Buscador de jurisprudencia constitucional

1. Con fecha 26 de noviembre de 2025 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito del procurador de los tribunales don Javier Fernández Estrada, actuando en representación de don Antoni Comín i Oliveres y bajo la defensa del abogado don Gonzalo Boye, por el que interpuso recurso de amparo contra las siguientes resoluciones:

a) Tres autos del magistrado instructor dictados en la causa especial núm. 20907-2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; en concreto: (i) el de 1 de julio de 2024, que declara “no aplicable la amnistía a los hechos en los que descansa la eventualidad responsabilidad”, entre otros, del aquí recurrente, como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos del art. 432 del Código penal, manteniendo también respecto de él la orden nacional de detención por esa misma responsabilidad; (ii) el de 31 de octubre de 2024, desestimando, entre otros, el recurso de reforma promovido por el aquí recurrente contra la anterior resolución, y (iii) el de 13 de diciembre de 2024, complementando los antecedentes de hecho del auto de 31 de octubre.

b) Dos autos dictados por la Sala de lo Penal del alto tribunal en la misma causa especial, pieza de “trámites posteriores a la resolución núm. 38”: (i) el de 18 de junio de 2025, en el que se declara la pérdida de objeto del recurso de apelación promovido entre otros por el aquí recurrente, contra el auto del magistrado instructor de 31 de octubre de 2024, al haberse ya resuelto por la Sala de apelación, en sus autos de 9 de abril de 2025 y aclaratorio de 10 de abril de 2025, una impugnación de objeto similar planteada contra el auto de 1 de julio de 2024 del magistrado instructor, y (ii) el de 14 de octubre de 2025, desestimando entre otros el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí recurrente contra el auto de 18 de junio de 2025.

En la demanda se alega la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente previstos en los arts. 17 CE (libertad personal), 19 CE (libertad de circulación), 23 CE (participación política en condiciones de igualdad), 25.1 CE (legalidad penal), 24.2 CE (juez ordinario predeterminado por la ley), 24.1 CE (tutela judicial efectiva sin indefensión) y 24.2 CE (derecho a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas). En el suplico se solicita la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas y que “se reconozca el derecho del recurrente a que toda decisión judicial relacionada con la aplicación o inaplicación de la Ley Orgánica de amnistía, y en particular toda medida que afecte a su libertad personal o a su mandato parlamentario, sea adoptada exclusivamente por el Juzgado de Instrucción de Barcelona que por turno corresponda, único órgano competente conforme al artículo 11 [de la Ley de amnistía]”; con petición de suspensión “cautelarísima” de la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión dictada contra el recurrente.

2. El conocimiento de dicho recurso de amparo recayó en la Sección Cuarta de este tribunal, cuya Secretaría de Justicia dictó diligencia de ordenación el 27 de noviembre de 2025, notificada al procurador del recurrente a través del colegio de procuradores en la misma fecha (con efecto de 1 de diciembre de 2025), teniendo por interpuesto el recurso.

3. El día 11 de diciembre de 2025, se presentó en el registro de este Tribunal Constitucional un escrito del procurador del recurrente, por el que se formalizó la recusación del magistrado Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla, solicitando la “abstención o, subsidiariamente, la recusación” de dicho magistrado, con petición de admisión y práctica de pruebas documentales y testificales a tal efecto. Tras pasar revista a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la garantía de la imparcialidad judicial, el escrito señala los siguientes motivos de recusación:

A) “El Excmo. Sr. [don] Enrique Arnaldo Alcubilla se halla incurso en la causa de recusación prevista en el artículo 219.10 [‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’] y 13 [‘haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo’] de la Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ] como consecuencia de haber prejuzgado distintas cuestiones directamente relacionadas con el objeto del recurso de amparo planteado”.

Se observa en el escrito, en primer lugar, que el Pleno de este tribunal ha dictado la STC 137/2025, de 26 de junio, que declaró la “constitucionalidad, salvo en cuestiones muy concretas de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, y que el presente recurso de amparo ha sido promovido por “la negativa del Tribunal Supremo de aplicar [al recurrente] dicha Ley Orgánica”. Que el magistrado ahora recusado formuló un “duro voto particular” a esa STC 137/2025, el cual, más allá de la discrepancia jurídica, revela “un claro juicio de desvalor tanto sobre la Ley Orgánica como sobre sus beneficiarios”, una “descalificación global de la norma”, como se desprende de diversos pasajes de dicho voto particular que el escrito de recusación reproduce.

