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1. El pasado 17 de diciembre de 1980 tuvo entrada en este Tribunal un escrito sin firma de Letrado y Procurador y suscrito por don José Español Bayle y sesenta y uno más, que afirman ser funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, en el que interponen recurso de amparo contra la resolución de la Alcaldía de 15 de junio de 1979 por la que se les denegó unos derechos económicos que dicen les corresponden legalmente.

2. Por providencia de 14 de enero de 1981, la Sección puso de manifiesto la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisibilidad: 1.ª falta de representación de Procurador y dirección de Letrado; 2.ª falta de agotamiento de la vía judicial previa, y 3.ª carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.

3. Otorgada la preceptiva audiencia al recurrente y al Ministerio Fiscal por el plazo común de diez días, con advertencia a aquél de que en dicho plazo podría subsanar la falta de postulación procesal, fue evacuada por el Ministerio Fiscal mediante escrito de 27 de enero de 1981, sin que, por el contrario, el recurrente haya realizado actuación alguna y consiguientemente subsanado el defecto de postulación y hecho alegaciones respecto a las otras dos causas de inadmisibilidad.

1. La comparecencia ante el Tribunal Constitucional, según se prescribe en el art. 81 de su Ley Orgánica, deberá hacerse por las personas físicas y jurídicas por medio de Procurador y actuando bajo la dirección de Letrado.

En el presente recurso, a pesar de haberse concedido el plazo de diez días previsto en el art. 85.2 de la LOTC para subsanar la falta de representación, ha transcurrido sobradamente el plazo sin haberse cumplido dicha exigencia.

2. Además es de hacer notar, como reiteradamente ha sido dicho por este Tribunal, que el art. 43 de la LOTC recoge el carácter subsidiario del recurso de amparo al establecer como requisito previo a la interposición, en todos los supuestos que tengan por objeto pretensiones deducidas frente a actos de órganos politicos o administrativos, haber agotado la vía judicial precedente. En el caso presente tampoco ha sido justificado ante este Tribunal, pese a la petición del mismo en su providencia de 14 de enero de 1981, el referido agotamiento previo de los recursos.

3. Tampoco ha sido alegado nada contra la presunta causa de inadmisibilidad de carecer manifiestamente la demanda de contenido que justifique una decisión por parte de este Tribunal.

4. Finalmente es de hacer notar que una vez transcurrido el plazo de diez días concedido al recurrente, por la anteriormente citada providencia del 14 de enero de 1981, sin que éste haya efectuado subsanación alguna, resulta claro, como tantas veces ha manifestado este Tribunal, que el motivo de inadmisión subsanable se ha convertido en insubsanable y que no habiendo presentado el recurrente alegación alguna respecto a los motivos de inadmisión insubsanable se puede presumir que los mismos existen.