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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don José Gabaldón López, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Carles Viver Pi- Sunyer y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1.155/97, interpuesto por don Angel Isidoro Rodríguez Sáez, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio de Palma Villalón y asistido del Letrado don Manuel Murillo Carrasco, contra Auto, de 20 de febrero de 1997, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos de México representada por el Procurador de los Tribunales don Angel Rojas Santos y con la asistencia letrada de doña Luz María Pérez Narezo. Ha sido Ponente don José Gabaldón López, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. El 20 de marzo de 1997, y previamente el 17 anterior en el Juzgado de Guardia de Madrid, tuvo entrada en el registro de este Tribunal escrito de la representación procesal de don Ángel Isidoro Rodríguez Sáez, por medio del cual interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 20 de febrero de 1997, dictada en recurso de apelación núm. 80/96 sobre el del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, de 9 de agosto de 1996, en expediente de extradición núm. 30/96, a su vez previamente confirmado en reforma el día 27 del mismo mes y año.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Con causa en la orden de aprehensión dictada el 12 de marzo de 1996 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal de México, el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 dictó, el 29 de julio de 1996, Auto por el que, entre otros extremos, se decretó la prisión provisional incondicional del hoy demandante de amparo, prisión que habría de quedar sin efecto a los cuarenta y cinco días por no haberse presentado para entonces y en forma la correspondiente demanda de extradición.

b) Celebrada ulteriormente la audiencia prevista en el art. 504 bis 2 L.E.Crim., con fecha 9 de agosto siguiente el propio Juzgado Central acordó sustituir la medida de prisión por la libertad del recurrente bajo fianza de 5.000.000 Pts. y otra serie de cargas personales. Tal resolución fue confirmada en recurso de reforma, presentado por la Procuraduría General de los EE.UU. de México, por el propio Juzgado, con fecha 27 del mismo mes y año.

c) Entretanto, la orden de aprehensión mexicana de 12 de marzo de 1996 fue objeto de un proceso de amparo constitucional en aquella República, en el que recayeron sucesivas decisiones del Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, de 26 de agosto de 1996, y del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Distrito, en grado de revisión, de 11 de diciembre de 1996.

d) El Juez Primero de Distrito dictó el 20 de diciembre de 1996 nueva orden de aprehensión, tras subsanar los vicios indicados por el Tribunal citado.

e) El Auto del Juzgado Central de Instrucción por el que se acordó la libertad bajo fianza del recurrente fue objeto de recurso de apelación, al que se adhirió el Fiscal, recayendo Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 20 de febrero de 1997, por el que se declaró haber lugar al recurso, modificando de nuevo la situación personal del recurrente y acordando la de prisión sin fianza.

3. Con fundamento en los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la legalidad penal (non bis in idem) y a la libertad personal, la demanda invoca las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: 1ª) Que se admitiera y diera curso a los recursos presentados en el procedimiento extraditorio por la Procuraduría General de los EE.UU. de México, no parte en el proceso en ese momento, quien, por ende, se personó en apelación un mes después de finalizado el término de personación en la apelación; 2ª) La argumentación en que se apoya la Sala para acordar la imposición de la prisión resulta inconsecuente con la doctrina constitucional relativa al derecho a la libertad y a la legalidad penal por cuanto: A) Entender subsistente "en principio" la orden de aprehensión de 12 de marzo de 1996, lo que demuestra la duda del Tribunal, vulnera la regla interpretativa pro reo; B) La nueva orden de aprehensión de 20 de diciembre de 1996 incurre en patente vulneración del principio non bis in idem, incluido en el derecho a la legalidad penal, por dictarse respecto a hechos idénticos a los que fundaron la orden de 12 de marzo anterior, luego anulada en proceso de amparo constitucional; C) El riesgo de fuga es inexistente, como lo demuestra el hecho de que, ya iniciado el procedimiento, se encontraba en libertad desde el 9 de agosto anterior; D) La extradición se fundamenta en delitos no sometidos a pena superior a la de prisión menor, por lo que la imposición de la prisión debiera ser excepcionalísima (art. 503.2ª L.E.Crim). E) El ser práctica del Tribunal seguir los criterios del Estado requirente no es argumento constitucionalmente atendible. 3ª) La decisión recurrida la reputa el recurrente abiertamente irrazonable, por lo que vulneraría por esto mismo el derecho a la tutela judicial.