Estas expresiones revelarían, según el recurrente, que el magistrado recusado le considera culpable de aquellos hechos, por lo que “resulta de extraordinaria dificultad sostener que concurre la debida imparcialidad” respecto de este recurso de amparo interpuesto por la falta de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 y la emisión de una orden de detención.

Remacha este punto el escrito, diciendo que el magistrado recusado debe “abstenerse de conocer del presente asunto”, dada su “postura tan radicalmente contraria a la Ley” inaplicada al recurrente.

B) “El Excmo. Sr. [don] Enrique Arnaldo Alcubilla se halla incurso en la causa de recusación prevista en el artículo 219.10 [cit.] de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia de su toma de posición sobre los asuntos que son objeto de este recurso de amparo, así como por su animadversión hacia el recusante, que le hace incurrir igualmente en la causa prevista en el artículo 219.9 de dicha Ley Orgánica”.

Se refiere este segundo motivo a una supuesta toma de posición previa sobre los asuntos que han de enjuiciarse en este amparo, y que se habría expresado:

a) En el libro escrito por el magistrado recusado, Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder, de 2021, en concreto por ciertas afirmaciones del prologuista de la obra, el “Excmo. Sr. [don] Pedro González-Trevijano Sánchez, hoy presidente [sic] del Tribunal Constitucional”; por haber tildado el magistrado recusado de “enfermos del sectarismo” a quienes se opusieron a la interposición de la querella por delito de rebelión del entonces fiscal general del Estado, Excmo. Sr. Maza Martín, causa “por el que todavía hoy se encuentra ilegalmente procesado mi representado”; y por otros varios párrafos del libro, expresivos a su parecer de la animadversión del magistrado recusado con el aquí recurrente, y la amistad de aquel con el “presidente [sic] de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con la causa especial núm. 20907-2017”.

Añade el escrito de recusación que en el mismo libro se califica al recurrente como instigador de una demanda “‘instrumentalizada con un objetivo perturbador de la instrucción de la causa penal abierta a la que el Tribunal Supremo ha dado ya respuesta’, entre otras referencias, calificando de ‘huidos’ a quienes se limitaron a ejercer su derecho a la libre circulación reconocido por el artículo 45 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea” (págs. 250-256).

b) En el artículo del magistrado recusado, Un juicio jurídico: a propósito del inicio del enjuiciamiento de los acusados por el procés, se afirma que el recurrente habría “procedido a una deliberada perversión del Estado de Derecho”.

c) Al haber suscrito el magistrado recusado, el 17 de septiembre de 2017, el manifiesto Parar el golpe, donde se hacen referencias entre otros al recurrente.

De su texto se deduciría que el magistrado recusado, ya antes del referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, solicitaba que el Gobierno de España ejercitara la acción penal contra el recurrente en amparo.

Por ello, continúa el escrito de recusación, “[l]as circunstancias son sustancialmente las mismas que en el caso del Excmo. Sr. [don] Antonio Narváez Rodríguez y el Excmo. Sr. [don] Cándido Cónde-Pumpido Tourón, que en su día tuvieron que apartarse de los recursos de amparo interpuestos por mi representado, después de ser recusados por este, por su evidente parcialidad”.

d) En el artículo del magistrado recusado publicado en el diario “El Imparcial” el día 28 de julio de 2016, recogido después en su libro Urnas, legisladores y togas (2018, pág. 316).

“Los esfuerzos se han decantado en desunir, destejer, enfrentar, separar, crispar, desoír, deslegitimar y tantos y tantos verbos que expresan nuestra especialidad en hacer todo lo posible por deshacer el camino que ha llevado a España a vivir la etapa más larga de bienestar y prosperidad, de nivel de formación, de protección social, y, por supuesto, de libertad (por más que algunos imberbes e ignorantes espadachines del populismo y del independentismo delirante la aplasten o la ninguneen)”.

e) En el artículo del magistrado recusado publicado en el diario “El Imparcial” el día 30 de julio de 2015, titulado España tiene un problema.

“Algunos pensarán que tiene varios problemas o muchos problemas, pero esos mismos opinadores convendrán conmigo en que ninguno tiene la dimensión ni las derivadas que presenta el órdago de los llamados soberanistas, abducidos por un discurso voluntarista lleno de engaños y trufado de falsedades; un discurso de raigambre belicista que busca el enfrentamiento; un discurso falaz, pobre, ahistórico y arcaizante.

