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Sala Segunda. Auto 63/2026, de 19 de octubre de 2026. Recurso de amparo 787-2026. Deniega la medida cautelar solicitada en el recurso de amparo 787-2026, promovido por doña María Belén González Moreno y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid en procedimiento parlamentario.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, en el recurso de amparo núm. 787-2026, promovido por doña María Belén González Moreno y por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid contra los acuerdos de la mesa de la Asamblea de Madrid de 3 de octubre de 2025 y de 31 de octubre de 2025 adoptados en relación con las iniciativas parlamentarias de preguntas de respuesta oral en Pleno (PCOP)-3724-2025 [con número de registro general de entrada parlamentario (RGEP) 21059-2025] y PCOP-3725-2025 (con número de registro general de entrada parlamentario RGEP 21060-2025), ha dictado, con ponencia de la magistrada doña Laura Díez Bueso, el siguiente

AUTO

I. Antecedentes

1. El día 15 de enero de 2026, los diputados de la Asamblea de Madrid doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, don José Antonio Fúster Lamelas, don Íñigo Henríquez de Luna Losada, don Jorge Cutillas Cordón, doña Ana María Cuartero Lorenzo, don José Ignacio Arias Moreno, doña Ana Velasco Vidal-Abarca, doña María Belén González Moreno, don Mariano Calabuig Martínez, don Javier Pérez Gallardo y doña Raquel Barrero Alba, así como el Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid, interpusieron recurso de amparo núm. 318-2026, contra los acuerdos de la Cámara que rechazaron treinta iniciativas presentadas durante el V período de sesiones de la Legislatura XIII de la Asamblea de Madrid.

Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera, de 19 de enero de 2026, se concedió un plazo de diez días a los demandantes para que, según lo preceptuado en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), identificaran el acto o decisión de la Asamblea de Madrid frente al que se dirigía el recurso de amparo, haciéndoles saber que debían formular una demanda por cada uno de los actos o decisiones que pretendieran recurrir en amparo.

2. En cumplimiento de dicho requerimiento, el día 2 de febrero de 2026, doña María Belén González Moreno y el Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid, representados por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, y bajo la asistencia letrada de doña Marta Asunción Castro Fuertes, formalizaron demanda de amparo contra los acuerdos de 31 de octubre de 2025, notificados el 5 de noviembre de 2025, de la mesa de la Asamblea de Madrid que desestimaron las solicitudes de reconsideración formuladas frente a los acuerdos de 3 de octubre de 2025 por los que se acordó no admitir a trámite las iniciativas parlamentarias de preguntas de respuesta oral en Pleno PCOP-3724-2025 (con RGEP 21059-2025) y PCOP-3725-2025 (con RGEP 21060-2025).

3. Los antecedentes relevantes del caso son los siguientes:

a) El 30 de septiembre de 2025, la diputada doña María Belén González Moreno registró dos preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno, para su respuesta oral en el Pleno de la Asamblea de Madrid:

(i) La iniciativa PCOP-3724-2025 (con RGEP 21059-2025): “Fecha en la que la Comunidad de Madrid tuvo constancia de los fallos en las pulseras antimaltrato”.

(ii) La iniciativa PCOP-3725-2025 (con RGEP 21060-2025): “Actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras detectar fallos en las pulseras antimaltrato”.

b) Estas iniciativas fueron inadmitidas por la mesa de la Asamblea de Madrid, en sesión de 3 de octubre de 2025, por “no referirse su objeto a un asunto del ámbito de la Comunidad de Madrid”.

c) El 16 de octubre de 2025 se presentaron las respectivas solicitudes de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el art. 49 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. La demandante invocaba en ellas la infracción del art. 23 CE, por vulneración del ejercicio del ius in officium del cargo parlamentario. Consideraba que el acuerdo de la mesa había lesionado este derecho al inadmitir las iniciativas sin justificación suficiente o entrando a efectuar un control material o de fondo. Sostuvo que la mesa solo puede realizar un control formal de la legalidad de la iniciativa, sin valorar su pertinencia política. Puso de relieve que las preguntas se referían a una cuestión relacionada con las competencias autonómicas, citando en particular la existencia de una consejería competente en materia de mujer y de violencia de género, así como refiriéndose a la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, que atribuye expresamente a la administración regional responsabilidades en materia de protección, asistencia y evaluación de las medidas de protección de las víctimas.

d) Las solicitudes de reconsideración fueron desestimadas por la mesa de la Asamblea de Madrid, en su reunión del día 31 de octubre de 2025, oída la junta de portavoces. La mesa ratificó los acuerdos recurridos, de 3 de octubre de 2025, “en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos”, reiterando “los argumentos que se dieron para su no admisión en el momento de la calificación”.

