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Tribunal Constitucional de España

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TEXTO DEFINITIVO La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 146/95, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Rincón Mayoral, en nombre y representación de don Manuel Ledesma Rojas, con la asistencia letrada de doña Josefina Muñoz Pinzás, contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994, desestimatoria del recurso de casación presentado contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 27 de octubre de 1993. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de enero de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Rincón Mayoral, en nombre y representación de don Manuel Ledesma Rojas, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 1994, por la que se desestimaba el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 27 de octubre de 1993.

2. El recurso se basa en los siguientes hechos:

a) Con fecha de 27 de octubre de 1993, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba dictó una Sentencia en la que condenaba, entre otros, al hoy demandante de amparo, como autor responsable de un delito contra la salud pública previsto y penado en los arts.344 y 344 bis a), 3º, C.P., a las penas de ocho años de prisión mayor y multa de 70.000.000 de pesetas, con arresto sustitutorio de tres meses caso de impago y cuatro años dos meses y un día de prisión menor y multa de 51.000.000 de pesetas, con arresto sustitutorio de 1 mes en caso de impago y las correspondientes accesorias. Dicha condena se basaba en la convicción alcanzada por el órgano judicial de instancia acerca de la intervención del recurrente, en su condición de taxista y puesto de acuerdo con el resto de los procesados, en el transporte de la droga que les fue incautada cuando fueron detenidos al abrigar la policía sospechas respecto del vehículo conducido por el Sr.Ledesma.

b) Presentado recurso de casación contra la anterior resolución por motivo de vulneración del derecho del actor a la presunción de inocencia, fue desestimado por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1994, notificada a su representante procesal el 23 de diciembre de ese mismo año.

3. Se estima en la demanda que las resoluciones recurridas han vulnerado el derecho del solicitante de amparo a la presunción de inocencia, reconocido en el art.24.2 C.E., toda vez que el fallo condenatorio se asentó exclusivamente en las declaraciones prestadas en sentido incriminatorio, ante el Juez de Instrucción y en presencia de su Letrado, por el coprocesado Sr.Mohamed al Mojahed, quien posteriormente sería declarado rebelde y no comparecería en el acto del juicio oral.

El recurrente considera que tal testimonio carece por completo de eficacia probatoria, ya que, por una parte, la ausencia del mencionado testigo de cargo habría impedido al Tribunal de instancia valorar, en condiciones de inmediación, la credibilidad que le merecía su versión de los hechos, de manera que no se habrían dado los requisitos exigibles para que la declaración de un coimputado pueda servir para desvirtuar la presunción de inocencia inicialmente obrante a favor de todo acusado en un proceso penal. La mencionada declaración, prestada en fase sumarial, no podría por ende ser calificada de prueba preconstituída o anticipada al no haber tenido lugar en presencia del Letrado del recurrente ni, por consiguiente, haber sido sometida al necesario debate contradictorio, sin que su introducción en el plenario a través de su lectura viniera a subsanar tales defectos dado que, no habiendo estado acompañada dicha introducción de la exigencia de juramento, carecería de una mínima garantía de veracidad. Además, no habría quedado acreditado que la ausencia del referido testigo hubiese sido inevitable, por estar en paradero desconocido, ya que el órgano judicial habría incumplido lo dispuesto en los arts.512, 784.2º y 3º y 834 y sgs. de la L.E.crim., para este tipo de situaciones. Finalmente, a juicio del demandante existirían en la causa indicios más que suficientes para sospechar que la aludida declaración incriminatoria fue prestada con el móvil de conseguir un trato procesal más favorable, como parece ser que se les había prometido a tenor de lo expuesto por otro coprocesado, concretado en su puesta en libertad provisional que aprovecharía el declarante para hurtarse a la acción de la justicia.

En consecuencia, se pide a este Tribunal que, reconociendo el derecho del actor a la presunción de inocencia, anule las Sentencias recurridas.

4. Por providencia de 20 de febrero de 1995, la Sección Segunda acordó conceder a la representación del recurrente un plazo de diez días para que aportara copia de la Sentencia dictada en instancia, lo que así hizo mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de marzo de 1995. Por otro escrito de fecha 7 de marzo de 1995, esa misma representación interesó de este Tribunal la suspensión de la ejecución de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba, por entender que, de lo contrario, se ocasionaría al demandante un perjuicio irreparable que haría perder su finalidad al amparo, caso de ser concedido.

