Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla por Sentencia de 31 de mayo de 1984 absolvió a don Manuel Fernández Prieto del delito tipificado en el art. 340 bis a) 1 del Código Penal.

Recurrida en apelación la Sentencia por el Ministerio Fiscal, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla revoca la del Juzgado condenando a don Manuel Fernández Prieto, por el delito anteriormente citado a una pena de multa de 30.000 pesetas y a la privación del permiso de conducir durante un tiempo de cuatro meses.

2. Con fecha 19 de noviembre de 1984 el señor Fernández Prieto formuló demanda de amparo alegando que en la Sentencia de la Audiencia de Sevilla se había vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocida en el art. 24 de la Constitución y pidiendo al mismo tiempo la suspensión de la ejecución de la Sentencia.

3. La Sección Cuarta de este Tribunal en su reunión de 6 de febrero del corriente año acordó admitir a trámite el recurso de amparo promovido por don Manuel Fernández Prieto ordenando que se sustanciara de acuerdo con la Ley.

4. Formada la oportuna pieza separada para tramitar la suspensión, se otorgó en ella un plazo al solicitante del amparo y al Ministerio Fiscal a fin de que alegaran lo que consideraran atinente a su derecho respecto de la mencionada medida de suspensión.

El solicitante del amparo ha evacuado el referido traslado señalando que la ejecución de la Sentencia le ocasionaría un perjuicio irremediable, indicando que la privación del permiso de conducir es uno de los motivos principales de interposición del recurso, que se basa en la carencia absoluta de valor probatorio de los medios empleados y que el recurrente por su profesión necesita el vehículo como instrumento fundamental de su trabajo.

El Ministerio Fiscal por su parte considera que la ejecución de la pena de multa no puede producir perjuicio alguno al recurrente, admitiendo, en cambio, la posibilidad de suspender la pena de privación del permiso de conducir, garantizando el recurrente mediante caución el cumplimiento de la resolución impugnada.

Único. Desde el momento que este recurso ha sido admitido a trámite y no hay perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales o libertades públicas de terceros que puedan derivarse de la suspensión de la ejecución, que es a lo que el art. 56 de la LOTC condiciona, en su caso, la suspensión, procede que adoptemos la indicada medida preventiva, pues en otro caso, podría perjudicarse la efectividad del amparo en la hipótesis -que no juzgamos ahora- que la demanda fuera acogida; y esta suspensión la acordamos sin afianzamiento, pues si el recurso no fuera estimado, todo el contenido sancionador tendría plena ejecución sin que a ello añadiera algo el afianzamiento.