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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, Vicepresidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA

En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 1.658/88, 1.254/90, 1.270/90, 1.329/90 y 2.631/91, promovidas respecto del art. 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos por el Juzgado de Distrito núm. 1 de Toledo la primera, el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Sebastián la segunda, tercera y cuarta y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña la última. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 21 de octubre de 1988 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito de la Juez del Juzgado de Distrito núm. 1 de los de Toledo al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Juez del 5 de octubre anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad con relación al art. 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.), en cuanto a la mención específica que de la Iglesia Católica en el mismo se contiene, por si el citado precepto pudiera ser contrario a lo dispuesto en el art. 14 C.E.

La cuestión trae causa del juicio de cognición núm. 60/88, instado por el Arzobispado de Toledo en demanda de resolución de contrato de arrendamiento frente a don Juan Pos Dionisio y don Juan José Pina Peña, inquilinos de sendas viviendas propiedad del demandante. En el Auto de planteamiento, el Juzgado comienza por señalar que, a tenor del art. 76.1 L.A.U., "cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, la Iglesia Católica y las Corporaciones de derecho público tengan que ocupar sus propias fincas para establecer sus oficinas o servicios no vendrán obligados a justificar la necesidad...", precepto al que se acoge el Arzobispado para instar la resolución por denegación de prórroga de los contratos de arrendamiento, alegando al efecto que "la Diócesis de Toledo precisa el inmueble para la correcta y adecuada realización de las funciones que le son propias y más especialmente para la ubicación en el mismo de estudios especiales que han de impartirse a los alumnos del Seminario Mayor 'Santa Leocadia'". De todo lo cual "se infiere que el núcleo de la cuestión radica en determinar si la parte demandante ha probado o no a lo largo del proceso... la necesidad de usar y ocupar las fincas litigiosas pues, caso de estimarse acreditado tal extremo será irrelevante la presunción de necesidad iuris et de iure que le otorga el art. 76.1 L.A.U., y por tanto intrascendente dicho precepto para la resolución del proceso, en tanto que, faltando esta prueba, el contenido del fallo penderá enteramente de aquella presunción...". Examinadas las pruebas (diversos documentos, confesión judicial de los demandados y reconocimiento judicial de las fincas arrendadas y, parcialmente, de dos inmuebles destinados por el Arzobispado a residencia e instrucción de seminaristas), "y no resultando acreditada la necesidad que sostiene ostentar el Arzobispado... de ocupar las fincas arrendadas a los interpelados, es por lo que puede concluirse que la declaración judicial de resolución de los correlativos contratos, está en función exclusiva de que se aplique o no la presunción definida en el cuestionado artículo 76.1 L.A.U., de relevancia decisiva, por todo ello, en el fallo decisorio" (razonamiento jurídico 1º).

A continuación, el Auto del Juzgado procede a "examinar la adecuación entre la norma jurídica cuestionada y el precepto constitucional que se dice vulnerado, y que sería en este supuesto el principio de igualdad de los españoles ante la ley definido en el art. 14 C.E., especialmente en cuanto proscribe toda discriminación por razón de religión -sin olvidar la concordancia de su texto con otros artículos del propio cuerpo, como los 16.1, 9.2 y 24.1 que consagran, respectivamente, la aconfesionalidad del Estado Español, la obligación de los poderes públicos de promover la efectiva igualdad de los individuos y la interdicción de la indefensión, que se verían afectados indirectamente a través del ataque al principio de igualdad- y en tal sentido se observa cómo el tan repetido art. 76.1 L.A.U. otorga una posición de privilegio a la Iglesia Católica, en cuanto arrendadora de inmuebles urbanos, equiparándola al Estado, entidades públicas territoriales y Corporaciones de derecho público frente a las personas físicas o jurídico-privadas que, en idéntica situación y precisando de las fincas cedidas en arrendamiento, deben soportar la carga de probar la necesidad de ocuparlas por imperativo de los arts. 63 y 70 de la misma Ley; y si bien esta desigualdad de trato para los particulares frente al Estado y Entes públicos, puede responder a circunstancias objetivas ligadas a la utilidad o interés general y aparecer, por tanto, plenamente acorde con el significado no material que el Tribunal Constitucional asigna en numerosas Sentencias (v.gr. 8/1986 o 20/1986) al principio de igualdad, no es menos cierto que en las apuntadas resoluciones, como también en la STC 125/1986, sienta que dicho principio comporta 'la imposibilidad de que reciban un trato jurídico diferenciado situaciones jurídicas -ahora, sujetos de derecho- que han de ser reconocidas como iguales por coincidir en ellas los mismos elementos o por carecer de trascendencia aquellos que permitieron considerarlos como distintos', y es contemplando este razonamiento cuando aparecen indicios de desigualdad discriminatoria en la norma cuestionada, que asigna a la Iglesia Católica una posición singularizada frente al resto de las confesiones religiosas, como también frente a cualesquiera otras entidades privadas con independencia de su proyección sociológica e índole de sus fines y, a mayor abundamiento, una posición parificada a la del Estado; por todo lo cual, entendiendo el juzgador que el privilegio... de que disfruta la Iglesia Católica merced al art. 76.1 L.A.U. puede ser contrario a lo dispuesto en el art. 14 C.E., es por lo que estima procedente plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional".

2. Por providencia de la Sección Primera de 21 de noviembre de 1988, se acordó: 1º) admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.658/88; 2º) dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; 3º) publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado" para general conocimiento.