4. Por sendas providencias de 9 de junio de 1997, la Sección Tercera acordó admitir a trámite la demanda de amparo y formar pieza para la tramitación de incidente sobre suspensión y conforme determina el art. 56 de la Ley Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaran pertinente sobre dicha suspensión. Por Auto de la Sala Segunda de este Tribunal, de 21 de julio de 1997, se denegó la suspensión solicitada.

5. La Sección Tercera, por providencia de 24 de julio de 1997, acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Angel Rojas Santos, en nombre y representación de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de septiembre de 1997, la parte recurrente en amparo alegó que la resolución de 20 de febrero de 1997 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había vulnerado los arts. 17 y 24 C.E., pues no se motivó suficientemente cuales eran las razones para modificar la situación de libertad por la de prisión provisional incondicional y, además, no se apreciaban las circunstancias concretas y personales del caso, como exige la STC 128/1995, de 26 de julio. Reprocha a la Sala que no se tuvo en cuenta el principio in dubio pro reo ni su arraigo en España ni tampoco que el riesgo de fuga era inexistente ni que las medidas que se habían adoptado, como la fianza, eran suficientes. Para el recurrente "el art. 15. b) del vigente Tratado con México obliga a examinar la resolución judicial del Juzgado mexicano a efectos de análisis comparativo con la legislación española". Para el recurrente "el hecho imputado, y en el supuesto de que fuera cierto,... no constituiría en España más que una infracción administrativa, y en el más rígido de los casos y estirando mucho la analogía, un delito del art. 295 del actual Código Penal, donde la pena mínima alternativa es la multa, y la pena más grave seis meses a cuatro años. No se da claramente el requisito mínimo de la doble incriminación ni tampoco el mínimo de una pena privativa superior a un año...".

Manifiesta que "es totalmente inadmisible que un Tribunal fundamente una decisión tan grave como es la privación de libertad de un ciudadano, simplemente tomando como base la "práctica habitual de la Audiencia Nacional" sin entrar en más consideraciones", pues se vulnera así el art. 24 C.E.). Invoca la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la normalidad de la libertad, con o sin fianza, excepcionalidad que dimana de la Constitución, concluyendo que con arreglo a las SSTC 128/1995 y 66/1997, continuar manteniendo la situación de prisión provisional no tiene justificación pues en esencia es expresión larvada de un automatismo en el decreto de la prisión provisional abiertamente contrario a los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de septiembre de 1997, y previamente en los Juzgados de Guardia de Madrid el 15 de septiembre anterior, don Angel Rojas Santos, Procurador de los Tribunales y de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, interesa que se deniegue el amparo.

Alega, en primer lugar, que el amparo solicitado debe ser denegado de plano, por no cumplirse los extremos establecidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues el Auto de 20 de febrero de 1997 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revoca la libertad provisional y acuerda la prisión preventiva del recurrente, si bien tiene firmeza en cuanto a que determina por el momento la situación personal del reclamado dentro del procedimiento de extradición, no da fin al procedimiento extradicional en lo principal, es decir, la sentencia definitiva y con posterioridad el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España, determinarán la conclusión del procedimiento.

Manifiesta la Procuraduría que es claro que la detención del recurrente cumplió con las dos vías jurídicas, que no excluyentes, previstas en el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mútua en Materia Penal suscrito entre España y México (hecho en Mexico el 21 de noviembre de 1978 y ratificado por España por instrumento de 14 de marzo de 1980, publicado en el B.O.E. de 17 de junio de 1980). En un primer término, se cumplió con la cooperación jurídica judicial establecida en los canales de Interpol y, colateralmente, se formuló la nota diplomática exigida en los arts. 14 y 19 del citado Convenio Hispano Mexicano.

