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1. El quince de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el Procurador de los Tribunales Don Adolfo Morales Vilanova, en nombre y representación de la Entidad Mercantil "SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A" promovió recurso de amparo, ante este Tribunal Constitucional, contra el Auto dictado por el Tribunal Central de Trabajo en dos de octubre de mil novecientos ochenta y dos, desestimando la queja entablada contra el pronunciado por la Magistratura de Trabajo numero once de las de Madrid con fecha treinta de junio anterior, que resolvía el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de dicha Magistratura de siete de junio del mismo año que declaraba no haber lugar al recurso de suplicación anunciado contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y dos, pronunciada en el proceso laboral numero 1087/82, por entender que las indicadas resoluciones, en cuanto declaran no haber lugar a la admisión del recurso de suplicación, por falta de la consignación que dice el articulo 154 de la Ley de Procedimiento Laboral (en lo sucesivo L.P.L.) son contrarias al articulo 14 de la Constitución Española (en lo sucesivo C.E.) ya que indicado precepto de la L.P.L. establece una discriminación basada en la circunstancia personal, económico-social cual es la condición de empresario, frente a la condición de trabajador, y al artículo 24 de la C.E. por cuanto la consignación produce indefensión e impide el acceso a la jurisdicción.

2. La Sección Tercera de este Tribunal Constitucional (en lo sucesivo T.C.) en resolución de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, admitió a trámite el recurso de amparo, y ordenó lo que dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo L.O.T.C.), dirigiendo escritos al Tribunal Central de Trabajo y a la Magistratura de Trabajo nº 11 de las de Madrid, solicitando la remisión de los antecedentes correspondientes.

3. La Sala, en providencia de fecha nueve de febrero pasado, acordó incorporar a estas actuaciones testimonio de la sentencia dictada el veinticinco de enero del año actual, por el Pleno del T.C., en la cuestión de inconstitucionalidad seguida bajo el número 222/82, y poner de manifiesto la misma a las partes y al Ministerio Fiscal para que en plazo común de diez dias, alegaran lo que estimaren procedente respecto a la continuación del presente proceso de amparo o la terminación por la causa sobrevenida del articulo 50.2.c) de la L.O.T.C .

4. En tiempo y forma, han presentado escritos el recurrente y el Ministerio Fiscal. El recurrente, dijo en el suyo que "entiende que el supuesto presentado en el recurso 222/ 82, es distinto del propuesto en el presente recurso, por no tratarse de casos en que la empresa condenada pretende recurrir y no puede hacerlo por carencia de disponibilidad suficiente para verificar la consignación."El Ministerio Fiscal, después de analizar la sentencia recaida en la indicada cuestión de inconstitucionalidad sostuvo que deberán reponerse los autos al momento de notificar la posibilidad de recurso en vía laboral y señalar de nuevo la exigencia a cumplir por el que pretenda recurrir la sentencia, concorde con cuanto ha señalado el T.C. Tal efecto, añade, tanto puede conseguirse por la continuación del proceso de amparo hasta su sentencia, como por entender que ha surgido el motivo de inadmisión a que hace referencia el artículo 50.2.c) de la L.O.T.C. reconociendo el derecho del recurrente a que se le otorgue nuevo plazo para anunciar el recurso laboral, atemperado a lo ahora resuelto por el T.C. El Ministerio Fiscal se inclina por esta segunda solución.

