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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

Pleno. Auto 65/2026, de 20 de octubre de 2026. Recurso de amparo 6762-2025. Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 38/2026, de 23 de junio, que declaró que no se ha producido funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo 6762-2025, promovido por don Jacques Hachuel Moreno en proceso contencioso administrativo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno, doña Laura Díez Bueso y don José María Macías Castaño, en el recurso de amparo núm. 6762-2025, promovido por don Jacques Hachuel Moreno, ha dictado, con ponencia de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, el siguiente

AUTO

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de julio de 2026, don Jacques Hachuel Moreno, representado por la procuradora de los tribunales doña Mónica Paloma Fente Delgado y bajo la dirección del letrado don José Luis Mazón Costa, interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente, incidente de nulidad o recurso de aclaración frente al ATC 38/2026, de 23 de junio.

2. La impugnación tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El 29 de septiembre de 2025, don Jacques Hachuel Moreno, representado por la procuradora de los tribunales doña Mónica Paloma Fente Delgado y asistido por el abogado don José Luis Mazón Costa, interpuso recurso de amparo contra: (i) El auto de 20 de febrero de 2025, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, mediante el cual se estimó parcialmente -reduciendo de 40 000 a 10 000 € la tasación de los honorarios del abogado del Estado- el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en amparo contra la tasación de costas efectuada en su día por la letrada de la administración de justicia; y (ii) el auto de 30 de julio de 2025, de la misma Sala y Sección, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente al auto de 20 de febrero de 2025, al entender el órgano judicial que en este último se había dado respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso de revisión, sin que existiese lesión del art. 24 CE ni procediese el planteamiento de cuestión prejudicial alguna. Ambas resoluciones tienen como antecedente la sentencia de 1 de julio de 2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el procedimiento de derechos fundamentales núm. 2-2020, mediante la cual se desestimó el recurso de don Jacques Hachuel Moreno contra la desestimación presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, con condena en costas al reclamante.

La demanda de amparo denunciaba la vulneración de los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva, a una resolución motivada y a la defensa (art. 24.1 CE); dichas lesiones se imputaban a la alegada falta de análisis y respuesta, por parte de los autos impugnados, a cuestiones relevantes planteadas por el recurrente en revisión y en nulidad de actuaciones. Para fundamentar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda señalaba lo siguiente: “[N]o existe jurisprudencia clarificadora sobre la necesidad de ajustar las costas al coste real del gasto y no a sumas muy por encima de él cuando en este caso el Estado tiene un coste de unos 50 € la hora y cobra 1000 € por cada hora en el caso de autos”.

b) La Sección Cuarta de este tribunal, mediante providencia de 8 de enero de 2026, acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no haberse justificado suficientemente su especial trascendencia constitucional. Se indicó en la providencia de inadmisión que la misma se adoptaba “con arreglo a lo previsto en el art. 50.1 a) LOTC, toda vez que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC), lo que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, requiere una argumentación específica y suficiente (STC 69/2011, de 16 de mayo, FFJJ 2 y 3, y jurisprudencia constitucional allí citada)”.

c) El día 27 de enero de 2026, la providencia de inadmisión fue notificada al Ministerio Fiscal, que no interpuso recurso de súplica contra la misma en el plazo de tres días previsto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), lo que, según se había prevenido expresamente en la propia providencia, dio lugar al archivo de las actuaciones sin más trámite.

d) Por escrito registrado en este tribunal el 27 de enero de 2026, dirigido al Pleno gubernativo de este tribunal, don Jacques Hachuel Moreno, afirmando actuar “al amparo del art. 32.4 de la Ley 40/2015, [de 1 de octubre,] de régimen jurídico del sector público, en relación con los arts. 106.2 y 121 CE”, solicitó que este tribunal declarase que, al inadmitir el recurso de amparo núm. 6762-2025, había “incurrido en una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Köbler [asunto C-382/97], Traghetti del Mediterráneo [asunto C-173/03]), a los solos efectos de habilitar la posterior reclamación (cuantificadora) de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez por los daños derivados de dicha actuación”.