Alega que el art. 15 del meritado tratado de extradición México-España, norma reguladora del relaciones binacionales en materia de extradición, advierte que con la solicitud de extradición se enviará: "b) original o copia auténtica de sentencia condenatoria u orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la Parte requirente...", y que en ningún apartado de dicho convenio bilateral se obliga a que las órdenes de aprehensión sean "firmes". La firmeza, afirma, es un requisito que al estar previsto en la Ley de Extradición Pasiva sólo sería exigible en el caso de inexistencia de tratado de extradición, toda vez que al existir este último, las normas negociadas por ambos Estados se vuelven norma suprema y tienen una mayor jerarquía que las leyes puramente adjetivas. Rechaza que exista violación al principio non bis in idem pues este principio tutela la garantía procesal e individual de no ser juzgado dos veces por un mismo delito y la naturaleza que persigue el procedimiento de extradición consiste en la entrega de fugitivos que sean reclamados por sus gobiernos, sin que tal figura jurídica autorice al gobierno reclamado a hacer valoraciones subjetivas respecto de la responsabilidad penal o inocencia del extradendus.

Continúa alegando la Procuraduría que deben rechazarse las irregularidades procesales denunciadas por la parte recurrente en relación con el trámite procesal para interponer los recursos de reforma y apelación, éste último aceptado por la Audiencia Nacional revocando la libertad provisional y dictando en su lugar la prisión, pues: «el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su Embajada en Madrid, el 29 de julio de 1996 presentó ante el Ministerio de Asuntos Exteriores la Nota Diplomática núm. 1.414 por la cual se solicitaba la detención preventiva con fines de extradición internacional».

En cuanto al hecho de que el escrito correspondiente contuviera el error de designarse parte apelada cuando claramente lo hacía como apelante, a la vista de los datos obrantes en el Rollo, dice que fue subsanado por la misma Sala en el primer proveído. Esta representación procesal, afirma, es parte acreditada y reconocida legalmente en el expediente gubernativo de extradición 30/96. Como consecuencia de dicha personación activa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió y resolvió la apelación, revocando la libertad provisional y ordenando la prisión del extradendus.

Precisa la Procuraduría que si bien a juicio de la representación procesal del reclamado, el Auto del 20 de febrero pasado viola los artículos 17 y 24 de la Constitución Española ya que consideran que éste fue emitido "sin suficiente motivación y sin las circunstancias concretas y personales del caso" no comparte esos razonamientos, pues "de la simple lectura del Auto combatido se aprecia que los Magistrados que integran la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizaron el contenido del Auto del 9 de agosto de 1996" y las razones por las cuales, en aquel momento procesal, el Juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco dictó la libertad provisional a don Angel Isidoro Rodríguez Saez.

Alega que en relación con don Angel Isidoro Rodríguez Saez no sólo existe un riesgo de fuga sino que éste es una realidad patente. No es que exista peligro de que el reclamado pueda eludir la acción de la justicia, sino que, efectivamente, la ha eludido previamente y por tal razón, el Gobierno de México ha solicitado su extradición. Afirma que aunque la defensa del reclamado señala que dado que la pena con la que podría ser sancionado por la comisión del delito que le es atribuido es de un máximo de seis años, no procede imponer una medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, el referido artículo de la ley adjetiva incluye también la posibilidad de dictar una medida de prisión provisional para el caso de que el delito atribuido tenga señalada una pena de prisión menor e incluye cuatro supuestos que han sido debidamente analizados por la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Por último, afirma que no es competencia de las autoridades españolas el entrar al estudio de la constitucionalidad de una resolución judicial mexicana.

8. El Ministerio Fiscal por escrito registrado en este Tribunal el 24 de septiembre de 1997, interesa que se deniegue el amparo solicitado.

Según el Ministerio Fiscal, es al juicio de control externo al que debe limitarse el Tribunal Constitucional, que carece de la inmediación sobre los datos fácticos y elementos personales propios del expediente de extradición, que es función que corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, lo mismo que la de la calificación penal de los hechos y la determinación del tipo de pena aplicable o de su cuantía.

Para el Ministerio Fiscal conviene señalar que consta en autos, y el propio recurrente lo reconoce, que existe una orden judicial de aprehensión dictada por Juez mexicano competente y que la misma ha sido transmitida reglamentariamente a las autoridades judiciales españolas por organismo autorizado para ello conforme al art. 8 de la Ley 4/1985, reguladora del procedimiento de extradición pasiva.

