Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 3 de enero de 1986, el Procurador de los Tribunales don Samuel Martínez de Lecea y Ruiz interpone, en nombre y representación de don José Zaragoza Ferrer, recurso de amparo contra sentencia de 13 de mayo de 1985 de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, que desestimó el recurso de apelación por él interpuesto y confirmó la sentencia dictada el 1 de septiembre de 1983 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia en autos sobre declaración de censo enfitéutico.

2. La demanda de amparo se fundamenta en los siguientes hechos:

Con fecha 10 de mayo de 1980, el recurrente formuló demanda de juicio declarativo de mayor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia, tramitada con el número 845/80, solicitando la declaración de censo enfitéutico a perpetuidad sobre una finca rústica sita en el término municipal de Meliana (Valencia) que, desde tiempo inmemorial y como heredero de doña Josefa Ferrer Ruiz, tenía en arrendamiento. Por sentencia de 1 de septiembre de 1985 fue desestimada la demanda al estimar el Juez que el actor no había demostrado, como le compete, el tracto sucesivo cuya realidad alegaba, y tampoco había quedado acreditada la persistencia del censo sobre la finca litigiosa. Formulado recurso de apelación contra dicha sentencia ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, ésta lo desestimó en la suya de 13 de mayo de 1985, confirmando la resolución judicial recurrida.

3. La representación del demandante de amparo estima que la citada sentencia de la Audiencia Territorial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, al denegar la existencia de censo enfitéutico con olvido de los derechos adquiridos por su representado derivados de situaciones jurídicas anteriores al Código Civil; asimismo considera que el artículo 7º y la Disposición transitoria primera, regla tercera, de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, reguladora de los arrendamientos rústicos, es inconstitucional e inaplicable al caso concreto, por no respetar y tutelar tales derechos adquiridos, regulados por la legislación anterior al Código Civil.

En consecuencia, solicita de este Tribunal que anule la sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, y que reconozca a su representado los derechos adquiridos nacidos con anterioridad al Código civil y regulados por la legislación anterior al mismo, sin que sean de aplicación a su caso ni el Código civil ni la legislación vigente en materia de arrendamientos rústicos.

4. Por providencia de 22 de enero de 1986, la Sección la (Sala Primera) de este Tribunal acuerda conceder un plazo común de diez días al recurrente en amparo y al Ministerio Fiscal, a fin de que aleguen lo que estimaren oportuno en relación con la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional (artículo 50.2.b) de la Ley Orgánica del mismo (L.O.T.C.).

5. En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal interesa se dicte auto de inadmisión, basándose en que la pretendida violación del artículo 24.1 carece, a su juicio, de dimensión constitucional, ya que la teoría de los "derechos adquiridos" alegada por el recurrente no está recogida en la Constitución, pudiendo el legislador regular en una nueva ley las relaciones jurídicas ya existentes con la retroactividad que estime pertinente, sin más límite que el establecido en el artículo 9.3 de la Norma fundamental. Por ello, las Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª de la Ley de Arrendamientos Rústicos son constitucionales en cuanto regulan la normativa aplicable a las situaciones jurídicas existentes en el momento de su entrada en vigor, es decir, en cuanto señalan su propia retroactividad.

6. Por su parte, la representación del demandante de amparo reitera en su escrito de alegaciones que la sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia ha vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución al no respetar los derechos adquiridos con anterioridad al Código civil, y que dicha Sala ha causado indefensión a su representado al no plantear cuestión de inconstitucionalidad, por el mismo motivo, sobre determinados preceptos y disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

Único. De los escritos y documentos presentados se deduce de forma manifiesta que la presente demanda de amparo carece de contenido constitucional, pues lo que el recurrente pretende de este Tribunal es que revise la forma en que los Tribunales ordinarios han interpretado las normas legales aplicables. Pero, como reiteradamente ha venido declarando, el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia y no le compete, por tanto, enjuiciar la actuación de los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que de forma exclusiva les confiere el artículo 117.3 de la Constitución, salvo que de ella se derive la vulneración de alguno de los derechos y libertades fundamentales que, de conformidad con el artículo 161.l.b) en relación con el 53.2 de la misma, son susceptibles de amparo los reconocidos en los artículos 14 al 30 de la Norma fundamental, lo que no sucede en el presente caso, pues la protección de los derechos adquiridos alegada por el recurrente no figura entre ellos.