Como fundamento de esta petición, se argumenta en el escrito que “[e]lemento nuclear y novedoso de la presente reclamación es que se afirma, sin ambages, que el Tribunal Constitucional también está sujeto al régimen de responsabilidad del Estado-Juez configurado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de modo que su actuación puede integrar un supuesto de funcionamiento anómalo en forma de infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, cuya concreta materialización se expone y fundamenta en este escrito”. En esencia, la parte alega: (i) que el Tribunal Constitucional es la última instancia nacional llamada a garantizar la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en coherencia con el art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), y a asegurar el correcto uso del filtro de “especial trascendencia constitucional” cuando el litigio presenta una evidente dimensión europea; (ii) que el recurso de amparo denunciaba una imposición excesiva de costas que operaba como instrumento de intimidación económica para desalentar procesos de responsabilidad patrimonial contra el Estado-Juez, con invocación directa del art. 47 CDFUE y del principio de efectividad del Derecho de la Unión, habiendo rechazado la Audiencia Nacional plantear cuestión prejudicial al respecto; (iii) que pese a ello, la providencia de inadmisión del recurso de amparo se limita a la fórmula estereotipada de “no apreciar especial trascendencia constitucional”, sin una sola línea de motivación específica que explique por qué un asunto objetivamente pionero y de evidente proyección general carecería de tal trascendencia, vaciando de contenido el propio diseño del art. 50 LOTC cuando está en juego la efectividad del Derecho de la Unión; y (iv) que con este proceder, el Tribunal Constitucional no solo niega un control constitucional interno, sino que interrumpe la cadena de garantía del Derecho de la Unión, impidiendo que la cuestión llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial. Por ello, tratándose de un asunto claramente conectado con el Derecho de la Unión, en el que se han vertido argumentos específicos sobre la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y el principio de efectividad, y habiéndose producido una negativa inmotivada a analizar estas circunstancias, se ha originado una infracción suficientemente caracterizada por parte de un órgano jurisdiccional de última instancia.

En el petitum del escrito se insta del Tribunal: (i) que “[d]eclare que la providencia de inadmisión del recurso de amparo […] ha incurrido en una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea, en particular del art. 47 de la Carta de derechos fundamentales y del principio de efectividad, en conexión con el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea”; (ii) que “[r]econozca que dicha infracción es imputable al Estado-Juez a través de la actuación de este tribunal como órgano jurisdiccional de última instancia, a los efectos de lo previsto en el art. 32.4 de la Ley 40/2015”; (iii) que “declare que en la inadmisión ha mediado al menos culpa grave, si no dolo, de modo que los tres magistrados integrantes de la Sección asuman la responsabilidad personal por las consecuencias de su decisión, y que, en coherencia con ello, reintegren de su propio bolsillo al Estado las cantidades que este deba indemnizar al reclamante”; y (iv) que “[d]eje en su caso la vía expedita para acudir ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para el control debido de esta faceta del anormal funcionamiento o infracción bien caracterizada como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

e) La Sección Cuarta del Tribunal, mediante providencia de 29 de enero de 2026, acordó unir el anterior escrito al recurso de amparo núm. 6762-2025 y “participar [al recurrente] que cualquier escrito dirigido al Tribunal Constitucional, en el presente recurso, deberá ser presentado a través de procurador, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 de la Ley Orgánica de este tribunal”.

f) El día 3 de febrero de 2026 tuvo entrada en el registro del Tribunal un segundo escrito del recurrente en amparo, esta vez representado por la procuradora de los tribunales doña Mónica Paloma Fente Delgado y asistido por el abogado don José Luis Mazón Costa. El escrito vuelve a dirigirse al Pleno gubernativo del Tribunal y a través de él se interponía “recurso de reposición o alzada dada la naturaleza administrativa y no jurisdiccional del trámite, y en su defecto judicial, contra la providencia de 29 de enero de 2026”, antes citada.