5. Por providencia de 22 de mayo de 1995, la Sección Segunda acordó conceder al solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para que en dicho término, de conformidad con lo dispuesto en el art.50.3 de la LOTC, alegaran cuanto estimasen pertinente en torno a la posible existencia del siguiente motivo de inadmisión: carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte de este Tribunal.

6. La representación del recurrente evacuó el trámite mediante escrito de fecha 7 de junio de 1995 en el que, sustancialmente, reproducía las alegaciones ya formuladas en la demanda de amparo respecto de la denegación de todo valor probatorio al testimonio incriminatorio prestado en fase sumarial por un coprocesado que más tarde sería declarado en situación de rebeldía.

El Ministerio Fiscal, por su parte, en su escrito de fecha 8 de junio de 1995, interesaba la inadmisión del presente recurso de amparo por manifiesta falta de contenido de la demanda, ya que, a su juicio, hubo en el proceso prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia inicialmente obrante a favor del demandante, constituida, entre otros extremos, por la declaración incriminatoria vertida en el sumario por el coimputado Mohamed al Mojahed, el cual, por encontrarse en paradero desconocido, fue declarado en rebeldía, motivo por el que, ante la imposibilidad de su reproducción en el acto del juicio oral, tales declaraciones hubieron de ser leídas en el acto del juicio oral en condiciones que posibilitaron su contradicción.

7. Por providencia de 19 de junio de 1995, la Sección Segunda, previo a decidir sobre la admisión y a tenor de lo dispuesto en el art.88 de la LOTC, acordó requerir atentamente a los órganos judiciales de instancia y de casación para que, en el término de diez días, enviasen testimonio del conjunto de las actuaciones.

Por providencia de 6 de noviembre de 1996, la Sección tuvo por recibidas las actuaciones solicitadas, acordó admitir a trámite la demanda de amparo promovida por don Manuel Ledesma Rojas y, de conformidad con lo dispuesto en el art.51 de la LOTC, interesó el emplazamiento por los órganos judiciales de cuantos, a excepción del solicitante de amparo, hubiesen sido parte en el procedimiento judicial antecedente a fin de que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional. Por otra providencia de esa misma fecha, la Sección acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión que, tras ser evacuados los correspondientes escritos de alegaciones, concluyó por Auto de la Sala Primera de 7 de diciembre de 1995 por el que se suspendía la ejecución de la Sentencia dictada en instancia en lo relativo a la pena privativa de libertad y accesorias impuestas, incluida la consistente en el comiso del autotaxi propiedad del actor.

8. Por providencia de 18 de diciembre de 1995, la Sección acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo a fin de que, en el plazo de veinte días, formularan cuantas alegaciones estimasen convenientes.

El trámite fue evacuado por la representación del recurrente por escrito de fecha 15 de enero de 1996 en el que, sustancialmente, reproducía las ya planteadas en la demanda de amparo.

Por su parte el Fiscal ante el Tribunal Constitucional concluía su escrito de alegaciones, de fecha 26 de enero de 1996, interesando la denegación del amparo ya que, a su juicio, ninguna vulneración del derecho del recurrente a la presunción de inocencia cabe atribuir a las Sentencias recurridas por motivo de haberle condenado con apoyo, fundamentalmente, en la declaración incriminatoria vertida en el sumario por un coimputado que más tarde sería declarado rebelde al ser desconocido su paradero y que, por lo tanto, no pudo comparecer en el acto del juicio oral. Pues dicha declaración pudo ser valorada por los órganos judiciales como prueba suficiente en la que asentar el fallo condenatorio, toda vez que fue leída en dicho momento y sometida a contradicción por la defensa del demandante de amparo, basando por lo demás el juzgador de instancia su conclusión acerca de la credibilidad de la misma en ciertos extremos de la declaración prestada en el sumario por otro coimputado que sí asistió a la vista, así como en el testimonio de una telefonista, operadora de la radio de los taxis, que corroboró un dato aportado por el coimputado declarado rebelde, y en el testimonio de los policías que procedieron a la detención del actor y de ambos coprocesados cuando viajaban en el taxi conducido por el primero. A juicio del Ministerio Fiscal, no admitir en el caso de autos, como prueba de cargo suficiente, la declaración sumarial del coimputado ausente, supondría, como advertía este Tribunal en la STC 51/1990, "hacer depender el ejercicio del ius puniendi del Estado del azar o de la malquerencia de las partes... pudiendo dejarse sin efecto lo actuado sumarialmente".

