Konstituzio-jurisprudentziaren bilatzailea

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de marzo de 1999 se interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento, recurso que se fundamenta en los siguientes hechos:

a) La Comunidad de Propietarios ahora recurrente, mediante escrito fechado el 17 de octubre de 1990, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra las sociedades mercantiles Pleyes, S.A., Hispania Corporación Inmobiliaria, S.A., Alcatel Standard Eléctrica, S.A., y Banco Hispano Americano, S.A., ejercitando una acción negatoria de servidumbre. En el fundamento de Derecho segundo del escrito de demanda se razonó la clase de procedimiento y la cuantía del pleito en los términos que a continuación se transcriben literalmente:

"SEGUNDO. Los trámites por los que habrá de seguirse son los propios del juicio ordinario de menor cuantía, según lo dispuesto en los artículos 484, 1 en relación con el art. 489, reglas 4 y 1.

En efecto, determina este artículo que el valor de la servidumbre, en el caso que nos ocupa, será la vigésima parte del valor corriente en venta de los predios dominante y sirviente. Respecto del primero, aparece inscrito el precio de la reciente venta del 50% indiviso en 100.000.000,- Pts. y, por lo que se refiere al sirviente, la contribución urbana asciende a 74.265.000,- Pts. en números redondos, por lo que la cuantía de este pleito es de 13.713.000,- Pts.".

b) Admitida a trámite la demanda por el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid (autos 1132-90), se acumularon a este procedimiento los autos del juicio de menor cuantía 205-91 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Madrid, a instancia de la misma demandante y por la misma causa de pedir, contra la sociedad mercantil Lume, S.A., en cuya demanda, al tratar del procedimiento y la cuantía del pleito, se reproducía el mismo fundamento de Derecho segundo que se ha transcrito.

c) Los demandados se opusieron a la demanda, pero no discutieron la cuantía del pleito, y, seguido éste por todos sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid dictó Sentencia el 8 de julio de 1992 en la cual desestimó la demanda íntegramente, con los pronunciamientos que constan en su parte dispositiva y con expresa imposición de costas a la parte actora.

d) Interpuesto recurso de apelación por la demandante, la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid (rollo 723-92) dictó Sentencia el 3 de febrero de 1994, en la cual desestimó el recurso y confirmó en todos sus pronunciamientos la Sentencia apelada.

e) La parte actora preparó recurso de casación, que la Audiencia tuvo por preparado por providencia de 22 de septiembre de 1994; emplazadas las partes, la recurrente, dentro del tiempo legal, formalizó mediante el oportuno escrito el recurso, el cual, tras el "visto" del Fiscal, fue admitido a trámite en virtud de Auto de 11 de septiembre de 1995 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (recurso 2772-94) "por reunir los requisitos legales".

f) Tras la tramitación oportuna, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 de febrero de 1999, notificada el 15 de febrero, declaró no haber lugar al recurso.

Esta decisión se apoyó en la siguiente motivación, recogida en los fundamentos de Derecho de la Sentencia:

