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1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 31 de enero de 2001, don Ignacio Aguilar Fernández, Procurador de los Tribunales, y de don Angel Trinchán Fernández, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 26 de diciembre de 2000, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que resuelve recurso de apelación contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza en el procedimiento abreviado núm. 112-2000, seguido por delito contra la propiedad intelectual.

2. Sucintamente expuestos, los hechos en que se basa la pretensión de amparo son los siguientes:

a) El recurrente fue absuelto, junto con otros dos coprocesados, del delito contra la propiedad intelectual del que era acusado por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de los de Zaragoza, de fecha 24 de julio de 2000. Esta Sentencia estimó que no existía suficiente prueba de cargo que acreditase quién de los acusados poseía programas informáticos ilegalmente duplicados en su domicilio.

b) Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la acusación particular, recurso al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y que fue estimado por la Sentencia de 26 de diciembre de 2000, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que revoca la de instancia, modifica los hechos declarados probados por aquélla y condena al recurrente y a los otros dos acusados, como autores de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270.1 CP, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas, así como a indemnizar conjunta y solidariamente a las empresas perjudicadas en la cantidad de 54.550.006 pesetas más intereses legales.

3. La demanda de amparo solicita que se declare que las resoluciones judiciales citadas han vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).

Por otrosí, en la misma demanda, de acuerdo con lo previsto en el art. 56.1 LOTC, el demandante solicita se deje en suspenso la ejecución de la Sentencia, alegando que su ejecución podría ocasionarle un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad.

4. Por providencia de 21 de enero de 2003, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda así como, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, solicitar al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza que emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que pudieran comparecer en el recurso de amparo.

Mediante otra providencia de la misma fecha se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para que alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada.

5. El día 28 de enero de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante de amparo, en el que se reitera la solicitud de suspensión de la ejecución, tanto de la pena privativa de libertad y accesoria, como de las costas y la responsabilidad civil impuestas por la Sentencia recurrida, por entender que en todos los casos el perjuicio que podría producirse es irreparable. En relación con los pronunciamientos de contenido económico, se señala que el embargo de la parte legal del sueldo altera su sistema de subsistencia; que la suma de 54 millones de pesetas ha de considerarse de extraordinaria importancia y que, caso de ejecutarse el embargo que pesa sobre un inmueble heredado de su padre (del que el demandante es copropietario de una cuarta parte indivisa de la mitad indivisa y que es usufructuado por su madre), se causaría un perjuicio difícilmente reparable no sólo para el recurrente, sino también para terceros, dado que, aunque se estimase el amparo, no podría restituirse lo ejecutado.

6. El mismo día 28 de enero presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En su escrito, tras un breve relato de los antecedentes procesales, se sostiene la conveniencia de acceder a la suspensión interesada con respecto al cumplimiento de la pena privativa de libertad y de la accesoria. Entiende el Fiscal, sobre la base de la doctrina constitucional, que la ejecución de la pena privativa de libertad de seis meses de prisión podría generar perjuicios irreparables para el demandante y que la accesoria debe seguir la misma suerte que la principal. Sin embargo, en relación con el abono de las costas y de la responsabilidad civil, al tratarse de sanciones de contenido económico y no acreditarse en la demanda de amparo la irreparabilidad del perjuicio, entiende el Ministerio Fiscal que no procede la suspensión.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.1 LOTC, la Sala que conozca de un recurso de amparo acordará la suspensión de la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo cuando dicha ejecución, caso de llevarse a cabo, "hubiere de causar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad", consagrándose, en el segundo inciso de dicho precepto, un límite a esa facultad, pues cabrá denegar la suspensión cuando de ella pueda seguirse "perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales y libertades públicas de un tercero".

Interpretando la referida norma, este Tribunal viene manteniendo que, cuando se trata de resoluciones judiciales, la suspensión de su ejecución entraña en sí misma una perturbación del interés general consistente en mantener su eficacia ( por todos, AATC 18/1998, 47/1998, 79/1998, 182/1998, 186/1998, 99/2002), salvo que el demandante acredite suficientemente la irreparabilidad que para sus derechos fundamentales pudiera tener la inejecución del fallo, privando al amparo de su finalidad (AATC 51/1989, 136/1996, 310/1996, 420/1997 y 13/1999, entre otros muchos). Por perjuicio irreparable hemos entendido aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración (AATC 20/1992, 370/1996, 69/1997, 25/2002).