La concurrencia de estos requisitos impide, para el Ministerio Fiscal, apreciar que la prisión provisional dictada incida negativamente en el derecho fundamental a la libertad del recurrente, quedando reducidas las cuestiones que se plantean en el recurso al examen de la regularidad formal de los presupuestos de hecho que han de presidir el proceso de extradición y la concesión por los Tribunales españoles del auxilio judicial internacional. Tales presupuestos formales fueron examinados e interpretados por la Audiencia Nacional a la luz de la legislación vigente, calificando en la resolución recurrida como válida y subsistente la orden de detención internacional contenida en las resoluciones de 12 de marzo y 16 de diciembre de 1996, dictadas por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal de México como las cuestiones relativas a la validez y eficacia de la orden de detención internacional y del cauce administrativo de su recepción son cuestiones de carácter meramente adjetivo, que pertenecen a la esfera propia de la legalidad ordinaria y su valoración jurisdiccional, de no mostrarse absolutamente infundada o irrazonable, no debe ser objeto de revisión en sede constitucional.

Respecto a las deficiencias procedimentales tales como la tardía personación procesal de la representación de los Estados Unidos Mejicanos, su retraso en comparecer ante el Juez cuando fue emplazada para ello y la expresión en el recurso de apelación presentado por dicha representación de que ésta comparecía como parte "apelada", siendo así que en realidad interponía el recurso -como no podía ser de otra manera- como parte "apelante" nos encontramos para el Ministerio Fiscal, al menos en cuanto a las dos primeras alegaciones, ante verdaderos defectos del procedimiento, en cuanto que la falta de personación formal en el proceso penal, y por extensión en el procedimiento de extradición, es determinante de la falta de aptitud procesal y, de la misma manera, la falta de comparecencia de una de las partes ante un órgano jurisdiccional en el plazo concedido puede dar lugar a la pérdida del derecho a realizar un determinado trámite procesal, pero al propio tiempo hemos de recordar, dice, la doctrina constitucional contenida en las SSTC 290/1993, 126/1991, 155/1988 y 149/1987, entre otras, acerca de la relevancia constitucional de las irregularidades procedimentales, respecto de las que se afirma que no son suficientes para apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva si no queda acreditada "la efectiva concurrencia de un estado de indefensión material o real", de tal manera que si de las alegaciones del recurrente o del examen de las actuaciones no se deduce ese perjuicio real y efectivo, no será procedente la concesión del amparo. En el supuesto examinado, ninguna disminución sufrió el demandante de amparo en su derecho de defensa por los hechos denunciados, ya que en todo momento pudo realizar cuantas alegaciones y peticiones tuvo por conveniente, obteniendo cumplida respuesta de todas ellas, sin que el propio actor alegue haber sido privado, en todo o en parte, de su derecho de defensa, es así aplicable la doctrina constitucional antes apuntada, afirma el Ministerio Fiscal.

En relación a la prisión provisional, dice, el Tribunal Constitucional ha señalado que las garantías en torno a esta medida cautelar son ante todo de índole material y no procesal, no pudiéndose atribuir la misma relevancia "al incumplimiento del plazo de prisión que al del plazo para adoptar la decisión de su prolongación" (ATC 527/1988), poniendo así de manifiesto que tampoco el incumplimiento de las formalidades exigidas para su adopción genera la nulidad de la resolución dictada, si los trámites omitidos no generan indefensión material.

Concluye el Ministerio Fiscal que los defectos procesales observados en el procedimiento, que fueron oportunamente subsanados en el curso del mismo, en interés de la efectividad de la tutela judicial de la parte a la que se referían directamente, son cuestiones de mera legalidad ordinaria, sin repercusión en los derechos fundamentales alegados por el recurrente y, por lo tanto, sin aptitud para promover el amparo de la jurisdicción constitucional.

9. Por providencia de fecha 1 de diciembre de 1997, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 4 del mismo mes.

II. Fundamentos jurídicos

1. Es objeto de este recurso de amparo el Auto de la Sala de lo Penal, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, de 20 de febrero de 1997, recaído en el procedimiento 30/96, rollo de apelación 80/96, acordando la prisión sin fianza del recurrente en el procedimiento