Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 5 de octubre de 2000. el Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Mejías, en nombre y representación de don Ginés Rueda Perales, formuló demanda de amparo constitucional frente a la Sentencia, recaída en el recurso núm. 154-2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 24 de julio de 2000.

2. Los hechos de que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la resolución del caso, son, en síntesis, los siguientes:

a) La Sentencia impugnada en el presente recurso desestimó el de apelación interpuesto por don Ginés Rueda Perales contra la Sentencia que había sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que, por medio de ella, había acordado la inadmisión del recurso por inadecuación de procedimiento, ya que se entendía que se trataba de una cuestión de legalidad ordinaria.

b) El demandante había interpuesto dichos recursos jurisdiccionales, a través del procedimiento de protección de los derechos fundamentales, por considerar que le había sido vulnerado el derecho a la libertad sindical (art. 28 CE), al haber sido objeto de un cambio en el puesto de trabajo con alteraciones laborales y salariales.

3. Por providencia de la Sección Cuarta de 17 de mayo de 2001 se declaró la inadmisión a trámite del presente recurso de amparo, por concurrir el motivo comprendido en el art. 50.1 c) LOTC, carecer la demanda de contenido constitucional que justifique una decisión sobre el fondo de la misma.

4. El día 7 de junio de 2001 tuvo entrada un escrito del Ministerio Fiscal en cuya virtud, y de conformidad con el art. 50.2 LOTC, interpone recurso de súplica contra la mencionada providencia. Súplica que descansa en que no se considera aplicable la doctrina a que se acoge la providencia impugnada sobre la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva mediante una resolución razonada de inadmisión; reconociendo que en la apelación el demandante no alegó expresamente el derecho a la libertad sindical, no obstante Äconsidera el FiscalÄ, tal alegación resultaba implícita dado el estricto objeto del proceso contencioso-administrativo, y sobre lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, además, resolvió expresamente. Siendo así éste el derecho directamente involucrado en el presente recurso de amparo, sin olvidar que el demandante era efectivamente delegado sindical y sufrió un cambio en las condiciones de trabajo que puede implicar la afección de dicho derecho fundamental.

Único. El recurso de súplica interpuesto sobre la base del art. 50.2 LOTC por el Ministerio Fiscal ha de ser estimado. En efecto, las resoluciones judiciales atacadas en este recurso de amparo no inadmiten el recurso contencioso-administrativo por

motivos procesales, defectos insubsanables o no subsanación en plazo, sino por inadecuación del procedimiento, al entender el Juez, y luego la Sala, que la cuestión planteada era de legalidad ordinaria, y, en consecuencia, no había derecho fundamental

alguno implicado en la queja del recurrente. Sin embargo, y aunque es cierto que la demanda de amparo alega el derecho a la tutela judicial efectiva, esta alegación está, sin duda, en directa conexión con el derecho a la libertad sindical, cuya queja

fundamenta, precisamente, la pretensión de amparo que ahora ha ejercitado el demandante ante este Tribunal Constitucional. Por lo que ha de estimarse el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio fiscal, y, dado que no se aprecia la concurrencia de

otra causa de inadmisión, procede, con revocación de la providencia impugnada, admitir a trámite la demanda de amparo.