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1. El 8 de febrero de 2022, más de cincuenta diputados del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, representados por el procurador de los tribunales don Antonio Ortega Fuentes, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por posible vulneración del art. 86 CE.

2. Mediante escrito de 15 de febrero de 2022 el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad por entender que concurría la causa 10 del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), porque en la actualidad mantiene pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento de Madrid una solicitud de reintegro de ingresos indebidos en relación con la aplicación del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, siendo aspectos relevantes de su regulación objeto del presente recurso de inconstitucionalidad.

Único. Vista la comunicación efectuada por don Juan Antonio Xiol Ríos, en virtud de lo previsto en los arts. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 221.4 LOPJ se estima justificada la causa de abstención formulada, puesto que el mencionado magistrado, al mantener en la actualidad pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento de Madrid una solicitud de reintegro de ingresos indebidos en relación con la aplicación del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, siendo aspectos relevantes de su regulación objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, está incurso en la causa 10 del art. 219 LOPJ.