurso de amparo. A su juicio, existe un riesgo cierto y efectivo de que, sin la adopción de la medida, el amparo pierda su finalidad.

También argumentan que la medida cautelar solicitada no perturba el normal funcionamiento de la Cámara ni interfiere en la potestad calificadora de la mesa, puesto que no obliga a tramitar la iniciativa ni altera la organización parlamentaria, limitándose a mantenerla en una situación susceptible de retroacción para que una eventual sentencia estimatoria pueda desplegar una eficacia real. Frente a ello, la falta de adopción de la medida ocasionaría un perjuicio irreversible para el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE.

El escrito invoca igualmente la apariencia de buen derecho, señalando que la mesa no puede ejercer un control de oportunidad política ni un juicio material sobre el contenido de las iniciativas parlamentarias, sino únicamente un control formal. Considera que la inadmisión basada en una supuesta “falta de concreción” y la posterior desestimación de la reconsideración mediante una fórmula estereotipada de remisión presentan un patrón lesivo del art. 23 CE, especialmente al no responder a los argumentos jurídicos planteados por los recurrentes.

8. Por escrito registrado el 24 de septiembre de 2026, el fiscal ante el Tribunal Constitucional se opone al otorgamiento de la medida cautelar interesada.

Aduce que la medida cautelar solicitada, consistente en requerir a la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivada la iniciativa PCOP-3923-2025 (RGEP 22083-2025) y mantenerla en situación susceptible de retroacción, no constituye propiamente una suspensión de los efectos del acuerdo impugnado, al haber agotado este sus efectos con la inadmisión a trámite de la iniciativa. Considera que la suspensión únicamente puede recaer sobre actos que estén produciendo o puedan producir efectos futuros, por lo que no resulta procedente respecto de una resolución ya ejecutada.

No obstante, reconoce que la medida interesada puede ser considerada una medida cautelar distinta de la suspensión de efectos, susceptible de ser solicitada al amparo del art. 56.4 LOTC. En relación con ella, sostiene que no resulta necesaria ni idónea para evitar los hipotéticos perjuicios alegados, pues supondría anticipar los efectos propios de una eventual sentencia estimatoria del recurso de amparo. En caso de estimación, además de declarar la vulneración del derecho fundamental y la nulidad de los acuerdos impugnados, procedería acordar la retroacción de las actuaciones para que la mesa dictase una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental invocado.

Añade que la adopción de la medida solicitada supondría resolver anticipadamente una cuestión que constituye precisamente el objeto principal del recurso de amparo, al dejar sin efecto, al menos parcialmente, el acuerdo parlamentario impugnado durante la pendencia del procedimiento constitucional. Invoca la doctrina constitucional que rechaza que el incidente cautelar pueda convertirse en un mecanismo de anticipación del fallo sobre el fondo del recurso.

Por otro lado, considera que no se ha acreditado la existencia de un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al recurso de amparo su finalidad. Señala que la alegación relativa a la naturaleza temporal y actualidad política de la iniciativa y a la posible pérdida de oportunidad por el transcurso del tiempo constituye un perjuicio hipotético, sin que la denegación de la medida impida que, en caso de estimación del amparo, pueda acordarse la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de los acuerdos de inadmisión.

Concluye solicitando que se deniegue la medida cautelar interesada, al no resultar acreditada su necesidad ni idoneidad para preservar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria y suponer, en todo caso, una anticipación de los efectos propios de la resolución de fondo.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del presente incidente y posiciones de las partes

El objeto de la presente resolución es decidir acerca de la procedencia o no de la medida cautelar instada por la parte recurrente.

En el presente recurso de amparo se impugnan los acuerdos de la mesa de la Asamblea de Madrid de 17 de octubre y de 14 de noviembre de 2025 por los que respectivamente se inadmitió la pregunta parlamentaria, dirigida a la Presidencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, PCOP-3923-2025, con RGEP 22083-2025, y se desestimó la solicitud de reconsideración. Los recurrentes solicitan como medida cautelar que se requiera a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivada dicha iniciativa, manteniéndola en situación susceptible de retroacción de actuaciones, a fin de que, en caso de estimación del amparo, pueda ser calificada y tramitada con eficacia dentro de la presente legislatura. El Ministerio Fiscal, por las razones expuestas, se opone a la concesión de la medida cautelar.

2. Doctrina constitucional sobre las medidas cautelares en el recurso de amparo

El art. 56.1 LOTC establece como regla general que la interposición de un recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. No obstante, el apartado segundo del precepto establece una excepción a la previsión general, al admitir la suspensión cuando la ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, de modo que la suspensión se configura como una medida de carácter excepcional y de aplicación restrictiva (por todos, AATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1, y 59/2017, de 24 de abril, FJ 1). A su vez, el apartado tercero del art. 56 LOTC permite adoptar las medidas cautelares que, por su naturaleza, puedan resultar necesarias para evitar que el recurso pierda su finalidad.