3. El Presidente del Congreso, mediante escrito registrado el 30 de noviembre de 1988, comunicó el acuerdo de la Cámara de no personarse en el procedimiento. Por escrito registrado el 9 de diciembre siguiente, el Presidente del Senado interesó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. Con fecha de 13 de diciembre de 1988 presentó su escrito de alegaciones el Abogado del Estado, quien, en síntesis, y declarando oponerse a la cuestión de inconstitucionalidad, argumentó lo siguiente:

A) El Auto de planteamiento de la cuestión arranca de una premisa de dudosa corrección que consiste en identificar el art. 76.1 L.A.U. como una presunción iuris et de iure. Lo que el precepto establece, más que una presunción inatacable de verdad sobre la existencia de necesidad por efecto de su mera declaración, es una dispensa de la necesidad de prueba: "... no vendrán obligados a justificar la necesidad...", dice el precepto en su apartado primero, que pasa además a calificarlo como un "beneficio" en su apartado segundo. Una dispensa de la prueba con preconstitución legal de unos efectos semejantes a los que derivarían de la práctica de aquélla con resultado positivo puede juzgarse, en efecto, como una presunción legal, dado que la ley define precisamente las presunciones legales por el efecto que producen, consistente en dispensar de toda prueba a los favorecidos por ellas (art. 1.250 C.C.). Ahora bien, cosa muy distinta es que el precepto encarne una presunción iuris et de iure, que sólo aparecerá cuando la ley, excepcionalmente, imponga expresamente la prohibición de que se practique prueba en contrario (art. 1.251 C.C.). Fuera de ese caso las presunciones admiten tal prueba, como con toda claridad determina el art. 1.251 C.C. y como sucede prototípicamente en la norma cuestionada, donde no existe ninguna prohibición legal de practicar prueba en contrario.

De ahí que en el concreto caso del art. 76.1 L.A.U. quepan dos tipos de conducta que produzcan el efecto de anular el sentido de la presunción legal. Ante todo, la acción probatoria en contrario que puede intentar la parte demandada, demostrando, por ejemplo, que el arrendador dispone de otras viviendas por cualquier título que hagan innecesaria la ocupación del objeto del arrendamiento. Este intento es bien visible en el caso de autos por parte de los demandados. En segundo lugar, por la renuncia explícita o implícita del propio arrendador que pretende denegar la prórroga forzosa. Como norma de beneficio, puede libremente renunciarse a sus efectos, proponiendo la prueba pertinente sobre la necesidad de ocupación. Incluso éste es el supuesto más frecuente en la práctica, pues las entidades a que se refiere el art. 76.1 tienden, por regla general, a proponer pruebas ante el riesgo de que las pruebas contrarias puedan destruir la débil presunción legal.

Se comprende que, desde el instante en que el arrendador decide arriesgarse a una actuación probatoria, debe entenderse producida una renuncia al beneficio de la presunción. No sería congruente con la práctica de la prueba que se intentase "añadir" a su resultado, siempre sujeto a la apreciación del Juez, la ventaja de la presunción legal. La ley dispensa de la prueba, pero no obliga a renunciar a su práctica al favorecido, por la misma razón que no prohíbe al demandado practicar también la que le interese; ahora bien, si la parte actora propone prueba, sería contradictorio, tanto con una actuación propia como con la naturaleza y finalidad de la prueba, que ésta pudiese quedar destruida por la presunción legal. Desde el momento en que se someten las partes a una actividad probatoria, sería contrario al derecho consagrado en el art. 24 C.E. que el juzgador quedase desvinculado del resultado de la prueba material practicada y vinculado al resultado de una prueba ficticia que, por determinación de la ley, sólo es eficaz en tanto en cuanto no se haya practicado prueba.

El error de calificar a la presunción legal como presunción iuris et de iure ha llevado igualmente al error de estimar que este precepto es aplicable al caso controvertido. Y es que, si la presunción tuviera el carácter que el órgano judicial proponente de la cuestión le asigna, ¿qué objeto tenía la admisión de tan amplios y diversos medios probatorios en el juicio civil?. Realmente, hay que entender que la prueba practicada ha descartado la aplicación del precepto que autoriza su dispensa. La prueba se ha hecho y merecerá la valoración que el Juzgado decida, pero ningún valor tiene en el estado actual del procedimiento la dispensa de prueba, porque la parte dispensada ha considerado preferible no beneficiarse de la dispensa de probar y atenerse a la prueba misma practicada por ambas partes. Consiguientemente, no queda justificada la aplicabilidad de la norma, porque la proyección natural de ésta se produce en los casos de falta de prueba. Cuando hay una prueba el Juez queda vinculado exclusivamente a los resultados de la misma y desvinculado de la presunción legal.

B) La cuestión de fondo queda constreñida a examinar la incidencia de la norma cuestionada por efecto del principio de igualdad "en cuanto proscribe toda discriminación por razón de religión". Cierto que el Auto dice no olvidar la concordancia del art. 14 con otros artículos de la propia Constitución, como son los 9.2, 16.1, y 24.1. Sin embargo, lo cierto es que no formula ni desarrolla consideración alguna respecto de estos preceptos, cuya afectación -indica el Auto- se produciría "indirectamente a través del ataque al principio de igualdad". El Auto plantea la naturaleza discriminatoria de la norma en relación con las demás personas en general, con lo cual se llega fácilmente a una primera conclusión, consistente en que la eventual discriminación no es de índole religiosa propiamente dicha; esto es, no es que otros se vean discriminados por no profesar ninguna religión o por profesar una religión diferente, sino que de lo que se trata es de si hay un favorecimiento a una determinada persona con relación a las demás personas, especialmente las de carácter privado, dado que en las entidades públicas no es en absoluto cuestionable el beneficio que la ley estatuye.