9. Por providencia de 2 de diciembre de 1996 se acordó señalar el siguiente día 3 de diciembre para deliberación y votación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso de amparo nos insta el recurrente la declaración de nulidad de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba de 27 de octubre de 1993, y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994 confirmatoria de la anterior, por haber vulnerado la "presunción de inocencia" reconocida en el art. 24.2 de la Constitución.

Esta es, en suma, la tesis del demandante, para quien la referida Sentencia de instancia, al haberse fundado exclusivamente en la declaración de un coimputado prestada en la fase instructora y sin la asistencia del defensor del hoy recurrente, no constituye prueba válida de cargo alguna que pudiera permitir al Tribunal alcanzar la evidencia necesaria sobre la culpabilidad del acusado, razón por la cual dicha resolución se habría dictado sin prueba suficiente de cargo para poder desvirtuar la presunción de inocencia.

Frente a la anterior pretensión se alza la del Ministerio Público, para quien no se ha producido vulneración alguna de dicha garantía constitucional, ya que, en primer lugar, aquella declaración de un coimputado rebelde constituye un supuesto de prueba preconstituida sobre la que puede el Tribunal extender su conocimiento y, en segundo, es incierto que la Sentencia se basara exclusivamente en dicha prueba, pues, existieron otras pruebas inculpatorias, tales como la declaración de otro coimputado, declaraciones de funcionarios de policía y la de una operadora de radio de los taxis, suficientes para enervar la presunción de inocencia.

2. Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que, como regla general, la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación (SSTC 31/1981, 201/1989, 161/1990 y 283/1994, entre otras muchas).

Ahora bien, dicha regla general es susceptible de sufrir determinadas restricciones en los supuestos de prueba sumarial preconstituida y anticipada, siempre y cuando dichos actos de prueba se hayan obtenido con estricta observancia de los siguiente requisitos: a) Material: que versen sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral (SSTC 137/1988, 154/1990, 41/1991, 303/1993, 323/1993, 79/1994, 36/1995 y 51/1995); b) Subjetivo: que sean intervenidos por la única Autoridad dotada de la suficiente independencia para generar actos de prueba, cual es el Juez de Instrucción (STC 303/1993), todo ello sin perjuicio de que, por especiales razones de urgencia, también esté habilitada la policía judicial a efectuar determinadas diligencias de constancia y a recoger y custodiar los elementos del cuerpo del delito (SSTC 107/1983, 201/1989, 138/1992 y 303/1993, entre otras); c) Objetivo: cual es la necesidad de que se garantice la contradicción, para lo cual, siempre que sea posible, se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial a fin de que pueda interrogar al testigo o preguntar al perito infungible (STC 303/1993) y d) Formal: como lo es la exigencia, de un lado, de que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral, esto es, el de la cross examination (diferenciándose así de los correlativos actos investigatorios en los que las preguntas de las partes han de formularse a través del Juez de Instrucción), así como, de otro, que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la "lectura de documentos", la cual ha de posibilitar someter su contenido a confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral (SSTC 25/1988, 60/1988, 51/1990 y 140/1991, entre otras muchas).

3. En el supuesto de hecho que ha ocasionado este amparo se hace obligado convenir con el Ministerio Fiscal en que la declaración del coimputado, que motivó la condena del recurrente, participa de todos y cada uno de los enunciados requisitos de la prueba sumarial anticipada o, para ser más precisos (si se tiene en cuenta que la naturaleza de dicha prueba es reconducible a la testifical en todo lo referente a las manifestaciones inculpatorias de los demás imputados), de la prueba testifical instructora anticipada.

En efecto, desde un punto de vista material se comprueba que la cualidad de extranjero del coimputado pudo al Juez hacer prever, como así ocurrió en la práctica, su no comparecencia a la llamada a la celebración del juicio oral, lo que, sin duda contribuyó a que extremara las garantías de inmediación judicial y de contradicción, prestándosele a tal efecto declaración ante el Juez debidamente asistido de Abogado defensor. El órgano judicial de instancia, por otra parte, utilizó todas las medidas a su alcance para obtener su efectiva comparecencia en el juicio oral (expedición de requisitoria de búsqueda y captura y declaración de rebeldía), m