1. En los casos de la llamada consignación para recurrir en casación (art. 170 L.P.L.) o en suplicación (art. 154 L.P.L. ), este T.C, por sentencia del veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y tres (que ha sido publicada en el Boletin Oficial del Estado de diecisiete de febrero), ha distinguido la del importe a que ascienda la condena y la del incremento del veinte por ciento. En cuanto a la primera, ha dicho esta sentencia que los preceptos de la L.P.L. que la establecen no vulneran el articulo 14 C.E. que, como es sabido, proclama que los españoles son iguales ante la Ley, ni el art. 24.1 C.E., a cuyo tenor todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Como la pretensión de amparo se dirige contra una providencia judicial que por falta de consignación no tuvo por anunciado el recurso de suplicación y lo que se imputa a esta providencia es la violación de los artículos 14 y 24.1, consecuencia de la aplicación de un precepto (el art. 154 L.P.L.) que se considera contiene un privilegio atentatorio a la igualdad y obstaculizador de la tutela jurisdiccional, la desestimación de estos motivos en la sentencia que hemos dicho, determina, en este aspecto, la inadmisibilidad sobrevenida por aplicaión del artículo 50.2 c) de la L.O.T.C., pues los supuestos fácticos y los derechos constitucionales que se dicen violados guardan la sustancial igualdad que dice este precepto. Por lo demás, lo que ahora dice la recurrente de que su situación financiera no es la de falta de medios (a lo que se alude en el fundamento 5º de la indicada sentencia) deja también sin contenido lo que para tales situaciones se estableció en orden a la interpretación de los artículos 154 y 170 L.P.L. desde la superior norma del articulo 24 C.E.

2. Otra cosa es la consignación del veinte por ciento que, como hemos dicho, los artículos 154 y 170 L.P. L. suman, como presupuesto de admisibilidad de la suplicación o de la casación, a la del importe de la condena. Esta sí ha entendido el Tribunal (en la mencionada sentencia) que constituye un obstáculo a la tutela jurisdiccional, que al no estar justificado en aras de otro derecho o libertad fundamental, es contrario al artículo 24.1 CE.. Al apreciar esta inconstitucionalidad, los preceptos de la L.P.L. que lo establecen (los artículos 154 y 170) y los que en conexión con ellos regulan su régimen (articulos 163, 165, 175, 176, 180, 182, 183, 221), todos en lo concretado al "veinte por ciento", son nulos, tal como previene el articulo 39.1 y con los efectos generales que dice el artículo 38.1, los dos de la L.O.T.C. La recurrente ha tenido oportunidad en el trámite del artículo 50.2 de la L.O.T.C., de precisar su amparo, concretándolo a este punto. Pudiendo hacerlo, se ha reiterado en lo que constituye la esencia de su pretensión, manteniendo implicitamente los fundamentos que con invocación de los artículos 14 y 24 C.E., desarrolló en la demanda y añadiendo, ahora, como elemento diferencial, el que no se trata ahora de caso en que carezca de disponibilidad suficiente para verificar la consignación, elemento que, de tener alguna significación, es justamente contraria a la que pretende la recurrente. Sin embargo, el que no se haya concretado la cuestión a la invalidez del requisito de la consignación del veinte por ciento no debe impedir la aplicación de la nulidad proclamada en la sentencia, a la que antes hemos aludido. La regla del artículo 40.1 de la L.O.T.C., cuyo propósito es preservar la cosa juzgada, en aras del principio constitucional de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE.) y con excepción, a su vez, en los casos que dice el mismo precepto, de reducción de pena o de sanción, o de exclusión, exención o limitación de la responsabilidad, no es obviamente un obstáculo a la aplicación de la nulidad a los procesos pendientes, si no, justamente, un reforzamiento de la tesis de los efectos de la sentencia a los casos pendientes, y, entre ellos, desde luego, a aquellos en que la validez de la norma se cuestiona ante este T.C.

3. Pudiera pensarse que, manteniendo el recurso de amparo un contenido (el que significa la carga del veinte por ciento como obstáculo al acceso a los recursos de suplicación o casación) debiera continuarse hasta que por sentencia se otorgara el amparo en este aspecto, sentencia en la que, realmente, no haríamos más que aplicar el principio de invalidez de la norma que impone la consignación dicha. Ningún aspecto controvertido necesitaría ya respuesta jurisdiccional, pues los artículos 154 y 170, según se trate de recursos de suplicación o casación, respectivamente, han quedado en ese punto de la consignación del veinte por ciento privados de toda vigencia. Como aquí la sentencia que aplicamos ha recaído en una cuestión de inconstitucionalidad, a la que es inherente la eficacia "erga omnes", la continuación del proceso deviene inútil, pues se alcanza fácil remedio mediante la aplicación de la regla a todos los procesos pendientes, aplicación que, como es inherente a la propia naturaleza del pronunciamiento de nulidad, se hará por el Magistrado de Trabajo ante el que penda el proceso.