El examen de la cuestión exige determinar si existe diferencia de trato y comprobar si esta diferencia tiene alguna justificación razonable. Admitido lo primero, en cuanto a lo segundo pueden hacerse dos objeciones a la propuesta de inconstitucionalidad. Una es la que atiende a la pregunta de cómo puede hacerse realmente la justificación de la necesidad de disponer de un inmueble arrendado. En efecto, frente a las personas físicas y las empresas mercantiles e industriales, las entidades carentes de fin lucrativo se encuentran en una situación de mayor dificultad probatoria, sobre todo si se tiene en cuenta que la necesidad de ocupar sus propias fincas es algo que difícilmente puede diferenciarse de la mera intención de ampliar sus actividades o medios, siendo así que para la Ley de Arrendamientos Urbanos esta intención no es demostrativa de la necesidad. Así, "si nos preguntamos cómo podría demostrar una Iglesia o una asociación religiosa cualquiera la necesidad de ocupación, comprenderemos que esta justificación no pasa de ir mucho más allá de la mera deducción de un propósito o una intención; al mismo tiempo, si reflexionásemos de lege ferenda sobre el modo en que el legislador pudiera facilitar la prueba de las necesidades religiosas, del modo en que define las necesidades familiares o mercantiles, llegaríamos fácilmente a conclusiones pesimistas". "Es por ello posible que lo que aparenta ser un privilegio, no sea en el fondo más que la confesión de impotencia del propio legislador de concretar los medios de probar un hecho de muy difícil probanza, que además carecería de toda presunción legal concreta como sucede en el caso de las personas físicas o de las personas jurídicas con fines de lucro".

La segunda objeción atiende a la regla de cooperación con la Iglesia Católica que establece el art. 16.3 C.E. Es cierto que esta regla no conduce por sí misma a entender exigible que la legislación del Estado, concretamente la de arrendamientos urbanos, establezca una dispensa de prueba de la necesidad de ocupación por la Iglesia Católica de sus propios locales. Sin embargo, existente tal norma, tampoco se puede excluir que quede cubierta por el referido mecanismo de cooperación. Es obvio que la cooperación no tiene que constreñirse a la mera adopción de medidas administrativas, ni tampoco es forzoso que se limite a un simple desarrollo de los convenios concertados con la Iglesia Católica. La cooperación presupone en cierta medida un resultado positivo, favorable o beneficioso para los sujetos que intervienen en la misma. Por ello, si se hubiera de medir tal resultado en comparación con la norma rectora de la actuación de las demás personas, el art. 16.3 C.E. podría quedar privado de su significado potencial.

El Abogado del Estado concluye con la súplica de que se admita su escrito y se tengan por formuladas las alegaciones efectuadas.

5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito asimismo registrado el 13 de diciembre de 1988, en el que expuso la argumentación que a continuación se resume:

A) La exención de prueba del art. 76.1 L.A.U. constituye únicamente un privilegio de carácter procesal, porque el precepto no dispensa, para denegar la prórroga, de la concurrencia de la necesidad. Esta tiene que existir, pero en el proceso la Iglesia Católica no tiene que probarla. La declaración del representante de la Iglesia respecto a la existencia de la necesidad basta para considerarla real y efectiva. Este privilegio supone, según el Juzgado, una discriminación que conculca el art. 14 C.E., por relación a las demás personas físicas o jurídicas arrendadoras que no lo tienen. Sin embargo, el término de comparación elegido no es correcto. En esta cuestión de inconstitucionalidad no existe ningún agravio respecto a ningún arrendador, ni la Juez acredita que esas personas físicas o jurídicas arrendadoras tienen idéntica naturaleza que la Iglesia Católica. Es posible que estemos ante una situación distinta y por eso el ordenamiento jurídico le da un tratamiento distinto.

El Estado español, en los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, establece un régimen específico para la Iglesia Católica en varias materias (matrimonio, eficacia de las Sentencias canónicas en este ámbito, esfera impositiva y fiscal, educación, servicio militar, etc.), en las cuales existe una regulación distinta y diferente de la normativa común, lo que no supone que ello incida en el contenido del art. 14 C.E., porque tiene un fundamento justificado y racional. Tal fundamento se razona de manera objetiva en el mismo Acuerdo y se encuentra en el art. 16.3 C.E., en cuanto obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener las consecuentes relaciones de cooperación. Este principio cooperativo, nacido de la naturaleza, extensión y finalidad de la Iglesia Católica, justifica la concesión, en determinadas materias, de un trato distinto y diferente. El Estado reconoce la singularidad de estos fines y su trascendencia social, carácter específico y singular que fundamenta el trato distinto que recibe la Iglesia respecto a las demás personas físicas y jurídicas. Por ello, el privilegio procesal, en abstracto, no vulnera el art. 14 C.E. al no discriminar a los demás arrendadores por basarse en la condición diferente de la Iglesia, que origina un tratamiento distinto. Tampoco este privilegio, como tal, produce discriminación respecto del arrendatario, ya que éste ocupa una situación diferente en el contrato de arrendamiento.

En suma, el art. 76.1 L.A.U. no supone, al dar un tratamiento distinto a la Iglesia Católica respecto de las personas físicas y jurídicas que tienen la condición de arrendadores y arrendatarios, violación del art. 14 C.E., porque esa diferencia de trato, en sí misma, está objetiva y racionalmente justificada por la naturaleza, condición, extensión y fines de la Iglesia, que la constituyen, y así lo reconoce el Estado, como persona jurídica diferente.