Más concretamente, este Tribunal ha establecido como criterio general la improcedencia de la suspensión de la ejecución de aquellos fallos judiciales que admiten la restitución íntegra de lo ejecutado (como, por lo general, sucede en las condenas de contenido patrimonial, salvo que por su importancia o cuantía o por las especiales circunstancias concurrentes, su cumplimiento pueda causar daños irreparables), a diferencia de aquellos otros en los que, por afectar a bienes o derechos del recurrente en amparo de imposible o muy difícil restitución a su estado anterior, procede acordarla, lo cual sucede, en principio, en las condenas a penas privativas de libertad y a penas privativas o limitativas de ciertos derechos. Este criterio, no obstante, no es absoluto, pues la doctrina que hemos elaborado señala que en el segundo de dichos supuestos, la decisión ha de ponderar otros criterios relevantes, entre los cuales se encuentran la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas (AATC 53/1992, 152/1995, 196/1995, 121/1996, 163/1996, 226/1996, 310/1996, 349/1996, 419/1997, 420/1997, 49/1998, 186/1998, 300/1999 y 42/2000, entre otros). Entre tales circunstancias, adquiere especial significación la gravedad de la pena impuesta, porque, con ciertos matices que no hacen al caso, en ella se expresa la reprobación que el ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del interés en su ejecución (ATC 273/1998).

2. La aplicación al caso de la doctrina reseñada nos lleva a declarar, en primer término, la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, pues si se compara la duración de la misma (seis meses) con el tiempo que requiere la tramitación de un proceso como el presente, ha de concluirse que no suspender su ejecución ocasionaría un perjuicio irreparable, que dejaría totalmente en entredicho la eficacia de un eventual fallo estimatorio. Por otro lado, atendidas las demás circunstancias concurrentes en el caso (que no se trata de un delito de especial gravedad, que la pena impuesta es de corta duración, que el demandante de amparo carece de antecedentes penales), no se aprecia que acceder a la suspensión solicitada ocasione una lesión específica y grave del interés general, más allá de aquélla que de por sí produce la no ejecución de un fallo judicial (AATC 163/1996, 419/1997, 48/1998, 262/1998, 106/2002). Igualmente procede la suspensión de la pena accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pues, como señala el Ministerio Fiscal, conforme a nuestra jurisprudencia las penas accesorias han de seguir la misma suerte que la principal (AATC 114/1984, 267/1995, 286/1997, 258/2000, 63/2001, 106/2002).

3. No procede, sin embargo, la suspensión de la condena en lo que se refiere a los pronunciamientos de contenido patrimonial -costas procesales e indemnización- de conformidad con el criterio de este Tribunal de que, por tratarse de condenas de contenido económico, los perjuicios anejos a su ejecución son perfectamente reparables en caso de estimarse el amparo (AATC 152/1996, 371/1996, 91/1997, 181/1998, 182/1998, 273/1998, 189/2000, 193/2000, 204/2000, 106/2002). Ciertamente este Tribunal ha declarado que, excepcionalmente, también es posible acceder a la suspensión solicitada cuando se trate de condenas pecuniarias cuyo cumplimiento, por su importancia o cuantía, o por las especiales circunstancias concurrentes, pueda causar daños irreparables (por todos, AATC 321/1995, 344/1996, 65/1999, 61/2000, 115/2000, 9/2002). No obstante, en el presente caso ni la indemnización impuesta (54.550.006 pesetas, a abonar conjunta y solidariamente con otros dos condenados) es de extraordinaria cuantía, ni se ha acreditado la irreparabilidad del perjuicio derivado de la ejecución por la concurrencia de circunstancias especiales. En efecto, ni se aporta prueba alguna sobre las dificultades económicas para hacer frente al pago de la cantidad en cuestión (lo que evitaría la ejecución del embargo sobre el inmueble), ni se acredita la existencia de dicho embargo, ni que se haya solicitado la ejecución del mismo. Y, como reiteradamente hemos sostenido, la acreditación del perjuicio es carga del recurrente, quien debe además probar, o al menos justificar ofreciendo un principio razonable de prueba, la irreparabilidad del perjuicio (por todos, AATC 253/1995, 72/1997, 93/2002).