En este escrito se denunciaba, en síntesis, que al dictarse la providencia de 29 de enero de 2026 la Sección Cuarta había usurpado las funciones del Pleno gubernativo y que se había impuesto a la parte la exigencia arbitraria de personarse representado por procurador, así como que todo ello tiene origen en el desconocimiento, por parte de la Sección Cuarta, de la naturaleza del trámite iniciado mediante el escrito de 27 de enero de 2026. Se refiere, así, a la naturaleza administrativa del cauce del art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y a su diferencia con los procesos constitucionales regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Según indica el recurrente, tal escrito no pretendía continuar el proceso de amparo, sino abrir un cauce singular de carácter pre-administrativo, al servicio de una ulterior reclamación patrimonial ante la Administración y, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Se argumenta que también la providencia de inadmisión constituía una infracción suficientemente caracterizada del propio derecho a la tutela constitucional.

En el petitum del escrito se insta del Tribunal: (i) que deje sin efecto la exigencia de actuar en dicho trámite mediante procurador, declarando que el art. 81.1 LOTC no resulta de aplicación al cauce singular de la declaración previa de funcionamiento anormal, que ostenta naturaleza administrativa; (ii) que subsidiariamente, declare subsanado el defecto por la personación realizada mediante la procuradora; y (iii) que reconozca la existencia de una infracción suficientemente caracterizada causada por la providencia de inadmisión del recurso de amparo, acordando su examen sin intervención de los magistrados que suscribieron dicha inadmisión.

g) La Sección Cuarta del Tribunal, mediante providencia de 10 de febrero de 2026, acordó (i) tener por subsanado el defecto procesal puesto de manifiesto en la providencia de 29 de enero de 2026 y, por tanto, admitir a trámite la solicitud efectuada por la parte recurrente en el escrito presentado ante este tribunal el 27 de enero de 2026; y (ii) formar pieza separada con dicha solicitud y comunicar su incoación a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado, concediéndoles un plazo de diez días para la presentación de alegaciones.

El abogado del Estado formuló alegaciones en su escrito registrado el 20 de febrero de 2026, en el que instó la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación de la solicitud de declaración de funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional en la tramitación del recurso de amparo núm. 6762-2025. El Ministerio Fiscal, a través de su escrito registrado el 4 de marzo de 2026, presentó sus alegaciones interesando la inadmisión del incidente. El solicitante no presentó alegaciones.

h) Por providencia de 28 de abril de 2026, el Pleno del Tribunal, a propuesta del presidente y conforme establece el art. 10.1 n) LOTC, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo, a fin de resolver sobre la petición formulada por el recurrente en su escrito presentado el 27 de enero de 2026. Por ATC 32/2026, de 9 de junio, el Pleno acordó estimar justificadas las abstenciones formuladas por la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón y los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla.

i) Por ATC 38/2026, de 23 de junio, el Pleno acordó declarar que no se había producido un funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo núm. 6762-2025.

3. A través del escrito registrado en este tribunal el día 8 de julio de 2026, el recurrente interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente, incidente de nulidad o recurso de aclaración, frente al citado ATC 38/2026 por el que se declara “que no se ha producido funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo núm. 6762-2025”. Fundamenta su recurso en lo que sigue:

En primer lugar, pone de manifiesto que la solicitud presentada el 27 de enero de 2026 no pretendía revocar, revisar ni dejar sin efecto la providencia de inadmisión del recurso de amparo, sino obtener una declaración previa de funcionamiento anormal o infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea, como presupuesto para el ulterior ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial derivada de la actuación del Tribunal Constitucional. Aduce que tal pretensión se inserta materialmente en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y no en el sistema ordinario de recursos jurisdiccionales de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