B) En cambio, examinando la exención probatoria en relación con el contenido del art. 24.1 C.E., la misma "supone la ruptura de la igualdad de las partes (en el proceso), el desconocimiento de los principios de bilateralidad y contradicción y por lo tanto la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El proceso se convierte en la consagración judicial de la voluntad de una de las partes del contrato de arrendamiento, sin admitir la posibilidad de intervención de la otra parte contratante". La L.A.U. establece en favor de los arrendatarios el derecho a la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento y determina de manera taxativa las causas por las que este derecho pierde su efectividad y se produce la resolución del citado contrato. Una de tales causas es la necesidad del arrendador. Ahora bien, esta necesidad tiene que ser acreditada en el proceso en forma legal, si el arrendatario discrepa de su existencia. Dada la naturaleza del derecho a la prórroga, es impensable que en el proceso concreto en que se dilucida la existencia de la necesidad el arrendatario no pueda hacer alegaciones ni probar o justificar la no concurrencia de esa causa, que impide el mantenimiento de ese derecho. La exención de prueba de una de las partes en el proceso supone la violación del derecho constitucional de la parte demandada. El art. 76.1 L.A.U. origina, sin embargo, esta consecuencia. La justificación de la causa de denegación de la prórroga deja de ser objeto del proceso, porque su existencia no puede ser objeto de contradicción y tiene que ser aceptada por el Juez, que se limita a consagrar la afirmación de una parte sobre la realidad de la pretensión deducida en el procedimiento. Para el arrendatario, el proceso pierde su concepto, naturaleza y finalidad, convirtiéndose en una simple ratificación de la declaración de necesidad hecha por el arrendador. La otra parte, que discrepa de su existencia, queda sin posibilidad de hacer efectivo el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, porque no puede alegar, ni proponer pruebas ni justificar el fundamento de su oposición. Su actividad procesal sólo puede ser una actividad pasiva de aceptación de la pretensión en relación a la concurrencia de la causa de denegación de la prórroga. Desde el prisma constitucional, no se puede admitir que en los procesos de denegación de prórroga por causa de necesidad en que intervenga la Iglesia Católica como arrendadora no tenga vigencia el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva porque el art. 76.1 L.A.U. establezca una exención de prueba que impide a la otra parte el ejercicio de su derecho constitucional. Este privilegio, en su concreta aplicación, olvida y desconoce el derecho fundamental del arrendatario y por ello se opone y deviene incompatible con el contenido del art. 24 C.E.

El Fiscal General del Estado concluye su alegato interesando de este Tribunal que dicte Sentencia en la que se declare que el art. 76.1 L.A.U. es inconstitucional y por lo tanto nulo, por ser incompatible y opuesto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 C.E.

6. Con fecha de 21 de mayo de 1990, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el testimonio de las actuaciones correspondientes al juicio de cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento núm. 198/89, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de San Sebastián, en las que el meritado órgano judicial, mediante Auto del 4 de enero anterior, resuelve plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 76.1 L.A.U.

El citado procedimiento civil fue instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que interpuso demanda de juicio de desahucio de vivienda contra don Juan Miguel Zubeldía Aramburu al amparo de los arts. 62.1 y 76 L.A.U., alegando básicamente necesidad de espacio para descongestionar los servicios existentes y atender al incremento de los mismos con sus correspondientes funcionarios. En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Juez proponente inicia su razonamiento recordando la jurisprudencia constitucional sobre el derecho proclamado en el art. 24.1 C.E., el cual comporta que en todo proceso judicial ha de respetarse el derecho de defensa contradictoria entre las partes mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar sus derechos e intereses. Además, el principio de distribución de la actividad probatoria (art. 1.214 C.C.) resulta piedra angular en cualquier procedimiento en que se sustancien pretensiones al amparo de la legislación civil. El art. 76.1 L.A.U., en el que el Estado, Provincia, Municipio, Iglesia Católica y Corporaciones de Derecho Público no vienen obligadas a justificar la necesidad, contraponiéndose al principio general del art. 1.214 C.C. y al expresado más específicamente en el art. 63.1 L.A.U., "supone un desequilibrio favorable a la Administración Pública en la dinámica procesal probatoria, básica para que el órgano jurisdiccional considere como dados unos hechos alegados y emita el pronunciamiento correspondiente en función de la pretensión ejercitada, incrementando el esfuerzo acreditativo de una de las partes procesales; a tales consideraciones se une el propio ámbito trascendente de la ley que sirve de marco a tal art. 76.1, con consecuencias sociales que son fáciles de imaginar dado que la respuesta del ordenamiento jurídico en tal parcela es la privación de la facultad de utilización de la vivienda, resulta ésta que ha de servir para reforzar aun más si cabe los principios de bilateralidad, contradicción y reparto de la carga de la prueba".

7. Por providencia de 4 de junio de 1990, acordó la Sección: 1º) admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.254/90; 2º) dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; 3º) publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado" para general conocimiento.

8. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el 14 de junio siguiente, interesó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

9. El Fiscal General del Estado presentó sus alegaciones el 16 de junio a través de escrito en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.658/88 y consignada supra, 5 B), interesando asimismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado por ser incompatible y opuesto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 C.E.

10. Mediante escrito registrado el 21 de junio de 1990, evacuó el trámite concedido el Abogado del Estado, quien, en síntesis, argumentó lo que a continuación se consigna:

A) En el proceso a quo ha sido demandante la Tesorería General de la Seguridad Social, que se ha considerado a sí misma "Corporación de Derecho público" a los efectos del art. 76.1 L.A.U., lo que los demandados no han puesto en tela de juicio. Como documento anejo a la demanda, consta en los autos la declaración de necesidad prevista en el art. 76.2 L.A.U. sólo para tales Corporaciones, declaración efectuada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Resulta así que, por el carácter concreto que es de esencia al presente proceso constitucional, no puede entenderse cuestionada más que la mención de dichas Corporaciones contenida en el art. 76.1. Claro está que si tal mención se invalidara, ningún sentido podría conservar entonces el art. 76.2, que habría de ser declarado nulo por conexión o consecuencia (art. 39.1 LOTC). Por ello, se tendrá muy en cuenta el art. 76.2 para razonar que aquella mención no es contraria al art. 24.1 C.E.

