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1. Por Auto de 10 de febrero de 1987 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acordó plantear Cuestión de Inconstitucionalidad del art. 13.1 de la Ley 24/1983 de 21 de diciembre de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de Las Haciendas Locales. El planteamiento de la Cuestión de Inconstitucionalidad mencionada tuvo entrada en este Tribunal el día 26 de marzo de 1987, y se formuló previo cumplimiento de los reguisitos procesales establecidos en el art. 35 y siguientes LOTC.

2. Por providencia de la Sección 3ª de 1 de abril de 1987 se acordó oir al Ministerio Fiscal por plazo de 10 días a fin de que alegase sobre la admisibilidad de la Cuestión de Inconstitucionalidad planteada al haber dictado sentencia este Tribunal, en la cuestión 665/84 el 17 de febrero de 1987, declarando la inconstitucionalidad del art. 13.1 de la Ley 24/1983 de 21 de diciembre.

3. El Ministerio Fiscal evacuó el traslado conferido por escrito de 13 de abril de 1987 en el que tras exponer los antecedentes de la Cuestión de Inconstitucionalidad planteada, y referirse a la eficacia "erga omnes" de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma, solicitaba que se declarase la inadmisibilidad de la planteada al haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo 13.1 de la Ley 24 de 21 de diciembre de 1983 en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1987 de 17 de febrero.

Único. - La eficacia erga omnes que es propia de las sentencias de este Tribunal en los procedimientos de inconstitucionalidad (artículo 38.1 LOTC) implica, como consecuencia ineludible, la de que, declarada la inconstitucionalidad de una norma legal, ésta queda expulsada del ordenamiento, con lo que no puede ser aplicada por ningún órgano del Estado.

Declarada por la sentencia del pasado 17 de febrero, recaída en la Cuestión de Inconstitucionalidad 665/84, la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del artículo 13.1 de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, declaración que afecta a tal precepto en su enunciado y no en una interpretación determinada del mismo, es claro que ese precepto ha quedado privado de todo efecto. Esta decisión y su necesaria consecuencia priva así de objeto a la cuestión que en su Auto de 10 de febrero de 1987 nos planteaba la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.