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1. El Procurador don Samuel Martínez de Lecea, actuando en nombre de la Sociedad Construcciones y Servicios Inmobiliarios, S. A., presentó, con fecha 28 de abril pasado, escrito que calificó como recurso de amparo en virtud de lo que consideraba violación del art. 24 del texto constitucional cometido a su juicio por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid en el expediente núm. 1848/80 sobre secuestro y posesión interina de fincas, promovido por el Banco Hipotecario de España.

Con la misma fecha, el mismo Procurador, actuando en nombre de la Sociedad Urbanizadora Móstoles Residencial, S. A., promovió un recurso de amparo como consecuencia de las violaciones cometidas, según su criterio, del art. 24 de la Constitución por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, en el expediente núm. 1886/80, promovido también por el Banco Hipotecario de España, sobre secuestro y posesión interina de fincas, y también con fecha 29 de abril el Procurador señor Martínez de Lecea, actuando en nombre de la Sociedad antes indicada, Urbanizadora Móstoles Residencial, S. A., promovió recurso de amparo por presunta violación del art. 24 de la Constitución supuestamente cometida por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Madrid, en otro expediente también sobre secuestro y posesión interina de fincas.

2. Que el Pleno del Tribunal, por acuerdo de 9 de junio pasado, resolvió oír a los comparecidos por plazo de diez días a fin de que se pronunciaran acerca de la posible acumulación de los tres recursos mencionados, registrados en los registros de este Tribunal con los núms. 55, 56 y 57 de 1981.

3. Que el Ministerio Fiscal único en ese momento comparecido ha evacuado el traslado conferido, dentro del término que se le concedió, mostrando su conformidad con la acumulación, no haciéndolo el solicitante del amparo.

Único. La acumulación fue propuesta a iniciativa del Tribunal por entender que puede existir una práctica identidad de los supuestos de hecho sometidos a la consideración del Tribunal, aunque sean diferentes las personas jurídicas recurrentes y las Autoridades judiciales supuestamente causantes de la lesión.

La acumulación tiene su fundamento más profundo en la conveniencia de dotar de mayor agilidad al proceso y de facilitar la economía procesal.

En el momento actual, han podido practicarse las diligencias de citación y de reclamación de los autos respecto de los que se encontraban en el Juzgado de Primera Instancia núm. 11, pero no de los que tramita el Juzgado de Primera Instancia núm. 4, que se encuentran en la Excma. Audiencia Territorial. Por esta razón, decretar en el momento actual la acumulación de los tres asuntos indicados puede entorpecer la economía del proceso, lejos de facilitarla.