B) La jurisprudencia constitucional -SSTC 163/1989 (fundamento jurídico 2º), 101/1989 (fundamento jurídico 4º), 66/1989 (fundamento jurídico 12)- ha hecho uso del principio de igualdad entre las partes procesales, o, si se prefiere, del derecho de las partes a un trato igual, con referencia a la dirección judicial del proceso o, más en general, a la interpretación y aplicación judiciales de la ley procesal, "de acuerdo con la organización que a éste (al proceso) haya dado la Ley" (STC 101/1989). De ahí no se sigue, empero, que el citado principio carezca de eficacia vinculante para el legislador, que debe respetar su contenido esencial (art. 53.1 C.E.). Ocurre, sin embargo, que el principio de igualdad de partes no prohíbe al legislador apartarse justificadamente de criterios o reglas procesales generales (es decir, no le prohíbe establecer excepciones razonables y objetivamente justificadas), ni le impide crear diferencias de régimen entre determinadas clases de sujetos jurídicos en cuanto partes procesales por razón de determinadas características propias de aquéllos o de la relación jurídico-material. De ello existen múltiples ejemplos en la jurisprudencia constitucional, que van desde el régimen de la consignación del importe de la condena pecuniaria (STC 3/1983 y su numerosa progenie) o el carácter constitucionalmente neutro de que la Ley exima al Estado de ciertas cargas procesales (STC 64/1988, fundamento jurídico 2º) hasta la limitación de excepciones o medios de prueba en determinados procesos (SSTC 41/1981 y 60/1983).

El art. 76.1 L.A.U. contiene una regla que el propio apartado 2 del artículo conceptúa de "beneficio de exención de prueba". Dejando aparte a la Iglesia Católica, el sentido del art. 76.1 es declarar a ciertas categorías de personas de Derecho público exentas de, o no "obligadas" a, justificar la necesidad de ocupar sus propias fincas cuando "tengan que" hacerlo para establecer sus oficinas o servicios. Aclara asimismo el precepto que aquellas personas jurídico-públicas deberán respetar lo dispuesto "sobre preaviso, indemnizaciones y plazos para desalojar" las viviendas o locales cuyo arrendamiento cese de prorrogarse. Así, pues, el art. 76.1 establece una excepción beneficiosa en un punto concreto, pero también declara la plena sujeción a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en otros varios extremos, de las entidades beneficiadas. La jurisprudencia ha interpretado restrictivamente el beneficio excepcional y extensivamente la cláusula de sujeción.

Si el beneficio de exención de prueba dispensa a las entidades del art. 76.1 de una carga que otros arrendadores tienen, esa dispensa se halla limitada por razón del fin (la entidad arrendadora debe destinar la finca que tenía arrendada a "establecer sus oficinas o servicios", lo que, por ejemplo, impide invocar el art. 76.1 con el objeto de hacer cesar el arrendamiento para así enajenar la finca como libre de arrendatarios, para volverla a arrendar en mejores condiciones o para cualquier otra explotación puramente patrimonial) y por la conexión necesaria entre ese fin y el medio con que se pretende atenderlo (el art. 76.1 exige que se "tenga que ocupar" la finca, no simplemente que se desee ocuparla, como decía el precepto antes de su reforma en 1964).

Tratándose de Corporaciones de Derecho público, el art. 76.2 L.A.U. requiere -además del reconocimiento por Ley de tal carácter- un acto específico de "declaración de necesidad", que debe hacer "el Ministro correspondiente". A este Ministro le cabe apreciar si la situación aducida por la Corporación cumple o no las exigencias del art. 76.1. La declaración de necesidad del Ministro no es jurídicamente inatacable, aunque hay dos orientaciones en la jurisprudencia acerca del régimen impugnatorio del Acuerdo ministerial. Según la STS de 4 de octubre de 1977 (Ar. 3.810), semejante declaración es un acto administrativo separable, que debe adoptarse "con rigurosa observancia de las normas previstas en la Ley de Procedimiento" y oyendo a los inquilinos. En cambio, según la STS de 16 de noviembre de 1966 (Ar. 4.946), la declaración de necesidad es una pura actuación preparatoria del proceso civil que corresponde fiscalizar a los Tribunales civiles. Parece, por tanto, que el Juez civil podrá examinar si la declaración respetó o no los límites del art. 76.1 L.A.U., negándole valor y eficacia en caso de que no fuera así y desestimando la demanda de la Corporación. No cabe sostener, por consiguiente, que el art. 76.1 y 2 L.A.U. supone la consagración judicial de la voluntad unilateral de una parte, o que hace superflua la iniciación de un procedimiento judicial o que la necesidad de la ocupación no puede debatirse y ha de ser aceptada tanto por el juzgador como por el demandado.

C) Para el Auto de planteamiento, la infracción constitucional nace del apartamiento del principio general del art. 1.214 C.C. y del expresado más específicamente en el art. 63.1 L.A.U. Ahora bien, el precepto cuestionado no contiene en realidad ninguna regla distributiva de la carga probatoria, sino que toma en consideración el carácter de Administración Pública (incluso de Administración Pública secundum quid: SSTC 76/1983, fundamento jurídico 26; 20/1988, fundamento jurídico 4º; 89/1989, fundamento jurídico 6º; 132/1989, fundamento jurídico 10º) que -dejando aparte a la Iglesia Católica- ostentan las entidades que cita. Este carácter, con arreglo al art. 103.1 C.E., entraña una lícita autonomía de apreciación, dentro del respeto a la Ley y al Derecho, para determinar qué medios convienen al servicio de los intereses generales y a la satisfacción de las necesidades que la Ley encomienda a la Administración. Por consiguiente, el art. 76.1 L.A.U. puede ser hoy fundamentado constitucionalmente de este modo: el legislador, en virtud de la posición constitucional de la Administración (art. 103.1 C.E.), ha atribuido a ésta un margen de apreciación para determinar cuándo le es necesario ocupar fincas que tenga arrendadas con el fin de establecer oficinas y servicios, sin perjuicio del control jurisdiccional posterior de dicha apreciación, que deberá corregir apreciaciones irrazonables y arbitrarias, pero que, en otro caso, habrá de respetar la decisión administrativa. No nos hallamos, pues, ante una regla excepcional para distribuir la carga de la prueba: la Corporación que demande el reconocimiento de la excepción a la prórroga estará gravada con la carga de aportar el expediente administrativo de declaración ministerial de necesidad, del que habrán de resultar la realidad y existencia del fin de establecer oficinas o servicios y el tener que ocupar para ello una finca o fincas in concreto. Y si el expediente fuera insuficiente para tal efecto, sólo cabría remediar la insuficiencia mediante la práctica de la prueba pertinente dentro del litigio civil a iniciativa de la Administración demandante. Más aun: si no existiera ese expediente o se renunciara a aportarlo, la Administración demandante se vería gravada con un superior esfuerzo probatorio dentro del proceso, donde debería acreditar todos los hechos constitutivos de su pretensión. En suma, no debiendo considerarse el art. 76.1 L.A.U. como regla distributiva de la carga de la prueba, falla la premisa del argumento con que el Auto de planteamiento pretende razonar la inconstitucionalidad.