"PRIMERO. Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de los de Madrid, se resuelve en su Sentencia de 8 de julio de 1992, en sentido desestimatorio, la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de la Finca n. 16 de la calle de Valderribas de Madrid, contra el Banco Hispano Americano, S.A., Pleyes, S.A., Hispania Corporación Inmobiliaria, S.A. y Alcatel Estandar Eléctrica, S.A., y Lumen, S.A., decisión, pues, que resuelve el litigio planteado por la actora, cuyo 'petitum', es del siguiente tenor: 'Que se declare extinguida la servidumbre de paso constituida sobre la franja de terreno de seis metros de anchura por veinticuatro metros de fondo que constituye un pasaje en el lindero derecho entrando de la finca sita en la calle de Valderribas núm. 16, a favor del solar interior que constituía la finca registral núm. 12.206 del Registro de la Propiedad número 2 de los de Madrid, de 220 m2 de superficie, procediendo a las cancelaciones oportunas en el mencionado registro de la Propiedad, tanto a las relativas a la finca propiedad de la actora, como en la mencionada núm. 12.206 y nueva finca registral núm. 23.574, condenando a los cotitulares de la misma, PLEYES, S.A., a estar y pasar por esta declaración y a reponer su [sic] costa la franja de terreno a su estado primitivo y a abstenerse de transitar por cualquier forma por la misma, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que se determinarán en ejecución de Sentencia, y al resto de los demandados, a estar y pasar por dicha declaración de extinción. 2) En defecto de la anterior petición, declare alterada gravemente la servidumbre y condene a los titulares demandados a reponer a su costa la franja sirviente a su primitivo estado, sin perjuicio de la indemnización que corresponda y cuya cuantificación se hará en ejecución de sentencia, y al resto de los demandados a estar y pasar por ello. 3) En el supuesto comprendido en el apartado anterior, además se declare prescrito el modo de prestar la servidumbre para paso de vehículos, quedando, en su caso, tan sólo hábil para peatones, condenando a las partes a estar y pasar por ello, y a abstenerse del tránsito de vehículos por la franja de terreno que nos ocupa; decisión que fue objeto de recurso de apelación interpuesto por las partes interesadas, esto es, la Comunidad de Propietarios, y que se resolvió por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima, de 3 de febrero de 1994, confirmando íntegramente dicha Sentencia, con la parte dispositiva que se ha hecho constar, esto es, desestimando el recurso.

SEGUNDO. Teniendo en cuenta, pues, dicha cuantía indeterminada, es aplicable la doctrina sentada en varias resoluciones, entre ellas, en Sentencia de 31 de diciembre de 1998: 'Es claro, pues, la cuantía indeterminada del «petitum», sin que quepa «ex post» reajustar esa inconcreción por cuanto según, entre otras, Sentencia de 3-6-98, se decía: ...La cuantía debe venir fijada en la demanda y si no puede determinarse, se expresará la clase de juicio en que haya de ventilarse, como dispone el art. 490 L.E.C., que es el de menor cuantía, como prevé el art. 484, núm. 3, a cuya clase de juicio puede oponerse el demandado en su escrito de contestación según el art. 686 y discutirse en la comparecencia, como previene la regla primera del art. 693 y, si es preciso, se resolverá en un breve incidente...".

