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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2.406/95, promovido por don Carlos Obiol Castellà, representado por la Procuradora doña María Cristina Huertas Vega y bajo la dirección letrada de don Josep Canicio Querol, contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros, de 20 de mayo de 1991, sobre imposición de una sanción de 500.000 pts., dictada en el expediente sancionador núm. 4/91 instruido por la Comandancia Militar de Marina de Tarragona, la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 10 de septiembre de 1992, confirmatoria de la anterior Resolución al desestimar el recurso de alzada interpuesto y la Sentencia núm. 488, de 19 de mayo de 1995, de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito de 22 de junio de 1995, registrado en este Tribunal el 28 de junio de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña María Cristina Huertas Vega, actuando en representación de don Carlos Obiol Castellà interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 19 de mayo de 1995 de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resolvía el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Pesqueros, de 20 de mayo de 1991, que le imponía una multa de 500.000 pts., y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 10 de septiembre de 1992, que la confirmaba.

2. Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo son los siguientes:

a) Con fecha de 24 de enero de 1991 se levantó acta de infracción contra el buque Asunción Castellá, propiedad del demandante, por inspectores del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera de la Secretaría General de Pesca Marítima, dado que de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros, de 26 de noviembre de 1990, se sobrepasaba en 37 kgs. las capturas de boquerón encontradas a bordo. Ello dio lugar al expediente administrativo sancionador núm. 4/91.

b) El 21 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1991 se celebraron vistas orales en la Comandancia Militar de Marina de Tarragona, habiendo sido citado en debida forma el recurrente. En el curso de las mismas la parte denunciada presentó escrito de alegaciones, oponiéndose al contenido del acta de infracción. El 20 de mayo de 1991, tras la celebración de la oportuna vista pública, el Director General de Recursos Pesqueros impuso al demandante la sanción de 500.000 pts., en aplicación del art. 4 de la Ley 53/1982, de 13 de julio, declarándose en dicha Resolución como probado que el patrón-armador del citado pesquero llevó a subasta 37 kgs. de boquerón que sobrepasaban los límites autorizados.

c) El 12 de septiembre de 1991 el recurrente interpuso recurso de alzada, alegando que: 1º el boquerón se hallaba todavía sin clasificar en cajones cuando llegó el Inspector; 2º no estaba acreditado que el boquerón que se llevaba a bordo sobrepasara en 37 kgs. el máximo autorizado; 3º ha quedado probado que ni el acta de los inspectores ni su informe ampliatorio se ajustaban a la realidad en cuestiones esenciales, dado que no se pesó el boquerón que se dejó en el buque, por lo que se ignora la cantidad y peso del boquerón traído a puerto; 4º ha quedado acreditado que el boquerón no se había ofertado en lonja cuando se realizó la inspección, y la Resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera, de 26 de noviembre de 1990, en su apartado 4º se refiere a capturas ofertadas en lonja que producen un lucro.

d) Por Orden de 10 de septiembre de 1992 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desestimó el recurso de alzada, considerando que los hechos imputados constituyen una infracción a la norma cuarta de la Resolución anteriormente citada en relación con el art. 4 de la Ley 53/1982, de 13 de julio, no pudiendo aceptarse la alegación cuarta del armador contenida en su recurso de alzada, pues si bien es cierto que la Resolución del Director General de Ordenación Pesquera menciona en su apartado 4º "las capturas ofertadas en lonja por jornada"; también dicha Resolución señala en su apartado 6º que "no podrán devolver al mar las capturas obtenidas en cada lance, siempre que no sobrepasen los máximos de capturas establecidos en la norma cuarta".

e) El 11 de septiembre de 1992 el recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros, de 20 de mayo de 1991, ampliándose el recurso contra la Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1992. Alegó muy resumidamente lo siguiente: 1º que existieron irregularidades en el acto de inspección, dado que no se pesó todo el boquerón que había a bordo, y además sólo actuó un inspector; 2º que no existe tipificación, pues las capturas no fueron ofertadas en lonja; 3º invocación de la presunción de inocencia del art. 24.2 C.E., dado que no existió prueba de que el total del boquerón pescado excediera de 200 kgs.; 4º prescripción de la hipotética infracción , si se tiene en cuenta que el expediente estuvo paralizado en diversos períodos del iter procedimental. El recurso contencioso- administrativo fue desestimado por Sentencia de 19 de mayo de 1995.

3. En la demanda de amparo alega el recurrente la vulneración del derecho a la igualdad del art.14, del derecho a la tutela efectiva del art. 24.1, del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 y del derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa del art. 25.1 de la Constitución.

Sostiene en apoyo de sus argumentos que se ha vulnerado el principio de igualdad del art.14 C.E., en cuanto que la Sentencia del órgano judicial se ha pronunciado ante una misma situación de forma dispar, en cuanto a la prescripción, a como se había pronunciado la misma Sala menos de un mes y medio antes. Por otra parte, hay una jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que declara la prescripción en casos semejantes al que nos ocupa.

Por lo que se refiere a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., considera el demandante que el asunto no puede ser planteado en la casación ordinaria ni por unificación de doctrina, por lo que se encuentra en una situación de indefensión.

Manifiesta el recurrente sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 C.E., que no ha existido una actividad probatoria de la que pueda deducirse su culpabilidad, por lo que se refiere a que haya ofertado en lonja exceso de boquerón o incluso a que lo tuviera a bordo con tal fin. En efecto, si lo sancionable es ofertar en lonja el boquerón que sobrepase los 200 kgs., no existe ni en el expediente administrativo ni en el judicial ninguna prueba de que eso ocurriera. Tampoco se ha probado que el demandante supiera que llevaba exceso de boquerón a bordo, ni que tuviera, caso de saberlo, intención de ofertar ese exceso en lonja.

Mantiene el recurrente, finalmente, que se ha vulnerado el art. 25.1 de la Constitución, dado que no se le ha cogido con más de 200 kgs. de boquerón vendido en lonja, ofertado en lonja para su venta, o incluso camino de la lonja para ofertarlo, por lo que la conducta es atípica y amparada por el art. 25.1, que prohibe se sancione lo que en el momento de los hechos no era punible, conforme a lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera, de 26 de noviembre de 1990.

4. Mediante providencia de 19 de diciembre de 1995, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y en aplicación del art. 51 LOTC dirigir comunicación a la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que en plazo que no exceda de diez días, remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente sancionador núm. 4/91 y al recurso núm. 1.774/92-03, en el que recayó Sentencia de 19 de mayo de 1995. Asimismo, se emplaza a quienes fueron parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en este proceso constitucional.

5. Recibidas las actuaciones, la Sección, mediante providencia de 28 de octubre de 1996, acordó, conforme determina el art. 52.1 LOTC, dar vista de todas las actuaciones, por plazo común de veinte días, al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y al recurrente para que presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

6. El Abogado del Estado, mediante escrito de 29 de noviembre de 1996, realizó las siguientes manifestaciones:

a) Por lo que se refiere a la violación del principio de igualdad del art.14 C.E., considera éste que la comparación propuesta satisface dos requisitos, a saber, que la Sentencia de contraste es anterior en el tiempo a la impugnada y que existe identidad de órgano judicial, dado que ambas Sentencias fueron dictadas por la misma Sección, si bien con variación de uno de sus miembros. También existe identidad sustancial entre los dos casos comparados, en cuanto la prescripción s