Los acuerdos adoptados el 31 de octubre de 2025 fueron comunicados a la diputada recurrente el 5 de noviembre de 2025.

4. Tras exponer los antecedentes de hecho que tiene por convenientes, la demanda de amparo denuncia que los acuerdos impugnados lesionaron el derecho fundamental de participación política del art. 23 CE en su doble dimensión, la del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE) y del ius in officium de los diputados (art. 23.2 CE), que comprende el derecho a presentar iniciativas de control y a que sean tramitadas de conformidad con el Reglamento de la Asamblea de Madrid, sin obstáculos injustificados.

De forma accesoria, alega que se ha producido una infracción de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) porque la mesa utiliza motivos estereotipados y por remisión que, en la práctica, vacía de contenido el trámite de reconsideración, hace imprevisible el criterio de admisión y priva al parlamentario del conocimiento real de las razones de la restricción, impidiendo una defensa efectiva del estatuto representativo.

La demanda de amparo señala que la función de calificación de la mesa tiene un alcance constitucionalmente limitado, debiendo circunscribirse a un control estrictamente formal, quedando vedado cualquier tipo de control material, de fondo o de oportunidad política.

También expone que las preguntas para respuesta oral en Pleno, como las que fueron inadmitidas en los acuerdos objeto del presente recurso de amparo, constituyen un instrumento cualificado de control parlamentario al Gobierno y forman parte del núcleo del ius in officium.

La demanda razona que el motivo de inadmisión utilizado por la mesa parte de una interpretación restrictiva y errónea del ámbito competencial autonómico. Las dos preguntas inadmitidas se insertan, a su juicio, en las competencias autonómicas en materia de protección, asistencia y coordinación de políticas contra la violencia de género, ámbito en el que la Comunidad de Madrid ejerce funciones de gestión, supervisión y ejecución.

Además, alude como precedente a la proposición no de ley (PNL) 427-2025, relativa a los mismos hechos, y que fue admitida y debatida en la Asamblea de Madrid, sin que la mesa haya ofrecido explicación alguna sobre por qué esta iniciativa sí se consideró admisible, mientras que las dos preguntas orales que constituyen el objeto del presente recurso de amparo no lo serían.

Igualmente sostiene que los acuerdos que desestimaron las solicitudes de reconsideración carecían de motivación, al limitarse a efectuar una remisión a los acuerdos de 3 de octubre de 2025 sin dar respuesta a los argumentos planteados, especialmente los relativos a la lesión de derechos fundamentales.

En relación con el requisito de la especial trascendencia constitucional, la demanda la justifica afirmando que el recurso plantea una cuestión constitucional de alcance general: cuál es el límite entre la verificación formal de una iniciativa y su juicio de idoneidad. Además, este recurso de amparo estaría en la línea de otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional recientes en relación con la Asamblea de Madrid, en materia de inadmisión de iniciativas parlamentarias, siendo necesario continuar haciendo énfasis en la exigencia de motivación suficiente y en la proscripción de controles materiales por parte de la mesa de la Cámara.

Por todo ello, la demanda termina suplicando que:

(i) Se declare la vulneración del derecho fundamental del art. 23 CE, en relación de forma accesoria con el art. 9.3 CE.

(ii) Se declare la nulidad de los acuerdos recurridos.

(iii) Se ordene la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la adopción del acuerdo de inadmisión “para que la mesa dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, tramitando las iniciativas conforme al Reglamento y a la doctrina constitucional, con motivación suficiente y sin controles materiales impeditivos”.

Por otrosí digo, al amparo del art. 56 LOTC, se solicitó la adopción de la medida cautelar consistente en instar a la Asamblea de Madrid a no considerar definitivamente archivadas las iniciativas objeto de este recurso y a mantenerlas en situación susceptible de retroacción para que, en caso de estimación del recurso de amparo, puedan ser calificadas y tramitadas con eficacia durante la presente legislatura.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Tercera, de 5 de febrero de 2026, notificada al Ministerio Fiscal y a la representación de los demandantes de amparo, se tuvo por recibido el escrito de interposición del recurso de amparo y la documentación adjunta al mismo, indicándose que el recurso se había turnado a la Sala Segunda, Sección Tercera, del Tribunal Constitucional, así como que la ponencia había correspondido a la magistrada doña Laura Díez Bueso.

6. Mediante providencia de la Sección Tercera, de 8 de septiembre de 2026, se acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)]. En la misma providencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó igualmente dirigir atenta comunicación a la Asamblea de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera copia de las actuaciones correspondientes al acuerdo firme de la mesa de la Asamblea de Madrid, notificado por registro general de salida parlamentario (RGSP) 2883-2025, de 5 de noviembre de 2025, debiendo previamente emplazarse, por plazo de diez días, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que compareciesen si así lo deseaban.