Incluso si, a efectos polémicos, se concediera que el art. 76.1 L.A.U. podría ser "leído" como regla especial o singular sobre carga de la prueba, no cabría tacharla de arbitraria, excesiva o irrazonable. La "procedimentalización" del actuar administrativo resulta de los arts. 105 c) C.E. y 1.1 y 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Puesto que la voluntad administrativa de declarar necesaria la ocupación queda documentalmente plasmada en un expediente o actuaciones, corresponderá en principio al arrendatario el ofrecer dentro del proceso las alegaciones y pruebas precisas para desvirtuar cuanto resulte de la documentación administrativa; pero como ésta no disfruta de eficacia probatoria prevalente o preferente, podrá ser libremente apreciada por el Juez civil junto con la prueba practicada a instancia de los arrendatarios demandados (cfr. STC 76/1990, fundamento jurídico 8º -B). Nada irrazonable hay en esta distribución de la carga probatoria.

Concluye el Abogado del Estado su escrito de alegaciones con la súplica de que se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión planteada. Mediante otrosí, interesa asimismo la acumulación de la presente cuestión a la núm. 1.658/88.

11. Por escrito con fecha del Registro de este Tribunal de 25 de junio de 1990, el Presidente del Congreso de los Diputados dio traslado del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.

12. El 22 de mayo de 1990 tuvo entrada en el Registro del Tribunal el testimonio de las actuaciones del juicio de cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento núm. 197/89, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de San Sebastián, en las que el referido órgano judicial, mediante Auto de 29 de diciembre de 1989, decide plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 76.1 L.A.U.

El meritado procedimiento civil fue promovido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que formuló demanda de juicio de desahucio de vivienda contra don José Azcárate Ezquerro por causa del art. 62.1, en relación con el art. 76 L.A.U., alegando básicamente necesidad de espacio para descongestionar los servicios existentes y atender al incremento de los mismos con sus correspondientes funcionarios. En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Juez proponente reitera la argumentación empleada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90.

13. Por providencia de 4 de junio de 1990, la Sección Tercera del Tribunal acordó: 1º. admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.270/90; 2º. dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; 3º. publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado" para general conocimiento.

14. Mediante escrito registrado el 14 de junio siguiente, el Presidente del Senado interesó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

15. El Fiscal General del Estado presentó sus alegaciones el 16 de junio a través de escrito en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.658/88 y consignada supra, 5 B), interesando asimismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado por ser incompatible y opuesto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 C.E.

16. El Abogado del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 21 de junio, en el que, tras reproducir las alegaciones formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90, concluye también con la súplica de que se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión planteada. Por medio de otrosí, interesa asimismo la acumulación de la presente cuestión a la núm. 1.658/88.

17. Por escrito con fecha del Registro de este Tribunal de 25 de junio, el Presidente del Congreso de los Diputados dio traslado del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.

18. El 28 de mayo de 1990, tuvo entrada en el Registro del Tribunal el testimonio de las actuaciones correspondientes al juicio de cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento núm. 193/89, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de San Sebastián, en las que el meritado órgano judicial, mediante Auto del 16 de enero anterior, resuelve plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 76.1 L.A.U.

El citado procedimiento civil fue instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que interpuso demanda de juicio de desahucio de vivienda, fundada en el art. 62.1, en relación con el art. 76 L.A.U., contra doña Luisa Palazón Díaz, alegando "necesidades de espacio, las de descongestionar los servicios existentes y atender al incremento de las mismas con sus correspondientes funcionarios". En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Juez proponente reitera la argumentación empleada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90.

19. Por providencia de 4 de junio de 1990, la Sección Primera del Tribunal acordó: 1º. admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.329/90; 2º. dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; 3º. publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado" para general conocimiento.

20. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el 14 de junio siguiente, rogó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

21. El Fiscal General del Estado presentó sus alegaciones el 16 de junio a través de escrito en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.658/88 y consignada supra, 5 B), interesando asimismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado por ser incompatible y opuesto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 C.E.

22. El Abogado del Estado cumplimentó el trámite concedido mediante escrito registrado el 21 de junio, en el cual, luego de reproducir las alegaciones formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90, concluye igualmente con la súplica de que se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión planteada. Por medio de otrosí, interesa asimismo la acumulación de la presente cuestión a la núm. 1.658/88.

23. Por escrito con fecha del Registro de este Tribunal de 25 de junio, el Presidente del Congreso de los Diputados dio traslado del acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.

24. Mediante providencia de 6 de julio de 1990, la Sección acordó oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días expusiera lo que estimase procedente acerca de la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.329/90 y las núms. 1.254/90 y 1.270/90, solicitada por el Abogado del Estado. El Fiscal, por escrito presentado el siguiente 12 de julio, entendió procedente la acumulación interesada. El Pleno del Tribunal, por medio de Auto de 11 de diciembre de 1990, resolvió acumular las cuestiones citadas a la registrada con el núm. 1.658/88.

