Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. En el escrito de fecha de 31 de marzo último, presentado en el recurso de amparo núm. 41/1981 por el Procurador señor Ramos Cea, en representación de don Rafael Serrano Escribano y otros, contra Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito de Collado de Villalba, confirmada en apelación, por la que se condena a multas de 2.000 pesetas y 1.000 pesetas a los recurrentes, se solicitó la suspensión de las Sentencias impugnadas.

2. En el plazo establecido por la Ley formularon sus alegaciones el Ministerio Fiscal que se opuso a la suspensión, y los recurrentes que reiteraron su solicitud.

1. El art. 56.1 de la LOTC dispone que la Sala que conozca de amparo «suspenderá» la ejecución del acto contra el que se recurra cuando tal ejecución hubiese de causar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. Establece además dicho artículo que podrá denegarse la suspensión cuando de ésta pueda producirse perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero.

2. La doctrina reiterada de esta Sala (Autos de 19 de septiembre, de 24 del mismo mes y 22 de octubre, todos ellos de 1980) establece que tratándose de resoluciones judiciales existe un interés general en mantener su eficacia de forma que en principio no procede suspender su ejecución salvo que circunstancias especiales lo aconsejen. No dándose esas circunstancias en este caso y no siendo el perjuicio irreparable, por tratarse de penas pecuniarias de escasa cuantía no procede la suspensión.