7. Mediante providencia de la Sección Tercera, de 8 de septiembre de 2026, se acordó formar pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que alegasen lo que estimaran pertinente en relación con la medida cautelar interesada.

8. Mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2026, la representación procesal de doña María Belén González Moreno y del Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid solicitó como medida cautelar que se dirigiese requerimiento a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivadas las iniciativas PCOP-3724-2025 (con RGEP 21059-2025) y PCOP-3725-2025 (con RGEP 21060-2025), manteniéndolas en situación susceptible de retroacción de actuaciones a fin de que, en caso de estimación del amparo, puedan ser calificadas y tramitadas con eficacia dentro de la presente legislatura.

En su escrito recuerdan que la tutela cautelar no se agota en la suspensión, sino que pueden adoptarse cuantas medidas cautelares resulten necesarias para asegurar la efectividad del recurso de amparo, así como que la autonomía parlamentaria no puede ser un espacio exento de control constitucional. Sostienen que la diputada no puede reiterar las mismas preguntas, pues serán igualmente inadmitidas, debiendo tenerse en cuenta que los acuerdos impugnados evidencian un patrón reiterado de inadmisión de iniciativas y desestimación de reconsideraciones sin atender a los fundamentos jurídicos alegados. Además, la iniciativa se enmarca en la presente legislatura e impedir su tramitación y debate durante la misma vacía de contenido la función de control sobre una cuestión de relevancia pública relacionada con la protección de las víctimas de violencia de género. A juicio de los recurrentes, existe un riesgo cierto y efectivo de que, si no se adopta la medida cautelar, el amparo pierda su finalidad.

También se argumenta que la medida cautelar solicitada no produce una perturbación del normal funcionamiento de la Cámara ni genera una alteración indebida en la organización de los trabajos parlamentarios, sino que pretende preservar la posibilidad de retroacción, en caso de estimación del recurso de amparo.

El escrito se refiere también a la apariencia de buen derecho, explicando que las funciones de calificación de la mesa no le permiten ejercer un control político o de oportunidad sobre el contenido de las iniciativas, so pena de vulnerar el art. 23 CE.

9. Por escrito registrado el 24 de septiembre de 2026, la fiscal ante el Tribunal Constitucional se opone al otorgamiento de la medida cautelar interesada.

Aduce que la medida cautelar interesada no es necesaria ni idónea para preservar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria del recurso de amparo. En caso de estimación, además de declarar vulnerado el derecho fundamental y declarar la nulidad de los acuerdos recurridos, procedería ordenar la retroacción de las actuaciones al momento del dictado de los acuerdos para que la mesa de la Asamblea de Madrid calificase de nuevo las iniciativas de manera respetuosa con el derecho fundamental.

Además, la medida consistente en instar a la mesa a que no archive definitivamente las iniciativas supondría adelantar la resolución de las cuestiones controvertidas en el recurso de amparo.

Por último, la fiscal estima que resultan trasladables al presente supuesto los argumentos en virtud de los cuales se denegó la misma medida cautelar en los AATC 52/2026 y 53/2026, ambos de 8 de septiembre, recaídos en los recursos de amparo núm. 763-2026 y 773-2026.

En consecuencia, postula la denegación de la medida de suspensión solicitada.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del presente incidente y posiciones de las partes

El objeto de la presente resolución es decidir acerca de la procedencia o no de la medida cautelar instada por la parte recurrente.

En el presente recurso de amparo se impugnan los acuerdos de 31 de octubre de 2025, notificados el 5 de noviembre de 2025, de la mesa de la Asamblea de Madrid que desestimaron las solicitudes de reconsideración formuladas frente a los acuerdos de 3 de octubre de 2025 por los que se acordó no admitir a trámite las iniciativas parlamentarias de preguntas de respuesta oral en Pleno PCOP-3724-2025 (con RGEP 21059-2025) y PCOP-3725-2025 (con RGEP 21060-2025). En concreto, estas iniciativas tenían por objeto la formulación de dos preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su respuesta oral en el Pleno de la Asamblea de Madrid, relacionadas con la detección y actuación de la Comunidad de Madrid en relación con los fallos de las “pulseras antimaltrato”. La parte actora solicita como medida cautelar que se requiera a la mesa de la Cámara para que no considere como definitivamente archivadas las referidas iniciativas, manteniéndolas en situación susceptible de retroacción de actuaciones a fin de que, en caso de estimación del recurso de amparo, puedan ser calificadas y tramitadas con eficacia dentro de la presente legislatura.

El Ministerio Fiscal se opone a la medida cautelar solicitada, por no considerarla idónea para preservar la finalidad del recurso de amparo y por entender que su adopción implicaría anticipar el fallo de una eventual sentencia estimatoria.

