Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Con fecha 23 de abril de 1986 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional procedente del Juzgado de Guardia de Barcelona, donde fue efectuada el 15 de abril de 1986, la presentación de don Manuel Rubio Cañadas y don Josep Pitarque Narejos, con patrocinio de Letrado, en el que deducián solicitud de amparo y solicitaban la designación de Procurador del turno de oficio.

2. Los recurrentes fueron juzgados ante la Audiencia Provincial de Barcelona por los delitos de injurias y calumnias, de los que fueron absueltos por sentencia de 17 de diciembre de 1983. Recurrida en casación la sentencia por el querellante, la Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó dos motivos del recurso y dictó segunda sentencia con fecha 17 de marzo de 1986 manteniendo la absolución de don Manuel Rubio Cañadas y condenando a don Josep Pitarque Narejos como autor del delito de injurias graves (artículos 457; 458, 32; 459 y 463 del Código Penal), haciendo expresa aplicación del artículo 15 del mismo Código, a la pena de un año de destierro a cien kilómetros de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y multa de 50.000 pesetas, así como a indemnizar al perjudicado la cantidad de 300.000 pesetas.

3. En la demanda de amparo se alega vulneración de los artículos 20, 22, 24.1 y 24.2 de la Constitución, pidiendose la declaración de nulidad de las sentencias del Tribunal Supremo y el reconocimiento de los derechos y libertades vulnerados y el restablecimiento de la validez de la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 17 de diciembre de 1983.

4. Nombrado que les fue Procurador del turno de oficio, la representación de los recurrentes formalizó las demandas de amparo y de justicia gratuita, pidiéndose además la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada. Para sustanciar esta petición incidental se formó pieza separada en la que han sido oídos la representación demandante, que ha reiterado su petición, y el Ministerio Fiscal, quien ha mostrado su conformidad a la suspensión.

Único. - La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a uno de los recurrentes a pena de destierro y multa con arresto sustitutorio en caso de impago, podría hacer perder al amparo su finalidad si se estimase el recurso y la pena estuviese ya ejecutada.

No se aprecia por otra parte, que el interés público, siempre concurrente en la ejecución de las resoluciones judiciales, no quede a salvo con dicha suspensión por el tiempo que dure este proceso.