25. El 26 de diciembre de 1991, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña al que se adjuntaba, con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto del referido órgano judicial del 5 de noviembre anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 76 L.A.U.

La cuestión trae causa del recurso de apelación núm. 13-26/91, dimanante del juicio de cognición núm. 461/90, procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de La Coruña, sobre resolución de contratos de arrendamiento, seguido a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social contra don Alberto Aller Martínez y otros. En el Auto de planteamiento de la cuestión se dice que ésta "se concreta en el art. 76 L.A.U., en tanto que en su párrafo 1º dispone que no vendrán obligados a justificar la necesidad y en el segundo que gozan del beneficio de exención de prueba bastando que la declaración de necesidad se haga por el Ministro correspondiente; respecto al precepto constitucional que se supone infringido, el art. 14 en tanto proclama el principio de igualdad ante la Ley y el art. 24 al recoger la tutela judicial efectiva, la proscripción de la indefensión y el derecho a un proceso con todas las garantías pudiendo utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa; y, justificándose en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión, porque de bastar la declaración ministerial de necesidad, sería preceptiva la estimación de la demanda en cuanto a la concurrencia de tal causa de denegación de prórroga, mientras que, en otro supuesto, procedería el estudio y resolución concreto de si realmente en el caso presente la Entidad Pública arrendadora precisa para su propio uso las viviendas arrendadas".

26. Por providencia de 13 de enero de 1992, la Sección Tercera del Tribunal acordó: 1º. admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 2.631/91; 2º. dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el imporrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; 3º. publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado" para general conocimiento.

27. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el 24 de enero siguiente, interesó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

28. El Abogado del Estado evacuó el trámite conferido por escrito registrado el 27 de enero, en el que, tras reproducir las alegaciones formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90, concluye también con la súplica de que se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión planteada. Por medio de otrosí, interesa asimismo la acumulación de la presente cuestión a la núm. 1.658/88 y demás acumuladas.

29. Por escrito con fecha del Registro de este Tribunal de 28 de enero, el Presidente del Congreso de los Diputados dio traslado del acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.

30. El Fiscal General del Estado presentó sus alegaciones el 31 de enero a través de escrito en el que básicamente reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.658/88, interesando asimismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 76.1 L.A.U. por ser incompatible y opuesto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 C.E. Igualmente, el Fiscal consideró procedente la acumulación de la cuestión planteada a las turnadas con los núms. 1.658/88, 1.254/90, 1.270/90 y 1.329/90.

31. El Pleno del Tribunal, mediante Auto de 12 de mayo de 1992, acordó la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2.631/91 a las anteriormente citadas.

32. Por providencia de 10 de noviembre de 1993, se señaló para deliberación y votación de esta Sentencia el día 16 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Las cinco cuestiones de inconstitucionalidad objeto del presente proceso, promovidas, respectivamente, por el Juzgado de Distrito núm. 1 de Toledo (cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.658/88), por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Sebastián (cuestiones de inconstitucionalidad núms. 1.254/90, 1.270/90 y 1.329/90) y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña (cuestión de inconstitucionalidad núm. 2.631/91), afectan -en su conjunto, y sin perjuicio de ulteriores precisiones- al art. 76.1 y 2 L.A.U., cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre. Por ello, antes de dar inicio a su examen, algunas consideraciones previas son necesarias en relación con el precepto cuestionado.

A) El carácter tuitivo de la legislación arrendaticia urbana se manifiesta con especial vigor en la prórroga del contrato locativo establecida en el art. 57 L.A.U., dada su obligatoriedad para el arrendador y su carácter potestativo para el inquilino o arrendatario. Si bien dicha legislación admite, como excepción a la prórroga legalmente impuesta, entre otros supuestos, el que aquí importa de necesitar el arrendador para sí la vivienda o local de negocio, o para que la ocupen sus ascendientes o descendientes (art. 62.1). En tal caso, cuando se trate de una vivienda, la "necesidad" de la ocupación -concepto que ha sido definido por la jurisprudencia como "lo equidistante entre lo obligado stricto sensu y lo que es mera conveniencia" (STC 134/1990, fundamento jurídico 3º)- habrá de justificarse por el arrendador (art. 63.1), aunque -sin perjuicio de aquellos otros casos en que se demuestre- se presumirá la necesidad cuando la persona para la que se reclame la vivienda se halle en alguna de las circunstancias que se determinan en el art. 63.2; y, en cambio, se presumirá, salvo prueba en contrario, no acreditada la necesidad de la ocupación cuando se den las circunstancias que la Ley señala en el art. 63.3. Tratándose de un local de negocio, también habrá de justificarse, "debidamente la necesidad de la ocupación" (art. 70.1). No obstante, de este régimen general de justificación de la necesidad de la ocupación se aparta precisamente el art. 76 L.A.U., al disponer los núms. 1 y 2 de este precepto -a los que exclusivamente se refieren las presentes cuestiones de inconstitucionalidad- lo siguiente:

"1. Cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, la Iglesia Católica y las Corporaciones de Derecho Público tengan que ocupar sus propias fincas para establecer sus oficinas o servicios, no vendrán obligados a justificar la necesidad, bien se trate de viviendas o de locales de negocios, pero sí a respetar lo dispuesto, tanto para éstos como para aquellas, sobre preaviso, indemnizaciones y plazos para desalojar.

2. Para que las Corporaciones de Derecho Público gocen del beneficio de exención de prueba será requisito indispensable que tengan reconocido tal carácter por Ley y además que la declaración de necesidad se haga por el Ministro correspondiente."