Como señalamos en el ATC 122/2022, de 26 de septiembre, FJ 1: “este tribunal ha declarado que quien solicita la adopción de la medida cautelar ha de alegar, probar o justificar, ofreciendo un principio razonable de prueba, que no son reparables o son de difícil reparación los perjuicios si prosiguiera la ejecución del acto impugnado, con objeto de mostrar que la ejecución podría privar a la demanda de amparo de su finalidad, provocar que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convertir el amparo en meramente ilusorio y nominal (ATC 128/2017, de 2 de octubre, y los allí citados). En todo caso, la adopción de la medida se condicionará a que la suspensión no produzca una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades públicas de un tercero (por todos, AATC 1/2016, de 18 de enero, y 26/2019, de 9 de abril, FJ 1). Por último, de modo general también ha insistido este tribunal (AATC 23/2017, de 13 de febrero, FJ 1; 263/2001, de 15 de octubre, y 18/2002, de 11 de febrero, que se citan en aquella resolución) en la imposibilidad tanto de adelantar cuestiones controvertidas propias del fondo del recurso de amparo en la pieza incidental de suspensión, como de conceder la suspensión cautelar de la ejecución de una resolución o de un acuerdo si con ello se puede anticipar el amparo que se solicita”.

3. Aplicación de la doctrina al caso: denegación de la medida cautelar solicitada

Como se ha expuesto, la parte actora solicita como medida cautelar que se requiera a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivada la pregunta de respuesta oral en Pleno PCOP-3923-2025, manteniéndola en situación susceptible de retroacción de actuaciones, a fin de que, en caso de estimación del recurso de amparo, pueda ser calificada y tramitada con eficacia dentro de la presente legislatura. Para justificar la adopción de dicha medida cautelar, argumenta que las preguntas parlamentarias de control al Gobierno están vinculadas a un momento político determinado y que el transcurso del tiempo puede hacer que pierdan su oportunidad política, vaciando de contenido una eventual estimación del recurso de amparo.

La aplicación de la jurisprudencia constitucional expuesta determina que deba denegarse la medida cautelar interesada.

Como ha expuesto el Ministerio Fiscal, la adopción de la medida cautelar solicitada, consistente en que no se tenga por archivada la iniciativa planteada, supondría avanzar o adelantar una parte relevante del contenido del fallo de una eventual sentencia estimatoria, lo que se halla vedado por la doctrina constitucional. En efecto, la decisión de no tener por archivada la pregunta parlamentaria durante la pendencia del recurso de amparo equivaldría materialmente a dejar sin efecto, al menos en parte, los acuerdos parlamentarios recurridos que procedieron a la inadmisión de aquella, lo que supondría resolver anticipadamente lo que constituye el objeto del recurso de amparo y que únicamente puede ser decidido en sentencia. En este sentido, como hemos reiterado, en este trámite cautelar no puede examinarse de modo anticipado la cuestión de fondo, dado el sentido y finalidad de las normas sobre tutela cautelar recogidas en el art. 56 LOTC [véanse los AATC 26/2019, de 9 de abril, FFJJ 1 y 2; 89/2020, de 9 de septiembre, FJ 4, y 122/2022, de 26 de septiembre, FJ 3 c)].

Por otro lado, la mera referencia al transcurso del tiempo durante la pendencia del recurso de amparo y a la posible pérdida de oportunidad política de la iniciativa no constituye justificación suficiente para apreciar que la ejecución de los acuerdos recurridos pueda hacer perder su finalidad al recurso de amparo. En este caso, la denegación de la medida cautelar no impide que, si finalmente se estima el recurso, pueda acordarse la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de los acuerdos parlamentarios que inadmitieron la iniciativa PCOP-3923-2025, tal y como interesa la propia demanda de amparo.

Por ello, la medida cautelar interesada no resulta idónea, apta ni necesaria para garantizar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria, al no haberse acreditado un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al recurso de amparo su finalidad.

Por lo expuesto, la Sala

ACUERDA

Denegar la medida cautelar interesada.

Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

Identificación
Jurisdiction Sala Segunda
Judges

Doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso.

BOE (Official State Gazzete) number and date
Type and record number
Date of the decision 19/10/2026
Synthesis and summary

Descriptive Synthesis

Deniega la medida cautelar solicitada en el recurso de amparo 761-2026, promovido por doña Isabel Pérez Moñino-Aranda y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid en procedimiento parlamentario.

  • 2- challenged resolutions and administrative regulations
  • mentioned regulations
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
  • Artículo 56, f. 3
  • Artículo 56.1, f. 2
  • Artículo 56.3, f. 2
  • Constitutional concepts
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