Nadie espera ya gran cosa de Artur Mas, y parecen cerradas todas las vías de cordura (Revilla dixit). La gente (normal) pregunta angustiada qué va a ocurrir y nadie ofrece respuestas tranquilizadoras, más allá de que ‘algo se hará’ o ‘algo ocurrirá que finalmente se tome alguna medida’ que detenga esta locura”.

Se insiste en que por estas manifestaciones se plantea la recusación del magistrado Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla, con arreglo a la causa del art. 219.10 LOPJ, aplicado en procesos constitucionales por la vía del art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

C) “El Excmo. Sr. Enrique Arnaldo Alcubilla se halla incurso en las causas de recusación previstas en el artículo 219.9 [amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes] y 10 [cit.] de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia de su relación de amistad íntima con el Excmo. Sr. José Manuel Maza Martín, el Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez y el Excmo. Sr. Antonio del Moral García”.

a) Respecto del Excmo. Sr. don José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado que presentó la querella que dio lugar a la apertura de la causa especial 20907-2017 ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aprecia el escrito de recusación que existe un paralelismo evidente entre el magistrado ahora recusado y el que fuera magistrado de este Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. Antonio Narváez Rodríguez, quien solicitó abstenerse de participar en el enjuiciamiento del recurso de amparo núm. 5934-2017, aduciendo razón de amistad con el fiscal responsable de la apertura de unas diligencias contra la magistrada recurrente, lo que fue aceptado por el Tribunal en el ATC 99/2018, de 24 de septiembre.

En el caso del magistrado ahora recusado -prosigue diciendo el escrito de recusación-, este publicó un panegírico del Excmo. Sr. Maza Martín en el diario “Expansión” de 21 de noviembre de 2017 (incluido también en el libro Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder, cit., pág. 243), explicando su relación de amistad con él.

Precisa el escrito de recusación que nada obsta al reconocimiento de este motivo de parcialidad, el hecho de que la relación de amistad se refiera al fiscal de la causa judicial y no a un magistrado de la Sala, lo mismo que si existiera una relación de parentesco entre el magistrado ahora recusado y quien hubiese actuado en ese procedimiento por la Fiscalía. Así lo ha entendido este tribunal, añade, en el ATC 7/2019, de 5 de febrero.

b) Por lo que atañe a la amistad del magistrado recusado con el Excmo. Sr. don Manuel Marchena Gómez, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que formó parte del tribunal que condenó a varios de los acusados en la causa especial núm. 20907-2017, se aduce en el escrito de recusación que en varias publicaciones se refiere a él en dichos términos, en los libros Tiempo de Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder (pág. 18) y Urnas, legisladores y togas (pág. 22).

A juicio del recurrente, “esa relación de amistad parece incompatible con el conocimiento de los recursos de amparo derivados de dicha causa especial que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Recuerda a continuación el escrito de recusación, que fue el magistrado Excmo. Sr. don Manuel Marchena Gómez quien admitió a trámite la querella que dio inicio a la mentada causa especial, calificando después los hechos investigados como constitutivos de un delito de sedición.

Y se remite de nuevo al libro Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder (págs. 321-331 y 369-372), en el que se incluyen “alabanzas” al Excmo. Sr. Marchena Gómez y al Excmo. Sr. Maza Martín.

c) Asimismo, sobre su amistad con el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Excmo. Sr. don Antonio del Moral García, integrante del colegio que dictó la sentencia del procés, el recurrente cita el prólogo del libro del magistrado recusado Las razones del aforamiento, e insiste en que por estos datos el magistrado Excmo. Sr. Arnaldo Alcubilla se halla incurso en las causas de recusación de los arts. 219.9 y 219.10 LOPJ, y debe ser apartado del conocimiento del presente recurso de amparo.

D) “El Excmo. Sr. Enrique Arnaldo Alcubilla se halla incurso en la causa de recusación prevista en el artículo 219.10 de la misma Ley Orgánica, por su estrecha relación con el Partido Popular, responsable de su promoción al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional”.