A su entender, el ATC 38/2026 impugnado altera de forma sustancial el objeto de la pretensión deducida, pues transforma una solicitud de declaración previa habilitante para responsabilidad patrimonial en una supuesta impugnación encubierta de la providencia de inadmisión del amparo, y la desestima sobre esa base, incurriendo así en incongruencia por sustitución del verdadero objeto litigioso. Aduce que, de esta manera, se vacía de contenido la garantía legal prevista por el legislador en materia de funcionamiento anormal del propio Tribunal Constitucional. Discrepa, asimismo, de la afirmación del ATC 38/2026 recurrido, conforme al cual este cauce tiene naturaleza exclusivamente jurisdiccional y debe resolverse por auto, y no por acuerdo, y afirma que, en todo caso, la materia sustantiva de fondo es una materia de responsabilidad patrimonial configurada por ley administrativa y orientada a una posterior reclamación indemnizatoria ante la Administración y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Además, la resolución impugnada incurre en “tergiversación material de la pretensión de esta parte, pues reduce el caso a una mera discrepancia sobre la motivación de la inadmisión del amparo y omite el núcleo real del reproche: la existencia de un supuesto excepcional de costas procesales desproporcionadas en litigio de derechos fundamentales, con un tratamiento económico del abogado del Estado como si asumiera funciones duplicadas o equivalentes a las del procurador, generando un resultado disuasorio contrario al art. 47 de la Carta y al principio de efectividad del Derecho de la Unión”. Considera que ello comporta que “el Tribunal evita pronunciarse sobre el verdadero motivo por el que se interesaba la declaración de funcionamiento anormal: no la mera existencia de una providencia de inadmisión, sino el modo en que esa inadmisión ignoró un caso singularísimo de lesión del acceso a la justicia europea en materia de costas estatales”. Alega que al recalificar la pretensión y desestimarla como si fuera una revisión improcedente de la inadmisión del amparo, “el [a]uto impugnado incurre en desviación del cauce legal, denegación del procedimiento legalmente previsto e indefensión material, al impedir que la pretensión patrimonial sea tratada conforme a su verdadera naturaleza”, considerando que la reposición es procedente “en cuanto se combate precisamente la calificación jurídica del cauce, la forma de resolución y la incongruencia en que incurre el [a]uto”, sin pretender por esta vía reabrir el fondo del recurso de amparo ni cuestionar la regla del art. 50.3 LOTC sobre la súplica frente a providencias de inadmisión. Finalmente, se solicita aclaración en relación con el ATC 38/2026 en cuanto afirma que el solicitante no formuló alegaciones.

El recurrente suplica al Tribunal:

“(1) Que tenga por interpuesto este recurso de reposición y, subsidiariamente, incidente de nulidad frente al [a]uto de 23 de junio de 2026.

(2) Que estime el recurso y deje sin efecto dicho [a]uto, que debió de ser [acuerdo] por ser materia gubernativa la [responsabilidad] [p]atrimonial del [Tribunal Constitucional], y por haber incurrido en incongruencia, tergiversación del objeto de la solicitud y errónea apropiación jurisdiccional de un cauce de responsabilidad patrimonial materialmente administrativo.

(3) Que declare que la solicitud promovida por esta parte no tenía por objeto revisar la providencia de inadmisión del recurso de amparo, sino obtener una declaración previa de funcionamiento anormal/infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión como presupuesto de responsabilidad patrimonial.

(4) Que acuerde reconducir el expediente conforme a su verdadera naturaleza y resolverlo por el órgano y en la forma correspondientes a esa dimensión patrimonial-administrativa, sin desfigurar su objeto mediante su absorción en la lógica interna del proceso de amparo.

(5) Subsidiariamente, que declare la nulidad del [a]uto recurrido por indefensión e incongruencia omisiva y se dicte nueva resolución que entre a valorar la verdadera pretensión ejercitada, incluidos el carácter excepcional del caso, la dimensión europea del problema y la concreta denuncia relativa al régimen de costas impuesto.

(6) Idem, no se dio traslado a la solicitante de los escritos del [a]bogado del Estado y del [f]iscal para formular alegaciones, lo que menoscabó el proceso contradictorio, motivo de nulidad del auto”.

Por otrosí, interesa que el Tribunal aclare el extremo contenido en el antecedente de hecho 9 del ATC 38/2026, en el que se afirma que “el solicitante no presentó alegaciones.

4. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia del Pleno de este tribunal, de 15 de julio de 2026, se acordó incorporar a las actuaciones el escrito presentado el 8 de julio de 2026 por la procuradora de los tribunales doña Mónica Paloma Fente Delgado, en nombre y representación de don Jacques Hachuel Moreno, mediante el que interpone recurso contra el ATC 38/2026, de 23 de junio, y dar traslado del escrito al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que, en el plazo de tres días, pudieran exponer lo que estimasen procedente en relación con dicho recurso.

5. El abogado del Estado formuló alegaciones por escrito presentado en el registro de este tribunal el 21 de julio de 2026.

En primer lugar, considera que la petición del recurrente se halla encaminada a deducir la existencia de un ulterior recurso interno, dentro del ordenamiento español, frente a la providencia de inadmisión del recurso de amparo por falta de justificación de la trascendencia constitucional del amparo formulado. Aduce que trata de “administrativizar” el proceso en tanto que fue inadmitido el recurso de amparo mediante la exigencia de una responsabilidad al Tribunal Constitucional por mal funcionamiento como órgano administrativo; esto es, más allá de su función constitucional de enjuiciar determinadas materias a través de auténticos procesos. A este respecto alega que el recurrente no reprocha ahora al Tribunal Constitucional, al menos con claridad, un posible defecto extraordinario de tramitación, una pérdida de documentos, o gravísimos retrasos en la tramitación, por ejemplo, u otros defectos extraordinarios de funcionamiento material en cuanto al respectivo proceso constitucional, sino -como parece ser- la inadmisión del recurso por falta de trascendencia constitucional y ello, como está en principio previsto, por mera providencia. Consecuentemente, y a su juicio, no habría objeción que oponer al ATC 38/2026, objeto del presente recurso.

En definitiva, lo que se sigue exigiendo es un pronunciamiento judicial de un recurso ya inadmitido. Añade a este respecto que, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el que la decisión de inadmisión del recurso de amparo se haya adoptado en forma de providencia sucintamente motivada se justifica actualmente -no cabe que ello dé lugar a responsabilidad- porque tras la reforma operada por la Ley 6/2007, de 24 de mayo, se ha producido una inversión del juicio de admisibilidad de los recursos de amparo, pues se ha pasado de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la concurrencia de los requisitos para la admisión, contemplándose, junto a los requisitos procesales, uno de carácter sustantivo cual es la existencia de la especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo formulado.

Asimismo, indica que no concurre una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea ni vulneración alguna del art. 47 CDFUE, y no se genera, de acuerdo con la jurisprudencia europea, indefensión al recurrente en amparo por el hecho de que se inadmitiera su recurso mediante una providencia que declaraba la falta de trascendencia constitucional del amparo formulado. Consecuentemente, si el Tribunal actuó adecuadamente, no cabe deducir una responsabilidad patrimonial del mismo.

6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en el registro de este tribunal el día 28 de julio de 2026, presentó alegaciones, interesando la desestimación del recurso.

En primer lugar, precisa que el recurso que ahora se interpone debe entenderse como un recurso de súplica (art. 93.2 LOTC), pese a la denominación de reposición dada por el recurrente. Alega que está reproduciendo los mismos argumentos ya esgrimidos en la solicitud formulada el 27 de enero de 2026, sin aportar nuevos argumentos que permitan desvirtuar la razonada motivación que se recoge en el ATC 38/2026, objeto del recurso.

De una parte, por lo que se refiere a la alegación del recurso sobre la incongruencia del ATC 38/2026 desestimatorio, por alterar los términos del objeto de la pretensión y recalificar la misma como impugnación de la providencia de inadmisión del recurso, señala que no existe una alteración del objeto de la pretensión que fue articulada, sino que, precisamente, el Tribunal lo que resuelve, motivadamente, en el ATC 38/2026 que se impugna es la pretensión de obtener por el cauce del art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, una declaración de la existencia de anormal funcionamiento del Tribunal exigida por dicho precepto, para la viabilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial, exponiendo que no concurre un supuesto de anormal funcionamiento en la tramitación del recurso de amparo, de acuerdo con la propia y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional. Considera que el recurrente se limita a hacer valer su propio criterio sobre la concurrencia de un supuesto anormal funcionamiento y a reclamar que este criterio debe ser aceptado en todo caso por el Tribunal, aunque la petición por el particular de una declaración de anormal funcionamiento solicitada no tiene en la ley un carácter vinculante. Asimismo, aduce que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE no abarca un derecho a obtener de los órganos judiciales una decisión conforme a la pretensión ejercida, sino solo una resolución correctamente fundada en Derecho, como es el caso del ATC 38/2026.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a la interposición subsidiaria de incidente de nulidad de actuaciones, señala que no cabe este mecanismo de impugnación frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional por no estar previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y no resultar de aplicación supletoria lo previsto en los arts. 238 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (por todos, ATC 31/2025, de 8 de abril, FJ 2).

