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1. En 29 de septiembre de 1982, don Enrique Brualla de Pinies, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Gabriel Lorente Páramo, presenta demanda de amparo contra resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 18 de mayo de 1978, que denegó a su mandante la petición sobre reconocimiento de la situación de Catedrático de Universidad sin plaza, pero aprobado en expectativa de destino para el momento en que se produzca vacante. Interpuesto recurso contencioso, fue desestimado por Sentencia de 20 de noviembre de 1980 de la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1982 -que acompaña-, que fue notificada, según indica, en 4 de septiembre de 1982.

2. En 27 de octubre de 1982, la Sección acordó otorgar un plazo de diez días al recurrente y al Ministerio Fiscal a fin de que pudieran alegar lo que estimaran pertinente acerca de la concurrencia de los motivos de inadmisión de carácter insubsanable consistente en haber sido presentada la demanda fuera de plazo y en carecer manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.

3. En 16 de novienbre de 1982, el Fiscal formula escrito en el que interesa, salvo que otra cosa resulte de los autos originales, se declare la inadmisión de la demanda por presentación fuera de plazo legal. En cuanto a la otra causa de inadmisión manifiesta que, a su juicio, no parece por ahora deducirse de la demanda, y documentación acompañada, que carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.

El demandante no ha formulado alegación alguna en el plazo otorgado al efecto.

Único. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece en su art. 50 las causas de inadmisión de los recursos de amparo, entre las que figura -núm. 1 - la relativa a que la demanda se haya presentado fuera de plazo. Y por su parte el art. 43.2, establece que el plazo para interponer el recurso de amparo será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

En el presente caso resulta claro que tal plazo ha quedado incumplido, ya que cuando se formula la demanda de amparo había transcurrido un tiempo superior al de veinte días hábiles siguientes a la notificación, en 4 de septiembre, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1982, por lo que procede decretar la inadmisión del recurso.