Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Por providencia de 29 de noviembre de 1982, acuerda la Sección Primera del Pleno de este Tribunal Constitucional tener por planteado por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, conflicto positivo de competencia frente al Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña núm. 194/1982, de 18 de junio, que regula la calificación de espectáculos teatrales y artísticos; asimismo, y por haber invocado el Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, acuerda comunicar al Presidente del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña la suspensión de la vigencia del mencionado Decreto, lo que es publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña» de los días 6 y 31 de diciembre de 1982, respectivamente.

2. Por providencia dictada el 13 de abril de 1983, la Sección acuerda que, próximo a vencer el plazo de cinco meses de suspensión del antedicho Decreto, se oigan las alegaciones que las partes estimaren oportunas acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión, por plazo común de cinco días. El Abogado del Estado resume las suyas en escrito presentado el 20 de abril de 1983, y el de la Generalidad de Cataluña, en el que tiene entrada en este Tribunal el día 23 del mismo mes y año.

Único. El levantamiento de la suspensión, previsto en el art. 161.2 de la Constitución, no tendría como consecuencia el que resultaran inaplicables las normas estatales con las que, a juicio del Gobierno de la Nación, entran en conflicto las dictadas por el Consejo Ejecutivo catalán, pero sí posibilitaría la aplicación de estas últimas, dando así lugar a una situación de grave inseguridad jurídica para los interesados en ofrecer espectáculos teatrales y artísticos, los cuales podrían resultar, además, gratuitamente perjudicados en el muy probable caso de que, tratando de evitar una posible sanción por omisión por parte de alguna de las dos autoridades en conflicto, cuidaren de asegurar su posición jurídica ante las dos administraciones recabando simultáneamente de ambas la calificación de sus espectáculos.

Tal inseguridad, así como los eventuales perjuicios, no resultan aminorados por la circunstancia de que ambas calificaciones pudieran ser muy similares, razón por la que las alegaciones del Abogado de la Generalidad en tal sentido no son argumento suficiente para levantar una suspensión que el motivo antedicho aconseja mantener.