Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 29 de enero de 2024, doña Eva Ordax Cano, representada por el procurador de los tribunales don David García Riquelme y asistida por la abogada doña Lourdes Ruiz Ezquerra, interpuso recurso de amparo contra la sentencia núm. 1136/2023, de 12 de diciembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2814-2022, que estimó el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la sentencia núm. 255/2022, de 8 de abril, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictada en el recurso de suplicación núm. 234-2022, que desestimó los recursos formulados por la demandante de amparo y por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), confirmatoria de la sentencia núm. 24/2022, de 31 de enero, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Santander en el procedimiento de Seguridad Social núm. 875-2021, estimatoria de la demanda interpuesta por la recurrente en amparo frente al INSS y la TGSS, con motivo de la resolución dictada por el INSS de fecha 18 de octubre de 2021, que rechaza la reclamación administrativa previa formulada por la demandante de amparo contra la resolución del mismo organismo de 10 de septiembre de 2021, que le reconoció dieciséis semanas de prestación por nacimiento y cuidado del menor, y rechazó tácitamente su solicitud de que le fueran reconocidas las dieciséis semanas de prestación por nacimiento y cuidado de menor que hubieran correspondido al progenitor distinto de la madre biológica, recurso de amparo que fue tramitado con el núm. 644-2024 por la Sala Primera de este tribunal.

2. El recurso de amparo fue resuelto por la STC 6/2025, de 13 de enero, en la que, tras declarar vulnerado el derecho fundamental a la igualdad ante la ley sin que proceda discriminación por razón de nacimiento (art. 14 CE), se acordó para su restauración la nulidad de las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento previo al pronunciamiento de la resolución del INSS de 10 de septiembre de 2021, a fin de que, en los términos expuestos en el último párrafo del FJ 3, se dictara otra respetuosa con el derecho fundamental reconocido. A esos efectos, en el último párrafo del FJ 3 se establecía que, en tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), y en relación con el art. 177 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto).

3. La administración de la Seguridad Social, por escrito registrado el 28 de febrero de 2025, formuló incidente de ejecución al amparo del art. 92.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) instando al Tribunal a determinar las medidas necesarias para que el INSS pueda dictar una resolución administrativa respetuosa con el derecho vulnerado.

La administración de la Seguridad Social fundamenta su petición, tras exponer los antecedentes fácticos que considera relevantes, en que la normativa reguladora de la prestación controvertida condiciona su reconocimiento a que el menor no haya cumplido los doce meses, plazo que ya se habría superado en este caso; afirma que la actora no ha obtenido el permiso por las semanas adicionales, que le correspondían al otro progenitor de haber existido, y concluye que dadas las dificultades para disfrutar el permiso, “la ejecución de la sentencia en el sentido, de dictar una resolución respetuosa con el derecho vulnerado, deviene imposible, y si no imposible, sí extremadamente difícil”. Ante estas dificultades jurídicas para dar cumplimiento a la ejecución de lo acordado por el Tribunal, expone diferentes alternativas, considerando como la adecuada denegar la prestación adicional y en la misma resolución efectuar petición razonada a la autoridad competente (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) para que, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las apministraciones Públicas, se inicie de oficio el procedimiento administrativo para el reconocimiento de una indemnización derivada del daño producido por el Estado legislador.

4. Mediante diligencia de ordenación de 3 de marzo de 2025 se acordó tener por recibido el escrito presentado por el letrado de la administración de la Seguridad Social, del que se pasa a dar cuenta a la Sala, y se significa a las partes que podrán tener acceso a los escritos y demás documentación, incluida la ahora recibida, a través de la sede electrónica de este tribunal.

5. El 13 de mayo de 2025 el Pleno del Tribunal dictó el ATC 34/2025, en el que inadmitió el incidente de ejecución instado por la administración de la Seguridad Social respecto a la STC 88/2025, de 7 de abril, dictada en el recurso de amparo avocado núm. 5220-2024, estimatoria del recurso planteado sobre la misma materia que es objeto de la sentencia dictada en el presente recurso de amparo.

Único. El ATC 34/2025, de 13 de mayo, del Pleno, citado en los antecedentes, declara que el Tribunal ha reiterado, en interpretación del art. 92 LOTC, que “la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el art. 92 LOTC requiere, como presupuesto indispensable, la contravención (art. 92.1, párrafo segundo LOTC) o el ‘incumplimiento total o parcial’ (art. 92.4, párrafo segundo LOTC) de lo dispuesto en las resoluciones de este tribunal. Además, la puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos previstos en el art. 92 LOTC habrá de estar orientada, exclusivamente, al ‘cumplimiento efectivo’ de las decisiones de esta jurisdicción constitucional (art. 92.1 LOTC), y solo en la medida en que resulten ‘necesarias’ (art. 92.3 LOTC) a tal efecto” (así, AATC 7/2022, de 24 de enero, FJ 2, y 125/2024, de 19 de noviembre, FJ 2).

Esta jurisprudencia constitucional pone de manifiesto que es un presupuesto formal necesario para la apertura del incidente de ejecución en un procedimiento constitucional la existencia de una actividad por la administración o el órgano judicial llamado a ejecutar la sentencia constitucional. Solo en este contexto el art. 92.3 LOTC habilita a las partes para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. En ese sentido, el incidente de ejecución está configurado en la Ley Orgánica del Tribunal en términos conflictuales entre quienes fueron parte en el procedimiento, tomando como presupuesto una concreta actuación del poder público concernido en aras a la ejecución de una sentencia constitucional, rechazándose la utilización de dicho incidente a modo de una función consultiva.

En el presente caso, se constata que el Tribunal ya estableció en la sentencia cuya ejecución se pretende la obligación del INSS de dictar una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido en los concretos términos de que, mientras el legislador no llevara a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET, y la prestación regulada en el art. 177 LGSS, ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo del art. 48.4 LET establecido para la madre biológica, el previsto para progenitor distinto conforme a la legislación aplicable, excluyendo las semanas que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto.

La administración de la Seguridad Social, sin embargo, insta la promoción de un incidente de ejecución sin que concurra el presupuesto formal de que exista una actuación previa del INSS tendente a la ejecución de la sentencia constitucional correspondiente, respecto de la que se pueda plantear dentro de un incidente de ejecución una controversia entre quienes fueron parte en el procedimiento de amparo sobre si implica una contravención o el incumplimiento total o parcial de lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal.

Por tanto, es notorio, ya en esta inicial fase procedimental de solicitud de incoación de una pieza separada para sustanciar un incidente de ejecución, que no existe un objeto apto -resolución del INSS en ejecución de la sentencia de este tribunal concernida- sobre el que deba pronunciarse el Tribunal en el contexto de un incidente de ejecución. Ello determina que liminarmente el Tribunal deba denegar la admisión a trámite instada del incidente de ejecución.