Comienza exponiendo el escrito de recusación que “[e]l nombramiento del Excmo. Sr. Arnaldo Alcubilla como magistrado del Tribunal Constitucional ha sido recibido con auténtico estupor por la comunidad jurídica. De ello se han hecho eco, en fechas recientes, la práctica totalidad de los medios de comunicación”. Señala que el magistrado recusado estuvo “moviéndose” para que el fiscal “fuera ‘bueno’ con el expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular [don] Ignacio González”, y que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados, que avaló su nombramiento “propuesto por el Partido Popular”, adujo que su candidatura generaba desconfianza, pese a que luego -añade el escrito de recusación- le votó.

También se refiere el escrito de recusación a las palabras de agradecimiento mutuo entre el magistrado recusado y el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Excmo. Sr. don Enrique López López, durante el premio que a este último le otorgó la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, siendo “notorio” -acota el escrito de recusación- que don Enrique López y López “encabezó la negociación en nombre del Partido Popular” que permitió la designación del recusado como magistrado de este Tribunal Constitucional.

Se refiere posteriormente el escrito de recusación, a la relación personal “notoria” del magistrado recusado con el “presidente [sic] del Partido Popular” don Pablo Casado (se cita un artículo de “El Diario”, de 11 de noviembre de 2021, sobre la supuesta ayuda del primero al segundo, ante el rector de la universidad donde el señor Casado cursaba estudios), dirigente que reclamó el encarcelamiento, entre otros, del aquí recusante y del “Excmo. Sr. Puigdemont i Casamajó”, tras la detención de este en Cerdeña “por orden del Excmo. Sr. Llarena Conde” (se hace cita de un artículo en el periódico “ABC”, de 24 de septiembre de 2021).

Finaliza este apartado el escrito de recusación exponiendo que fue “el Partido Popular el que puso en marcha la persecución política contra el recurrente, lo que priva de cualquier apariencia de imparcialidad, cuando menos, objetiva, del Excmo. Sr. Arnaldo Alcubilla”, por lo que se halla incurso en el motivo de recusación del art. 219.10 LOPJ, aplicable supletoriamente, por lo que debe ser “definitivamente apartado del presente recurso de amparo”.

4. En virtud de la diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia del Pleno de este tribunal de 17 de diciembre de 2025, se dispuso lo que sigue:

“En el asunto de referencia, se tiene por recibida comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional remitiendo testimonio del escrito presentado el día 11 de diciembre de 2025 por el procurador don Javier Fernández Estrada, en nombre y representación de don Antoni Comín i Oliveres, mediante el que formula recusación del magistrado de este tribunal Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Se acuerda formar pieza separada y designar ponente del incidente de recusación al magistrado Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho, a quien por turno corresponde, para que proponga al Pleno la resolución que proceda”.

1. El demandante del presente recurso de amparo núm. 8334-2025 ha planteado la recusación del magistrado de este tribunal Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla, dentro del plazo de diez días que marca el art. 223.1 LOPJ, de aplicación supletoria en esta jurisdicción constitucional, ex art. 80 LOTC [entre otros, AATC 490/2023, de 24 de octubre, FJ 1 B) d); 70/2024, de 16 de julio, FJ 2 B), y 6/2025, de 15 de enero, FJ 1], plazo que en este caso se cuenta desde la fecha de notificación a la parte recurrente, de la diligencia de incoación del recurso en la que se informó que su conocimiento había recaído en la Sección Cuarta de este tribunal, de la que justamente forma parte el magistrado recusado.

Se argumenta en el escrito de recusación que sobre dicho magistrado concurren las causas de parcialidad del art. 219, apartado noveno (“amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”), apartado décimo (“tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”) y apartado decimotercero (“haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”) de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable también supletoriamente a estos procesos constitucionales por la vía del art. 80 LOTC (entre otros, AATC 28/2023, de 7 de febrero, FJ 2; 68/2024, de 2 de julio, FJ 2, y 70/2024, FJ 1 b)].

Respecto de cada una de esas causas de parcialidad el escrito de recusación ha aducido los hechos que ha tenido por conveniente, y de los que se ha hecho exposición en el antecedente 3 de esta resolución, los cuales, en resumen, denuncian una supuesta toma de posición previa o perjuicio del magistrado recusado sobre la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía; la animadversión al recurrente por participar este en los hechos que le atribuye el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y por los que todavía no ha sido juzgado al haberse puesto fuera del alcance de la justicia española; su relación de amistad con el fiscal general del Estado que interpuso la querella relativa a esos hechos y con dos magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que han condenado a otros coinvestigados en la citada causa especial, y, finalmente, por la supuesta vinculación del magistrado recusado con el Partido Popular.

