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1. Don Emilio Torrenst Cubí, Gestor administrativo y vecino de Palma de Mallorca, formuló un escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 11 de febrero de 1985 con la pretensión de que se anulara la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 3 de dicha capital y de fecha 6 de octubre de 1984, en cuanto que fue condenado como autor de una falta de intrusismo, tipificada en el art. 572.2 del Código Penal y señalando como infringidos los arts. 9.1 y 3, 10.1, 24.1 y 2, 25.3, 103 y 107 de la Constitución Española (C.E.), solicitando en otrosí la suspensión de la indicada Sentencia, e interesando también en su segundo otrosí que se le nombrara Procurador de oficio, y haciendo una exposición de hechos y de fundamentos de Derecho de acuerdo con lo anteriormente indicado.

2. Por providencia de la Sección se acordó tener por recibido dicho. escrito en demanda de amparo, solicitando del recurrente que acreditara fehacientemente ser Licenciado en Derecho, a los efectos de su postulación, y que acreditara en el plazo de diez días tal condición, así como también la fecha de notificación de la Sentencia recurrida anteriormente indicada.

Notificada dicha providencia, transcurrió con exceso el plazo concedido sin cumplimentar lo que se le pedía.

3. La propia Sección dicto un nuevo proveído otorgando un nuevo plazo de diez das al recurrente, a los propios efectos antes indicados.

Con fecha 9 de abril de 1985 se recibió escrito del recurrente, señalando para su defensa al Abogado del Colegio de Baleares don Daniel Caubet González y para que lo representara al Procurador don Francisco de Guinea y Gauna del Colegio de Madrid.

La misma Sección por providencia acordó requerir al Letrado y Procurador indicados para que dentro del plazo de diez días manifestaran si aceptaban la designación hecha por el recurrente, debiéndose personar el indicado Procurador, en caso afirmativo de aceptación, dentro del mismo plazo.

Por providencia de 26 de junio de 1985 ante el incumplimiento de las aceptaciones del Abogado y Procurador, se acordó poner en conocimiento del recurrente, que los designados por él no habían aceptado expresamente su encargo, otorgándole otro plazo de diez días para que manifestare lo conveniente.

El Secretario por diligencia hizo constar que el servicio de correos le había devuelto la notificación remitida al recurrente, indicando que el mismo «se ausentó intervenido».

Por lo que la Sección ordenó en nueva providencia que se le hiciera notificar la anterior providencia de 26 de junio, a través del Juzgado Decano de los de Primera Instancia e Instrucción de Palma de Mallorca.

Siendo repartido el mandamiento al Juzgado de Instrucción núm. 2 de dicha capital, quien trató de cumplimentar el encargo, pero no se pudo efectuar porque, según diligencia levantada el 7 de octubre de 1985 por el Agente Judicial, hacía constar que don Emilio Torrenst, según los vecinos, se había ausentado el mes de julio de su domicilio, ignorándose sus señas y paradero actuales.

4. En providencia de 23 de octubre del presente año la Sección acordó, visto el resultado del anterior mandamiento, publicar edictos en el «Boletín Oficial de Baleares», concediendo al solicitante del amparo el plazo de diez días, a fin de que dentro del mismo, manifestare lo que estimare conveniente, en relación a los acuerdos anteriores de este Tribunal Constitucional.

Se publicó tal edicto en el «Boletín Oficial de la provincia de Baleares» de 7 de noviembre de 1985, habiendo transcurrido según diligencia del Secretario de estas actuaciones, el plazo de diez días concedido, sin que se hubiese obtenido resultado alguno.

Único. En el caso de examen, habiendo formulado eserito de amparo el recurrente sin la asistencia de dichos profesionales, no se ha podido conseguir, a través de las diversas providencias y actuaciones practicadas, que se enumeran en los antecedentes de esta resolución, que el propio actor hiciera designación de Procurador y Abogado, por no aceptar los designados el encargo hecho, y no realizar nueva designación de otro Procurador y Abogado que pudieran representarle y dirigirle jurídicamente en este proceso; por lo que, en virtud de todo ello, ha de entenderse extinguido el proceso, por caducidad de la acción ejercitada.