TERCERO. En consecuencia, y siguiendo al respecto cuanto se hace constar, entre otras, en la Sentencia de 8 de mayo de 1998, y 26-6-98, entre otras múltiples, al decir en su F.J. 3º: 'Como se razonó en la Sentencia de 7 de octubre de 1997, en el espacio de la dogmática jurídica es posible distinguir los siguientes supuestos respecto a la cuantía de los procedimientos: a) inestimable, por tratarse de un litigio de naturaleza no económica. b) indeterminada, por no ser valuable su «quantum» por las reglas del articulo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y c) no determinada, -o determinable- en donde cabría su traducción pecuniaria merced a los auxilios del mentado precepto o por la indicación de su valor por el actor. Esta clasificación ha sido recogida en sentencia de 26 de Febrero de 1.993, y en la de 21 de julio de 1994, se diferencian los conceptos de 'valor inestimado' y 'valor inestimable', llamando para los casos del primero, a las reglas del artículo 489, y en este orden de cosas y en supuestos de sentencias conformes, la Sala ha sentado la preferencia de la regla del artículo 1.687.1.b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la del párrafo segundo de su artículo 1694, relativo al incidente de determinación de cuantía, siendo de citar al efecto los autos de 4 y 18 de Marzo y 29 de Abril de 1993 y 30 de Mayo de 1995, y en el primero de ellos, el indicado de 4 de Marzo, se razonó que aunque la anterior interpretación suponga una indudable restricción del acceso a la casación, ello no implica merma alguna del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que no se vulnera, según ha declarado el Tribunal Constitucional, por la sumisión de los recursos legalmente previstos a requisitos o condicionamientos predeterminados por normas cuya interpretación, al ser de legalidad ordinaria, corresponde a los Tribunales de justicia y, muy singularmente, en virtud de la función complementaria del sistema de fuentes que el artículo 1.6 del Código Civil reconoce a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a esta Sala en el recurso de casación civil, cuyo carácter especialmente restrictivo y exigente fue afirmado por el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia número 6/1989. Asimismo, no cabe olvidar que en la Exposición de Motivos de la Ley 10/1992, de 30 de Abril, en el párrafo segundo del apartado 3, se habla de 'adecuar el recurso de casación a las tendencias actuales, que considera que sirva mejor a su función si se refuerza su carácter de protector de la norma, alejándole de cualquier semejanza como tercera instancia'; y asimismo en su F.J. 6, aduce: 'Partiendo de la conclusión dicha y en atención a que las sentencias recaídas en primera y segunda instancia fueron totalmente conformes entre sí, conformidad que se manifiesta por la identidad de sus respectivas partes dispositivas y fundamentaciones jurídicas, ello conduce, en definitiva, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.687.1.b), al fracaso del recurso, haciendo innecesario entrar a estudiar los motivos en que se apoya, toda vez que es doctrina consolidada de la Sala la relativa a que: «los motivos legales en que puede fundarse la no admisión de un recurso son pertinentes, al resolver en el fondo, para desestimarle, aún cuando se hubiese admitido, pues las razones de inadmisión son suficientes, si resulta demostrada su existencia, para que los recursos deban ser desestimados»' (Sentencias de 17 de Junio de 1919; 19 de Febrero de 1921; 27 de Noviembre de 1922; 3 de Enero y 5 de Febrero de 1934; 21 de Febrero de 1942; 14 de Diciembre de 1946; 4 de Junio de 1947; 14 de Junio de 1955; 30 de Septiembre de 1985; 20 de Febrero de 1986; 5 de Octubre de 1987; 30 de Septiembre de 1989; 21 de Marzo y 7 y 18 de Diciembre de 1990; 8 de Marzo y 5 de Julio de 1991; 14 de Mayo de 1992, y 5 de Septiembre y 14 de Diciembre de 1996) y 22 de Septiembre de 1997, [sic] doctrina la reseñada que puede aplicarse de oficio por afectar normas de contenido imperativo, siendo de decir, por último, que la desestimación del recurso, lleva consigo la imposición de costas a la parte recurrente a tenor de lo establecido en el rituario artículo 1715, con devolución del depósito constituido; asimismo la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de octubre de 1995, reitera precedente criterio; en consecuencia con lo razonado, y habida cuenta que la respectiva causa de inadmisión que cierra la casación al presente recurso en este trámite de decisión, se convierte en causa de desestimación, procede dictar la resolución correspondiente con los efectos derivados".

2. La demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE que, a juicio de la recurrente, se ha producido porque la Sala desestima el recurso de casación que en su día se interpuso por incurrir en un error que "se debe a la negligencia o desidia en la lectura de los autos y muy particularmente de la fundamentación jurídica de la demanda rectora del proceso en donde se afirma y cuantifica, sin género de duda, el valor económico del pleito conforme a las reglas procesales de aplicación".

Y ello porque, habiéndose fijado clara y expresamente en la demanda la cuantía del pleito en 13.713.000 pesetas, la Sentencia desestima el recurso por considerar que estaba ante un pleito de cuantía indeterminada, por lo cual, al ser las Sentencias de primera instancia y de apelación conformes de toda conformidad, con arreglo al art. 1.687.1 b) LEC no cabía la casación, con lo que el fallo de la Sentencia se funda en un presupuesto, que el pleito era de cuantía indeterminada, que es el resultado de un error patente, pues bastaba la lectura de los fundamentos de Derecho de la demanda para constatar cómo en ellos la ahora recurrente fijó con claridad la cuantía del pleito, que no fue impugnada ni discutida por los demandados en ningún momento del proceso.

3. Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sala Segunda de 2 de diciembre de 1999 se acordó, de conformidad con el art. 50.5 LOTC, requerir a la recurrente que aportara copia del escrito de demanda del juicio de menor cuantía y el escrito de interposición y formalización de recurso de casación. Tras haber sido atendido este requerimiento, por providencia de 22 de febrero de 2000 la Sala acordó admitir a trámite el presente recurso y tener por parte al Procurador comparecido en nombre de la Comunidad de Propietarios recurrente y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid y a la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid para que remitiesen testimonio de los autos del juicio de menor cuantía 1132-90 y del rollo de apelación 723-92, así como a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que remitiera testimonio del recurso de casación 2772-94; interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente, con excepción de la Comunidad recurrente, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.

4. Tras las diligencias acordadas para el emplazamiento de las partes del proceso civil, por diligencia de ordenación de 3 de octubre de 2000 se acordó tener por parte a Alcatel España, S.A., y a la Procuradora comparecida en su nombre, y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.

5. Por escrito de 30 de octubre de 2000 la representación procesal de la Comunidad de Propietarios reiteró su solicitud de amparo. Alega al efecto que la lectura de la Sentencia recurrida evidencia la existencia de un claro error patente, pues toda su fundamentación, aplicando el art. 1.687.1 b) LEC, por ser las Sentencias de primera instancia y de apelación conformes de toda conformidad, opera en el vacío, ya que la cuantía del pleito no era indeterminada, al estar claramente fijada en el escrito de demanda y no ser discutida por los demandados.

6. Mediante escrito registrado el 3 de noviembre de 2000, la representación de Alcatel España, S.A., presentó sus alegaciones, en las que manifiesta, en resumen, que, aun cuando fue demandada en el juicio civil del que trae causa el amparo, es ajena a la cuestión debatida en él, y probablemente su única relación con el objeto del litigio es la de ser arrendataria de un edificio cercano a la casa a que se refiere la Comunidad de Propietarios demandante.

7. Por escrito registrado el 6 de noviembre de 2000 el Fiscal presentó sus alegaciones, en las que interesa que se otorgue el amparo. Tras hacer un relato de los hechos y exponer la doctrina constitucional sobre el acceso a los recursos legalmente establecidos y sobre el error patente, entiende que, aplicando dicha doctrina al caso presente, hay que coincidir con la recurrente en que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo incurrió en un error que fue decisivo para su fallo. Analizada la Sentencia recurrida es de ver que desde su primer fundamento jurídico se resalta la transcendencia que da al suplico de la demanda para lo que luego ha de ser la base de la inadmisión del recurso. De ahí que se transcriba aquél, en el que la actora nada dice de la cuantía del pleito. Por el contrario la Sentencia del Tribunal Supremo no se refiere en absoluto a la demanda iniciadora de la litis, en la cual se explica el mecanismo de determinación de la cuantía para llegar a la cifra de 13.713.000 pesetas.

Pese a que en el suplico del recurso no figura referencia alguna a la cuantía de la causa, el fundamento jurídico de la Sentencia se inicia con la siguiente frase: "Teniendo en cuenta, pues, dicha cuantía indeterminada, es aplicable la doctrina...". A partir de ese momento, en el que la confusión anteriormente resaltada se genera, la Sentencia camina por un sendero totalmente desvinculado del caso que va a resolver, toda vez que la doctrina que toma en consideración está preordenada a la resolución de casos referidos a los supuestos del art. 1687.1 b) LEC, es decir, se refiere a recursos de casación de cuantía inestimable, indeterminada o indeterminable que tienen acceso al recurso extraordinario con la excepción de los supuestos en los que exista conformidad en lo relativo a Sentencias de primera instancia y apelación. Ubicándose, pues, en este caso el recurso analizado, con el error de base antedicho, es lógico que se llegue a la inadmisión. Sin embargo es obvio que no nos hallábamos aquí en el supuesto del apartado b) del artículo de la LEC antedicho, sino en el c), ya que la cuantía del pleito venía fijada en la demanda, sin oposición y sin contradicción, y resultaba tácitamente aceptada por todos los demandados, quienes no plantearon respecto de esta cuestión óbice alguno, no ya en los escritos de contestación a la demanda, sino en los correspondientes a la impugnación de la casación. De otro lado la solución tomada de inadmisión por indeterminación de la cuantía es contradictoria con lo que se dice en la propia Sentencia recurrida en amparo, en cuyo fundamento jurídico segundo se puntualiza expresamente que "la cuantía debe venir fijada en la demanda, a cuya clase de juicio puede oponerse el demandado en su escrito de contestación según el art. 686 y discutirse en la comparecencia...". Pues bien, en el presente caso esto es precisamente lo que se produjo, ya que la cuantía venía fijada en la demanda y no fue combatida en las contestaciones, ni en la comparecencia, ni en los escritos de impugnación del recurso de casación. A pesar de ello el Tribunal Supremo hizo caso omiso de estos datos, partiendo de una indeterminación que no existía como antecedente de la inadmisión basada en la conformidad de las Sentencias de las precedentes instancias. Aplicando, pues, el apartado b) en lugar del c) del tan citado artículo 1687, decretó la inadmisión del recurso. Si se hubiera aplicado correctamente la Ley el recurso era claramente admisible por superar la cuantía la suma de seis millones.