2. Conforme recuerda entre otros el ATC 490/2023, de 24 de octubre, FJ 1 B) f), del Pleno de este tribunal:

«Acerca de la posibilidad de acordar de plano la inadmisión de una recusación formulada contra magistrados de este tribunal, es doctrina constitucional reiterada a la que se refiere por ejemplo nuestro ATC 72/2022, de 27 de abril, FJ 1 b), que “el Pleno de este tribunal ha recordado recientemente, en el ya citado ATC 17/2022 [de 25 de enero], FJ 4 C) b), que: ‘la decisión de inadmisión a limine de las recusaciones se encuentra asentada en la doctrina de este tribunal, desde luego cuando incurran en defectuoso planteamiento procesal (ATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2), pero también en atención a las circunstancias que las circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los recusantes, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ (AATC 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007, de 7 de marzo, FJ 1. También, en el ATC 107/2021, FJ 5). […] Debemos añadir a lo anterior que, como señalan los AATC 84/2020 y 85/2020, de 21 de julio, FJ 2, y 86/2021, de 16 de septiembre, FJ 3, es acorde con el art. 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que las mociones de parcialidad no deben ser capaces de paralizar el sistema jurídico del Estado demandado. Este aspecto reviste especial importancia cuando se trata de tribunales de última instancia’ (STEDH de 9 de julio de 2015, asunto A.K. c. Liechtenstein, § 82). Dicha premisa se intensifica en nuestro caso, en el que […] la singular naturaleza del Tribunal Constitucional […] debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar los presupuestos de hecho invocados por las partes para fundamentar sus alegadas causas de recusación y llegar a una decisión sobre estas. […] Por tanto, si los motivos de recusación invocados se apoyan en ‘meras afirmaciones’ [que], están ‘huérfanas de todo sustento en hechos concretos’, y no se aporta un principio de prueba del que se pueda derivar una duda objetiva y razonable sobre las causas de recusación invocadas, la decisión de inadmisión a limine puede ser adoptada por [todos los componentes del] Tribunal, sin incurrir en vicio de parcialidad, porque se trata de un rechazo basado en alguno de los supuestos previstos en el art. 11.2 LOPJ” [ATC 17/2022, FJ 4 C) b)]».

En el mismo sentido, entre otros, AATC 93/2025, de 23 de septiembre, FJ 2; 98/2025, de 23 de septiembre, FJ 2, y 12/2026, de 11 de febrero, FJ 3.

3. La aplicación de la doctrina constitucional general antes citada, así como la más específica que ahora se añadirá conduce, debe adelantarse desde ya, a la inadmisión a trámite de la pretensión de recusación formulada, por falta manifiesta de fundamentación en cuanto al fondo. De un lado, por haber rechazado ya este tribunal casi todos los motivos de parcialidad que aquí esgrime el recurrente contra el magistrado Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla, pese a que en el escrito que ahora nos ocupa se advierte reiteradamente que dicha recusación “se formula única y exclusivamente en el marco” del presente recurso núm. 8334-2025 “y no se extiende a ningún otro recurso de amparo”, lo cual no es cierto. Y de otro lado, porque respecto del único motivo que el recurrente todavía no había deducido contra él, existe en todo caso doctrina del Tribunal que ha desestimado una queja similar vertida en otros recursos de amparo donde se impugnaron también resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en denegación de la amnistía, por los hechos de la causa especial núm. 20907-2017. De este modo, tenemos que:

a) Respecto de la atribución al magistrado recusado de hallarse incurso en las causas novena y décima del art. 219 LOPJ, por su toma de posición sobre los asuntos que son objeto del recurso, y por su animadversión hacia, entre otros, el aquí recurrente, con fundamento en determinados pasajes del libro Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder; en el hecho de haber suscrito el magistrado recusado el manifiesto Parar el golpe, en 2017; en los artículos publicados en el diario “El Imparcial”, y, en fin, en referencias al libro del mismo autor Urnas, legisladores y togas, así como una comparativa con la situación del ex magistrado del Tribunal Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez: todas estas circunstancias ya las planteó el aquí demandante contra el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, en los recursos de amparo núm. 5513-2020, 972-2021, 6245-2022 y 5510-2025.

