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1. La suspensión por cinco meses (art. 161.2 C.E.) del art. 3.1 a), de la Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento de Cataluña, sobre creación del «lnstitut Cartografic de Catalunya», se cumple el próximo 26 del presente mes de junio puesto que con fecha 26 de enero acordó este Tribunal la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno contra el citado precepto y con esa misma fecha se les comunicó a los Presidentes del Parlamento y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña la suspensión. Por providencia de 8 de junio la Sección Cuarta del Pleno concedió un plazo común de cinco días a las partes personadas en este recurso de inconstitucionalidad para que alegasen lo que estimaren oportuno en relación con la ratificación o levantamiento de dicha suspensión.

2. El Abogado del Estado pide que se mantenga la suspensión por entender que de su levantamiento podrían derivarse perjuicios contra la unicidad de la cartografía de base con repercusiones en la defensa nacional y con proyección internacional.

El Abogado de la Generalidad alega que procede el levantamiento de la suspensión porque la vigencia del precepto discutido no puede menoscabar las competencias del Estado, máxime habida cuenta de la disposición final primera de la Ley parcialmente impugnada.

El President del Parlament de Catalunya interesa se acuerde el levantamiento de la suspensión porque se restringe la capacidad jurídica de la Administración Autónoma.

Único. La disposición final primera de la Ley 11/1982 del Parlamento de Cataluña dispone que «lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a la Administración Central del Estado y, en especial, al Consejo Superior Geográfico, al Instituto Geográfico Nacional, al Servicio Geográfico del Ejército de Tierra, al Instituto Hidrográfico de la Marina y al Servicio Cartográfico del Ejército del Aire». El expreso reconocimiento de las competencias estatales en la materia y muy en especial de las correspondientes a organismos vinculados a la defensa nacional, permite que se desvanezcan los temores expuestos a este respecto por el Abogado del Estado en sus alegaciones, por lo que no parece que existan motivos suficientes para mantener la suspensión impuesta en su día ex Constitutione, y puesto que el mismo precepto constitucional aludido (art. 161.2 in fine) autoriza al Tribunal Constitucional para levantar la suspensión una vez transcurrido el plazo de cinco meses allí establecido, este Tribunal, por las razones antes expuestas, entiende que en este caso procede el levantamiento.