Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. El 15 de abril de 2025 tuvo entrada en el registro general de este tribunal la demanda de amparo planteada por la procuradora de los tribunales doña María Esmeralda González García Del Río, en nombre y representación de la asociación HazteOir.org, y bajo la dirección letrada de don Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, frente a las resoluciones citadas en el encabezamiento.

En dichas resoluciones judiciales fue acordada y ratificada la inadmisión a trámite de la querella por prevaricación presentada por la asociación demandante contra el presidente, magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso.

En el recurso de amparo se denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, en cuanto garantiza el acceso a la jurisdicción, en relación con el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), y la existencia de incongruencia omisiva.

La lesión denunciada se asocia a la inadmisión, por las resoluciones impugnadas, de la querella planteada por la asociación recurrente contra las citadas magistradas y magistrados del este tribunal que firmaron el ATC 284/2023, de 5 de junio, y la STC 93/2024, de 19 de junio, así como las resoluciones de este tribunal que acordaron la admisión a trámite y resolvieron en forma de sentencia los recursos de amparo planteados por diversos condenados frente a las sentencias condenatorias, dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificadas en parte por el Tribunal Supremo, en el marco de la denominada “pieza específica del caso ‘ERE’”, seguida contra diversos miembros del Gobierno y de la administración de la Junta de Andalucía -incluyendo desde presidentes de la comunidad autónoma a directores generales- por haber intervenido, a lo largo de casi diez años, en el diseño de un sistema de concesión y/o ejecución de ayudas sociolaborales.

2. Mediante escrito de 16 de junio de 2025, el magistrado don Juan Carlos Campo Moreno ha comunicado, a los efectos oportunos, conforme a lo previsto en el art. 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en relación con el art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), su voluntad de abstenerse de intervenir en el conocimiento del indicado recurso de amparo, que se encuentra en fase de admisión ante esta Sección Segunda, por entender que en él concurre la causa establecida en el art. 219.10 LOPJ.

Único. La doctrina de este tribunal ha declarado que, conforme a lo previsto en el art. 219.10 LOPJ, por interés directo o indirecto debe entenderse aquello que proporcione al magistrado afectado un potencial provecho o beneficio o le evite una carga o perjuicio, para sí o para sus allegados. Ha de tratarse de un interés singularizado en relación con el concreto proceso en que se plantee su apartamiento y actual, esto es, concurrente en el momento en que se promueve su apartamiento mediante la recusación (por todos, AATC 484/2023, de 24 de octubre, FJ 3, y 23/2025, de 11 de marzo, FJ 3).

En consecuencia, vista la comunicación efectuada por el magistrado don Juan Carlos Campo Moreno, en virtud de lo previsto en los arts. 80 LOTC y 221.4 LOPJ, se estima justificada la causa de abstención formulada, al constatarse que, junto con otros integrantes del colegio de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional a quienes se ha hecho antes referencia, fue objeto de la querella inadmitida a trámite por los autos del Tribunal Supremo impugnados que conforman el objeto directo del recurso de amparo constitucional, de modo que puede entenderse que tiene interés directo en el curso del presente procedimiento (ATC 53/2022, de 11 de marzo, FJ 2).