En su respuesta, semejante motivo de recusación fue inadmitido por el Pleno de este tribunal: (i) en el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, FJ 4 d), confirmado por el ATC 17/2022, de 25 de enero, FJ 4 D), respecto de su invocación en los recursos de amparo núm. 5513-2020, 972-2021 y 1212-2021; (ii) en el ATC 156/2022, de 16 de noviembre, FJ 4 A) a), respecto de su invocación en el recurso de amparo núm. 6245-2022, y (iii) en el ATC 97/2025, de 23 de septiembre, FJ 2 a), respecto del recurso de amparo núm. 5510-2025 (en cuyo escrito de recusación, por cierto, ya decía que los motivos aducidos se formulaban “única y exclusivamente en el marco” de ese recurso de amparo).

A fin de evitar repeticiones innecesarias y dado que el recurrente lógicamente conoce todos estos autos, baste reproducir aquí el razonamiento expresado en el último de ellos en este punto:

«Así, es doctrina constitucional reiterada la que considera que no puede fundarse una duda legítima de imparcialidad por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado constitucional [ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 5; recientemente, AATC 107/2021, de 15 de diciembre, FJ 4 d); 72/2022, de 27 de abril, FJ 3 B) b); 149/2022, de 15 de noviembre, FJ 4 A) a), y 105/2024, de 22 de octubre, FJ 3 (ii)].

En este sentido, este tribunal ya ha rechazado que comprometan la imparcialidad del magistrado recusado las opiniones vertidas por este en las mismas publicaciones académicas y los mismos artículos de opinión a los que se refiere el presente incidente de recusación, así como por la firma de un manifiesto con otros 700 profesores universitarios en septiembre de 2017. En el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, FJ 4 d), concluimos al respecto:

“En primer lugar, los trabajos académicos como los aludidos no pueden justificar una sospecha fundada de parcialidad, incluso si su tesis fuera contraria a la defendida por alguna de las partes. Precisamente ‘el trabajo académico, cuando merece tal calificativo -como lo merece el trabajo analizado-, se caracteriza por suponer la participación en una discusión racional desde una perspectiva que se somete a debate y consideración de la comunidad científica. Por ello, nunca es definitivo en sus conclusiones ya que implícitamente admite posiciones en contra y queda abierto a su modificación ante argumentos más razonables o mejor justificados. Tal naturaleza abierta, e intelectualmente sometida a debate, no solo no choca sino que entronca con el fundamento mismo de la idea de imparcialidad’ (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 5).

Debe añadirse que las opiniones vertidas en un periódico o la firma del manifiesto aludido se produjeron aproximadamente cinco años antes de adquirir la condición de magistrado, sin que tan siquiera se hubiera iniciado proceso penal alguno contra cualesquiera de los recusantes ante la jurisdicción ordinaria, y, lo que se reclamaba era el cumplimiento de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”».

b) Sobre la alegada concurrencia de las causas de parcialidad del art. 219.9 y 10 LOPJ, que en realidad únicamente se refiere a la primera de esas causas por la relación de amistad del magistrado aquí recusado con los Excmos. Sres. don José Manuel Maza Martín, don Manuel Marchena Gómez y don Antonio del Moral García, con las mismas alusiones bibliográficas, dicho motivo de recusación se inadmitió por los AATC 107/2021, FJ 4 c) (recursos de amparo núm. 5513-2020, 972-2021 y 1212-2021); 156/2022, FJ 4 A) b) (recurso de amparo núm. 6245-2022), y 97/2025, FJ 2 a) (recurso de amparo núm. 5510-2025). Afirmamos en el ATC 97/2025:

“También debe rechazarse la recusación fundada en la causa prevista en el art. 219.9 LOPJ, pues la misma parte del error conceptual de atribuir la condición de parte a quien fuera fiscal general del Estado, ya fallecido, y a los magistrados del Tribunal Supremo, confundiendo de este modo las instituciones con quien las representa o atribuyendo la condición de parte a quien ontológicamente es evidente que no puede tenerla [en idéntico sentido, ATC 107/2021, FJ 4 c)]”.