B) Si se comparan ambas regulaciones -la general de los arts. 63 y 70.1, a la que se acaba de aludir, y la del art. 76.1 y 2, cuyo texto se ha transcrito -dos extremos merecen ser destacados. De un lado, que una y otra poseen un presupuesto común, por requerirse en ambas la necesidad de ocupación de la vivienda o local de negocios por parte del arrendador, para sí o para sus ascendientes o descendientes; necesidad que constituye el fundamento de la excepción a la prórroga contractual impuesta por el art. 57 L.A.U. De otro, que entre las dos regulaciones existe una diferencia importante, pues sí en la general del arrendador está obligado a justificar dicha situación, en la contenida en el art. 76.1, por el contrario, se dispensa a las entidades indicadas en este precepto de justificar la necesidad.

Nos encontramos, pues, ante un precepto que consagra una diferenciación de régimen legal en lo que respecta a la justificación de la necesidad de ocupación de la vivienda. Y esta diferenciación, en segundo término, ha sido establecida por el legislador en atención a la posición como arrendador en el contrato locativo de alguna de las entidades indicadas en el núm. 1 del art. 76 L.A.U.; pues si estas entidades, por el contrario, son arrendatarias de viviendas o locales de negocios, en este caso les será de aplicación lo dispuesto en el régimen general, según se establece en el núm. 3 del mencionado art. 76 L.A.U. y, por tanto, el arrendador habrá de justificar la necesidad de la ocupación.

C) Si se consideran los antecedentes del precepto cuestionado, puede establecerse que esta diferenciación subjetiva en la posición del arrendador se introdujo en nuestro ordenamiento por el Real Decreto-ley de 17 de diciembre de 1924, que estableció un supuesto de excepción a la prórroga legal, distinto y autónomo respecto al de necesidad del arrendador o de sus ascendientes o descendientes [art. 5, inciso A)]. Supuesto que permitía denegar dicha prórroga "en los casos de expropiación forzosa por utilidad pública y en los que el Estado, Provincia o Municipio necesiten ocupar sus propios bienes para ejecutar proyectos de interés general, teniendo derecho el inquilino a las indemnizaciones marcadas en el inciso A) de este artículo" [art. 5, inciso F)]. No obstante, con la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos de 31 de diciembre de 1946, esta regulación inicial se modifica en un triple sentido en virtud de la Base VIII-16: en primer lugar, se suprime el supuesto de la expropiación forzosa como causa de denegación de la prórroga, sin duda por entender que ya estaba contemplado en la legislación administrativa sobre esta materia. En segundo lugar, manteniendo la referencia a la necesidad de la ocupación de los propios bienes por el Estado, la Provincia y el Municipio, el supuesto se amplía para incluir a las "Corporaciones de Derecho público". Finalmente, si por razones sistemáticas esta excepción a la prórroga se integra en el supuesto general de la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda o el local de negocio, para sí o para sus descendientes o ascendientes, la Ley de Bases de 1946 introduce una diferencia en cuanto a la justificación de tal necesidad, en favor de los Entes públicos allí mencionados, al establecer que éstos "...no vendrán obligados a justificar la necesidad". Expresión que se ha mantenido en las disposiciones posteriores en materia de arrendamientos urbanos (art. 100 del Texto Articulado de 1947, Base 8ª-15 de la Ley de Bases de 22 de diciembre de 1955 y art. 76 del Texto Articulado de 1956), de donde pasa al art. 76 L.A.U. hoy vigente.

En lo que respecta, en particular, a la inclusión de "la Iglesia Católica" entre las entidades mencionadas en el núm. 1 del precepto aquí considerado, interesa señalar -sin perjuicio de volver ulteriormente sobre el tema- que esta se produce por obra del Decreto de 22 de julio de 1948, al equipararla con las "Corporaciones de Derecho público" a las que, como se ha dicho, la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos de 1946 extendió la dispensa de justificación de la necesidad de la ocupación. Pero al desarrollar el Gobierno la Base 8ª-15 de la Ley de Bases de 22 de diciembre de 1955, la anterior equiparación se sustituyó por una expresa mención de la Iglesia Católica junto al Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público en el art. 76.1 del Texto Articulado de la L.A.U. de 1956, precepto que constituye el antecedente inmediato del actualmente vigente.

2. Sentado lo anterior, es preciso asimismo delimitar previamente el objeto de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad y dar respuesta, también, a las objeciones de admisibilidad opuestas por el Abogado del Estado:

A) Si bien todas las cuestiones tachan de inconstitucional el art. 76.1 y 2 L.A.U., es preciso delimitar el alcance de esta impugnación del precepto por no ser el mismo en todas ellas. Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Sebastián (cuestiones de inconstitucionalidad núms. 1.254/90, 1.270/90 y 1.329/80) éstas se refieren genéricamente al art. 76.1 L.A.U., si bien el Abogado del Estado aduce que, al versar los procesos a quo sobre un litigio iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social, en cuanto Corporación de Derecho público arrendadora de ciertas viviendas, tan sólo cabría estimar cuestionada aquella parte del precepto que especificamente se refiere a las "Corporaciones de Derecho público", esto es a la referencia a las mismas en el núm. 1 del art. 76 L.A.U. y, por conexión, al núm. 2 de este precepto en su totalidad. Lo que también sería aplicable a la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña (cuestión de inconstitucionalidad núm. 2.631/91), pues aunque se cuestionan los núms. 1 y 2 del art. 76 L.A.U., también se ha planteado en un proceso promovido por la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto Corporación de Derecho público.

El acotamiento que el Abogado del Estado sugiere respecto a estas cuatro cuestiones debe ser acogido. Los mencionados órganos judiciales, en efecto, han suscitado la duda de inconstitucionalidad del art. 76.1 L.A.U. en relación con cuatro litigios en los que la demandante -y arrendadora en los contratos locativos cuya resolución se solicitaba por denegación de la prórroga legal- era la Tesorería General de la Seguridad Social; Organismo autónomo con personalidad jurídica que constit