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1. El Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, presentó escrito ante este Tribunal el 11 de julio de 1983, por el que planteó conflicto positivo de competencia, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a efectos de la suspensión, en relación con el Decreto 84/1983, de 3 de marzo, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el que se declaran computables dentro del coeficiente de inversión obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorro, con sede social en Cataluña, los créditos que concedan para la adquisición de viviendas efectuada en el ámbito de la normativa establecido por el Decreto 280/1982.

Por providencia dictada el 29 de julio de 1983 por la Sección Primera de este Tribunal se acordó admitir a trámite el referido conflicto, con suspensión del Decreto objeto del mismo y trasladar los escritos de planteamiento al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña para que pudiera comparecer y formular alegaciones en el plazo legal habilitado al efecto.

2. Comparecido en tiempo y forma el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, presentó escrito de alegaciones el 30 de septiembre último, en solicitud de que se tuviera por contestada la demanda y en su día se dictase Sentencia desestimando aquélla y declarando que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad y que, por consiguiente, no procedía la anulación del Decreto impugnado.

3. Por Auto del Pleno de este Tribunal de 20 de diciembre último se acordó, una vez oídas las partes del presente conflicto, mantener la suspensión del Decreto 84/1983, de 3 de marzo, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, hasta que se dicte Sentencia, publicándose dicho acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

4. El Abogado del Estado, en escrito presentado el 13 de abril último, al que acompaña certificación del Ministro de la Presidencia del Gobierno, manifiesta que siguiendo instrucciones de la Superioridad y según resulta de la certificación acompañada, se sirva tener por desistido al Gobierno del presente conflicto positivo de competencia.

La Sección Primera de este Tribunal, en providencia de 25 de abril último, acordó dar traslado del referido escrito al Consejo Ejecutivo de la Generalidad para que alegase lo que estimase conveniente sobre el desistimiento. Dentro del plazo concedido, el Abogado de la Generalidad de Cataluña, evacuando el traslado conferido, manifiesta que no tiene nada que oponer al desistimiento efectuado por el Gobierno.

Único. El art. 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se- ñala como una de las posibles formas de terminación de los procesos constitucionales el desistimiento, exigiendo dicho precepto que tal acto procesal deberá revestir la forma de Auto. Por su parte, el art. 80 de la misma Ley Orgánica se remite con carácter supletorio a la de Enjuiciamiento Civil en materia de desistimiento.

Sin necesidad de entrar en los problemas que puede plantear el desistimiento en los diversos tipos de proceso constitucional, basta con señalar que instado el desistimiento por el Gobierno de la Nación, y habiendo mostrado su conformidad la Generalidad de Cataluña, en el presente caso procede admitirlo, dando por terminado el proceso.