No solo la alegación de ahora era la misma que la de aquellos otros recursos, sino que ni siquiera se ha actualizado, lo que explica, por ejemplo, que se identifique a varias de esas personas con el ejercicio de cargos que ya no ostentan, incluso alguna por haber fallecido.

c) Por lo que atañe a la invocación de la causa de parcialidad del art. 219.10 LOPJ (interés directo o indirecto en el pleito o causa), atribuyendo una estrecha relación al magistrado recusado con el Partido Popular, “responsable de su promoción al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional”, resultó inadmitida esta queja por falta de fundamento, en los AATC 107/2021, FJ 4 c) (recursos de amparo núm. 5513-2020, 972-2021 y 1212-2021); 156/2022, FJ 4 A) c) (recurso de amparo núm. 6245-2022), y 97/2025, FJ 2 a) (recurso de amparo núm. 5510-2025). Según razonamos en este último:

“Tampoco cabe acoger la recusación basada en una supuesta afinidad ideológica del citado magistrado con un determinado partido político. Como ha tenido ocasión de señalar la doctrina constitucional, ‘[d]el proceso de selección de los magistrados constitucionales recusados no cabe derivar la vinculación política sugerida por los recurrentes, habida cuenta de que de la participación en ese proceso de los plenos del Congreso y del Senado, el Consejo de Ministros o el Consejo General del Poder Judicial, que aparece regulada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no puede concluirse ninguna vinculación política de los magistrados constitucionales con unos partidos en concreto ni, mucho menos, de manera derivada con otros partidos políticos afines o coaligados con aquellos. Por otra parte, de manera mucho más general, este tribunal ya ha reiterado que la sola afinidad ideológica de un magistrado de este tribunal con algún partido político legalmente constituido no puede traducirse en causa de abstención o recusación, ni siquiera si esa afinidad se traduce en la probada afiliación formal a dicha organización, salvo que hubiera llegado a ostentar un cargo dirigente dentro de su estructura (así, AATC 72/2022, de 27 de abril, FJ 4; 149/2022, de 15 de noviembre, FJ 4, o 156/2022, de 16 de noviembre, FJ 4)’ [ATC 42/2024, de 7 de mayo, FJ único b)]”.

En virtud, por tanto, del efecto de cosa juzgada dimanante de nuestras anteriores resoluciones, y dado que el escrito ahora presentado no aporta ningún elemento fáctico o jurídico que permita revisar el criterio ya adoptado, se inadmiten estos tres motivos de recusación.

4. Finalmente, el único motivo de recusación que podemos considerar novedoso con relación al magistrado Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla, es el primero de los deducidos en el escrito del recurrente, señalándole estar incurso en las causas de parcialidad del apartado décimo del art. 219 LOPJ (“interés directo o indirecto en el pleito o causa”) y decimotercero (“haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”), por haber formado parte del Pleno de este tribunal que dictó la STC 137/2025, de 26 de junio, que declaró por mayoría la constitucionalidad, salvo en aspectos concretos, de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y haber formulado un “duro voto particular” a esa sentencia, a través del cual habría manifestado una “descalificación global de la norma”, lo cual le impediría pronunciarse con imparcialidad en el presente recurso de amparo.

Expuesto en estos términos, el motivo debe desestimarse tomando como base el criterio adoptado por el Pleno de este tribunal en los AATC 91/2025, de 23 de septiembre, y 94/2025, de la misma fecha, recaídos, respectivamente, en los recursos de amparo núm. 7762-2024 y 8547-2024. En efecto:

a) Los dos recursos de amparo citados fueron promovidos por personas condenadas en la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, ECLI:ES:TS:2019:2997, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017, y a las que, como al aquí recurrente (solamente procesado) dicha sala les ha negado la aplicación de la medida de amnistía prevista en la Ley Orgánica 1/2024, respecto del delito de malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado, tras personarse como parte en ambos procesos constitucionales, promovió en los dos un incidente de recusación contra el magistrado de este tribunal Excmo. Sr. don José María Macías Cataño, alegando que concurrían en él las causas decimotercera -antes citada- y decimosexta (haber tenido conocimiento, por razón de su cargo, del objeto del litigio y formar criterio en torno al mismo) del art. 219 LOPJ, por una doble circunstancia: (i) haber elaborado un informe sobre la entonces proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, en su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, informe que comportó un “examen abstracto de constitucionalidad de la norma en su conjunto y de sus preceptos”, y (ii) porque dicho informe se incorporó al procedimiento legislativo de aquella proposición de ley orgánica “que culminó en su aprobación”.