Ello obliga a la anulación de la Sentencia recurrida y al dictado de otra en la que no se inadmita el recurso por la causa expresada.

8. Por providencia de 4 de abril de 2002 se señaló para la deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.

1. Dados los términos en que viene planteada la demanda, la resolución del presente recurso de amparo requiere determinar si ha vulnerado o no el derecho a la tutela judicial efectiva la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto en su día por la Comunidad de Propietarios de la calle Valderribas núm. 16, de Madrid, sin entrar en el examen de los motivos del recurso de casación por aplicar la causa de inadmisión (desestimación) fundada en el art. 1.687.1 b) LEC al tratarse de un pleito de cuantía indeterminada en el cual las Sentencias de primera instancia y de apelación eran conformes de toda conformidad.

2. Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, si bien, no obstante, el referido derecho también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, cuando tal decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulta aplicada razonablemente por el órgano judicial (SSTC 19/1981, de 8 de junio; 69/1984, de 11 de junio; 6/1986, de 21 de enero; 118/1987, de 8 de julio; 57/1988, de 5 de abril; 124/1988, de 23 de junio; 216/1989, de 21 de diciembre; 154/1992, de 19 de octubre; 55/1995, de 6 de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 108/2000, de 5 de mayo, entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, ha establecido el legislador, quien no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre).

El derecho a obtener una resolución sobre el fondo rige tanto en el acceso a la primera respuesta judicial como en la fase de recurso, si bien con diferente alcance según se trate del primer acceso a la jurisdicción o a los recursos legalmente previstos. En el primer caso el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo cual las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada (SSTC 6/1986, de 21 de enero; 118/1987, de 8 de julio; 216/1989, de 21 de diciembre; 154/1992, de 19 de octubre; 55/1995, de 6 de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 112/1997, de 3 de junio; 8/1998, de 13 de enero; 38/1998, de 17 de febrero; 130/1998, de 16 de junio; 207/1998, de 26 de octubre; 16/1999, de 22 de febrero; 63/1999, de 26 de abril; 108/2000, de 5 de mayo), sin que ello suponga, como también ha señalado este Tribunal (por todas STC 191/2001, de 1 de octubre), que deba necesariamente optarse por la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles. En cambio, en la fase de recurso el principio pro actione pierde intensidad, pues el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso (STC 37/1995, de 7 de febrero), por lo que las decisiones judiciales de inadmisión no son, en principio, revisables en la vía de amparo constitucional, salvo que vulneren el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, toda vez que, configurado legalmente el recurso, el art. 24.1 CE garantiza también su utilización (SSTC 63/1992, de 29 de abril, FJ 2; 63/2000, de 13 de marzo, FJ 2), por lo cual las decisiones judiciales que declaren la inadmisibilidad de un recurso excluyendo el pronunciamiento sobre el fondo en esta fase del proceso vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, cuando se funden en una interpretación de la legalidad ordinaria arbitraria o manifiestamente irrazonable (STC 133/2000, de 16 de mayo), carezcan de la debida motivación (SSTC 214/1988, de 14 de noviembre; 63/1992, de 29 de abril), se apoyen en una causa legal inexistente (SSTC 69/1984, de 11 de junio; 57/1988, de 5 de abril; 18/1993, de 18 de enero; 172/1995, de 21 de noviembre; 135/1998, de 29 de junio; 168/1998, de 21 de julio; 63/2000, de 13 de marzo; 230/2000, de 2 de octubre), o, en fin, sean el resultado de un error patente (SSTC 295/2000, de 11 de diciembre; 134/2001, de 13 de junio).