2. Doctrina constitucional sobre las medidas cautelares en el recurso de amparo

El art. 56.1 LOTC establece como regla general que la interposición de un recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. No obstante, el apartado 2 del precepto establece una excepción a la previsión general, al admitir la suspensión cuando la ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, razón por la que se configura como una medida de carácter excepcional y de aplicación restrictiva (por todos, AATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1, y 59/2017, de 24 de abril, FJ 1). A su vez, el apartado 3 del art. 56 LOTC contempla la adopción de cualesquiera medidas cautelares que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

Como señalamos en el ATC 122/2022, de 26 de septiembre, FJ 1: “este tribunal ha declarado que quien solicita la adopción de la medida cautelar ha de alegar, probar o justificar, ofreciendo un principio razonable de prueba, que no son reparables o son de difícil reparación los perjuicios si prosiguiera la ejecución del acto impugnado, con objeto de mostrar que la ejecución podría privar a la demanda de amparo de su finalidad, provocar que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convertir el amparo en meramente ilusorio y nominal (ATC 128/2017, de 2 de octubre, y los allí citados). En todo caso, la adopción de la medida se condicionará a que la suspensión no produzca una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades públicas de un tercero (por todos, AATC 1/2016, de 18 de enero, y 26/2019, de 9 de abril, FJ 1). Por último, de modo general también ha insistido este tribunal (AATC 23/2017, de 13 de febrero, FJ l; 263/2001, de 15 de octubre, y 18/2002, de 11 de febrero, que se citan en aquella resolución) en la imposibilidad tanto de adelantar cuestiones controvertidas propias del fondo del recurso de amparo en la pieza incidental de suspensión, como de conceder la suspensión cautelar de la ejecución de una resolución o de un acuerdo si con ello se puede anticipar el amparo que se solicita”.

3. Aplicación de la doctrina al caso: denegación de la medida cautelar solicitada

Como se ha expuesto, la parte actora solicita como medida cautelar que se requiera a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivadas las iniciativas parlamentarias, consistentes en dos preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara. Para justificar la adopción de dicha medida cautelar, se argumenta que estas iniciativas son instrumentos de control parlamentario vinculados a un momento político determinado, por lo que el mero transcurso del tiempo puede hacer que las preguntas pierdan relevancia, vaciando de contenido una eventual estimación del recurso de amparo.

La aplicación de la jurisprudencia constitucional expuesta determina que deba denegarse la medida cautelar interesada.

Como ha expuesto el Ministerio Fiscal, la adopción de la medida cautelar solicitada, consistente en que no se tengan por archivadas las iniciativas parlamentarias, supondría avanzar o adelantar una parte relevante del contenido del fallo de una eventual sentencia estimatoria, lo que se halla vedado por la doctrina constitucional. En efecto, la decisión de no tener por archivadas las iniciativas durante la pendencia del recurso de amparo equivaldría materialmente a dejar sin efecto, al menos en parte, los acuerdos parlamentarios recurridos que procedieron a la inadmisión de aquellas, lo que supondría resolver anticipadamente lo que constituye el objeto del recurso de amparo y que únicamente puede ser decidido en sentencia. En este sentido, como hemos reiterado, en este trámite cautelar no puede examinarse de modo anticipado la cuestión de fondo, dado el sentido y finalidad de las normas sobre tutela cautelar recogidas en el art. 56 LOTC [véanse los AATC 26/2019, de 9 de abril, FFJJ 1 y 2; 65/2019, de 18 de junio, FFJJ 1 y 3; 89/2020, de 9 de septiembre, FJ 4, y 122/2022, de 26 de septiembre, FJ 3 c)].

Por otro lado, la mera referencia al transcurso del tiempo durante la pendencia del recurso de amparo no constituye justificación suficiente de que la ejecutividad de los acuerdos recurridos pueda hacer perder su finalidad al recurso de amparo. En este sentido, el Tribunal aprecia que la denegación de la medida cautelar interesada en modo alguno impide que, en el supuesto de estimarse el recurso de amparo, pueda acordarse la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de los acuerdos parlamentarios que inadmitieron las referidas iniciativas, como pretende expresamente la demanda de amparo. Tal constatación permite concluir que la medida cautelar interesada no es apta ni tampoco necesaria para preservar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria.

Por lo expuesto, la Sala

ACUERDA

Denegar la medida cautelar interesada.

Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

Identificación
Jurisdiction Sala Segunda
Judges

Doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso.

BOE (Official State Gazzete) number and date
Type and record number
Date of the decision 19/10/2026
Synthesis and summary

Descriptive Synthesis

Deniega la medida cautelar solicitada en el recurso de amparo 787-2026, promovido por doña María Belén González Moreno y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid en procedimiento parlamentario.

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