Pues bien: ese motivo de recusación fue rechazado en los citados AATC 91/2025 y 94/2025, ambos en el fundamento jurídico 3, al considerar el Pleno de este tribunal que el objeto del juicio jurídico formulado entonces por dicho magistrado, actuando como vocal del Consejo General del Poder Judicial, acerca de la constitucionalidad de la indicada proposición de ley, nada tenía que ver con el objeto de estos dos recursos de amparo interpuestos, consistente a su vez en enjuiciar si una posterior labor de interpretación y aplicación de esa ley por el tribunal de la causa ha podido traer consigo la vulneración de ciertos derechos fundamentales de los recurrentes, según estos esgrimen en sus demandas de amparo. Razonamos en tal sentido en ambos autos para rechazar el motivo de recusación:

“Sin embargo, las consideraciones que transcribe en su escrito [el abogado del Estado] en ningún caso aluden a la aplicación judicial de la norma, sino que se enmarcan en el análisis de la norma proyectada que realiza el órgano constitucional en desarrollo de su función consultiva […]. El informe, de forma congruente con su finalidad, no se pronuncia sobre cómo deberá aplicarse la norma, sino sobre la calidad de sus previsiones en orden a asegurar el respeto al principio de seguridad jurídica.

En suma, no existe base alguna para apreciar que el magistrado recusado haya tenido ocasión de participar directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o en otro relacionado con el mismo (art. 219.13 LOPJ) o que haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formarse criterio al respecto (art. 219.16 LOPJ). Ni el objeto ni la controversia constitucional del proceso de amparo coinciden con los del informe del Consejo General del Poder Judicial en el que participó el magistrado, lo que evidencia la manifiesta carencia de fundamento de la recusación promovida y determina su inadmisión a trámite”.

b) La misma solución cabe aplicar en este caso. El examen del voto particular emitido por el magistrado Excmo. Sr. Arnaldo Alcubilla a la STC 137/2025, de 26 de junio, evidencia que se trata de su discrepancia jurídica con los fundamentos de la sentencia que condujeron a declarar la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos impugnados de la Ley Orgánica 1/2024, dado que a su parecer tales normas incurren en inconstitucionalidad con arreglo a los motivos que tuvo a bien desarrollar en su voto particular, por “duros” que le parezcan al recusante los términos empleados por dicho magistrado para explicar su criterio.

Nada hay en ese voto particular que se refiera a la aplicación de la Ley de amnistía a posibles destinatarios de sus disposiciones, ni se manejan argumentos por los que el tribunal sentenciador podría en concreto denegar el beneficio de la Ley respecto del delito de malversación de caudales públicos, sea al aquí recurrente o a otras personas procesadas y pendientes de juicio, o incluso condenadas, en la causa especial núm. 20907-2017, ni analiza el voto particular la eventual vulneración de los derechos fundamentales de esas personas en la ejecutoria de tal procedimiento judicial.

En definitiva, no solo no coincide el objeto de los dos procesos constitucionales en liza (recurso de inconstitucionalidad núm. 6436-2024, resuelto por la STC 137/2025, y el presente recurso de amparo núm. 8334-2025), sino que en la eventualidad de que el presente recurso de amparo se admitiese a trámite, no cabría plantear ya una cuestión interna de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC) sobre la Ley Orgánica 1/2024, aplicada por los autos del Tribunal Supremo que aquí se impugnan, al haber sido precisamente juzgada ya la constitucionalidad de dicha ley orgánica por la STC 137/2025, cuya fundamentación jurídica y fallo devienen vinculantes.

c) En todo caso, como recuerda el ATC 17/2020, de 10 de febrero, FJ 3, este tribunal ya ha afirmado que la facultad de emitir votos particulares es consustancial a la función desempeñada por los magistrados del Tribunal y que no cabe admitir, en principio, una recusación basada en las afirmaciones y posicionamientos que se expresan en ellos. Así pues “el planteamiento de causas de recusación con argumentos exclusivamente basados en las opiniones vertidas en los votos particulares de las resoluciones del Tribunal resulta, en principio, improcedente, tanto desde el punto de vista de servir a la garantía de imparcialidad, único fin de la institución de la recusación, como respecto al normal funcionamiento de cualquier órgano jurisdiccional, que resultaría con ello gravemente perturbado” (AATC 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 4, y 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 5).