Por lo anteriormente expuesto, al considerar que el ATC 38/2026 impugnado, que ha desestimado la solicitud de declaración previa de anormal funcionamiento como presupuesto para abrir la vía de responsabilidad patrimonial, está debidamente motivado y es conforme a Derecho, entiende que debe ser confirmado en sus propios términos, con desestimación del recurso planteado contra el mismo.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso

El objeto de la presente resolución es resolver la impugnación del demandante, que califica como recurso de reposición y, subsidiariamente, incidente de nulidad o recurso de aclaración, contra el ATC 38/2026.

En síntesis, y como se ha dejado constancia en los antecedentes de esta resolución, el recurrente sostiene la incongruencia del citado ATC 38/2026 por alterar, a su juicio, los términos del objeto de la pretensión y recalificar la misma como impugnación de la providencia de inadmisión del recurso, cuando la pretensión de la solicitud que resuelve dicho ATC 38/2026 es la declaración de la existencia de anormal funcionamiento del Tribunal. Considera que, de esta manera, el Tribunal evita pronunciarse sobre el verdadero motivo por el que se interesaba la declaración de funcionamiento anormal: “no la mera existencia de una providencia de inadmisión, sino el modo en que esa inadmisión ignoró un caso singularísimo de lesión del acceso a la justicia europea en materia de costas estatales”.

2. Consideraciones previas

Antes de entrar en la resolución de dicha impugnación se ha de precisar que, como señala el Ministerio Fiscal, la presente impugnación ha de considerarse un recurso de súplica (art. 93 LOTC).

3. Desestimación

La mera lectura del ATC 38/2026 objeto de impugnación permite descartar, como sostienen el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, que el Tribunal no haya tratado este asunto como una petición de responsabilidad patrimonial, dado que recondujo la pretensión a sus estrictos términos (art. 32.8 de la Ley 40/2015), y declaró que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo núm. 6762-2025.

Es por ello que debemos ratificarnos en nuestra decisión inicial y desestimar la impugnación dirigida contra el ATC 38/2026.

De otra parte, y como también pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, en relación con la interposición subsidiaria del incidente de nulidad de actuaciones, -que el recurrente denomina “incidente de nulidad-recurso de aclaración”-, no cabe este mecanismo de impugnación frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional (entre otros, AATC 31/2025, FJ 2, y 40/2026, de 1 de julio, FJ único). Tampoco cabría aclaración dado que no concurre ninguno de los supuestos a los que se refiere la doctrina de este tribunal (ATC 122/2017, de 18 de septiembre, FJ único).

Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Desestimar el recurso de súplica interpuesto por don Jacques Hachuel Moreno contra el ATC 38/2026, de 23 de junio, inadmitir el incidente de nulidad planteado, y declarar que no ha lugar a la aclaración solicitada.

Madrid, a veinte de octubre de dos mil veintiséis.

Identificación
Compétence Pleno
Juges

Don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno, doña Laura Díez Bueso y don José María Macías Castaño.

Numéro et date BOE
Type et numéro d'enregistrement
Fecha de resolución 20/10/2026
Synthèse et résumé

Synthèse descriptive

Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 38/2026, de 23 de junio, que declaró que no se ha producido funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo 6762-2025, promovido por don Jacques Hachuel Moreno en proceso contencioso administrativo.

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