3. Asimismo hemos declarado que el derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE conlleva el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución fundada en Derecho, por lo que, cuando la resolución judicial sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un "error patente" en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, en este caso, la resolución judicial no es la expresión del ejercicio de la justicia, sino una simple apariencia de éste, y procede otorgar el amparo siempre que: a) el error no sea imputable a la negligencia de la parte sino atribuible al órgano judicial; b) se trate de un error que resulte inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales; y c) sea un error determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico (ratio decidendi) de la resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en él (SSTC 55/1993, de 15 de febrero; 107/1994, de 11 de abril; 203/1994, de 11 de julio; 5/1995, de 10 de enero; 162/1995, de 7 de noviembre; 40/1996, de 12 de marzo; 61/1996, de 15 de abril; 160/1996, de 15 de octubre; 175/1996, de 11 de noviembre; 124/1997, de 1 de julio; 63/1998, de 17 de marzo; 112/1998, de 1 de junio; 180/1998, de 17 de septiembre; 167/1999, de 27 de septiembre; 206/1999, de 8 de noviembre; 171/2001, de 19 de julio, entre otras).

4. En el presente caso, si se examina la demanda rectora del pleito civil formulada por la Comunidad de Propietarios ahora demandante del amparo, cuyo contenido, en lo que ahora interesa, se ha dejado transcrito en los antecedentes de esta resolución, fácilmente se comprueba que la Comunidad actora, dando cumplimiento a lo ordenado en el art. 490 de la derogada LEC, fijó expresamente la cuantía del pleito, de conformidad con las reglas 1 y 4 del art. 489 del mismo texto legal, en la cantidad de 13.713.000 pesetas, no siendo esta cuantía discutida por los demandados en la contestación ni en ningún otro momento del proceso.

Teniendo en cuenta el dato fáctico indiscutible de que la cuantía del pleito fijada en el escrito de demanda era la de 13.713.000 pesetas, al no haber sido discutida por los demandados, la lectura de la Sentencia recurrida [en la cual, tras reproducirse el petitum de la demanda (fundamento de Derecho primero), se concluye por error que el pleito es de cuantía indeterminada, con lo que se ignora el contenido de la demanda (lo que se evidencia con la afirmación literal de que "la cuantía debe venir fijada en la demanda" -fundamento de Derecho segundo) dando lugar a la consecuencia de desestimar todos los motivos del recurso de casación sin entrar en su examen de fondo por considerar que era de aplicación la causa de inadmisión del recurso (que en fase de sentencia actúa como causa de desestimación) contemplada en el art. 1687.1 b) LEC al tratarse de un pleito de cuantía indeterminada en el que las Sentencias de apelación y de primera instancia eran conformes de toda conformidad] revela que nos hallamos ante una decisión judicial que produjo efectos negativos en la esfera del justiciable, pues privó a la Comunidad de Propietarios recurrente de su derecho a obtener una resolución sobre el fondo de los motivos del recurso de casación oportunamente planteados en el escrito de interposición. Y ello en la medida en que es el resultado de un error patente sobre la cuantía del pleito enjuiciado, ya que se trata de un error inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales que no puede imputarse a la negligencia de la recurrente y constituye el soporte único o básico (ratio decidendi) de la Sentencia, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante con arreglo a la doctrina que ya se ha dejado expuesta, lo que hace procedente el otorgamiento del amparo solicitado.